Se entiende por Crédito Público, la aptitud económico, política y jurídica del Estado o de sus instituciones para obtener recursos financieros extraordinarios con carácter reembolsable, provenientes del exterior o del ahorro interno.

Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley:

a) El Gobierno Central, las instituciones descentralizadas y las Municipalidades, y;

b) Las sociedades mercantiles de capital público o las de economía mixta, en las cuales el Estado, las instituciones descentralizadas o las municipalidades tengan una participación superior al 50% del capital social.

En el caso de las instituciones financieras del Estado, estarán excluidas de estas regulaciones:

a) La inversión de reserva monetarias internacionales;

b) Los créditos que el Banco Central de Honduras contrate para apoyo de la Balanza de Pagos;

c) Las operaciones vinculadas a la ejecución de la política monetaria, crediticia y cambiaria, a cargo del Banco Central de Honduras;

d) Los créditos y el otorgamiento de garantías vinculadas a transacciones de comercio internacional y a operaciones de intermediación financiera.

Para los efectos de esta Ley, la Deuda Pública está constituida por los compromisos financieros contraídos por los Gobiernos Constitucionales o por cualquier otro de los organismos indicados en el Artículo 3 de esta Ley, que impliquen obligaciones de pago.

La Deuda Pública puede originarse mediante:

a) La contratación de empréstitos o convenios con otros Estados o con organismos internacionales de financiamiento, bancos privados, extranjeros o nacionales, o con cualquier otra persona domiciliada o residente en el país o en el extranjero, siempre que en este último caso se compruebe la idoneidad del prestamista por medio de una institución financiera nacional o extranjera, debidamente reconocida;

b) La emisión y colocación de títulos valores y la emisión de letras de tesorería;

c) El otorgamiento de avales o de garantías en respaldo de obligaciones contraídas por otros organismos del Sector Público;

d) Las obligaciones a plazo que se deriven de contratos u otros convenios celebrados con personas nacionales o extranjeras para la ejecución de obras para el suministro de bienes o para la prestación de servicios, y;

e) Otras obligaciones no cubiertas en el ejercicio presupuestario correspondiente que constituyan Deuda Flotante.

La Deuda Pública puede ser externa o interna. Es Externa la que se origina en virtud de obligaciones contraídas, de conformidad al Artículo anterior y que es pagadera en moneda extranjera.

Es Interna, la que se hubiere contraído, de conformidad al Artículo anterior y que es pagadera en moneda nacional.

Previa aprobación del Congreso Nacional de la República, la Deuda Pública podrá ser objeto de conversión, consolidación, renegociación o de cualquier otro mecanismo de readecuación que convenga al interés nacional.

La formulación de la política de endeudamiento público compete al Poder Ejecutivo, por medio de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Planificación, Coordinación y Presupuesto, y del Banco Central de Honduras, debiendo guardar consistencia con la política monetaria, crediticia y cambiaria, aprobada por las autoridades competentes.

La política de endeudamiento público estará enmarcada en los planes nacionales de desarrollo, presupuestos del Sector Público y en los demás instrumentos de política económica.

Dicha política deberá esencialmente:

a) Determinar el monto anual de contratación de obligaciones que impliquen endeudamiento público, considerando el producto interno bruto, las reservas internacionales del Estado, la estabilidad financiera, la capacidad de pago del servicio de la deuda y las demás variables correspondientes;

b) Definir la necesidad del endeudamiento público, en función del proceso de desarrollo nacional;

c) Definir los criterios de elegibilidad de inversiones del Sector Público o de actividades cuya ejecución demande endeudamiento público;

ch) Contribuir a la ordenada administración de las finanzas públicas, estableciendo límites al endeudamiento y fijando condiciones para la contratación de la deuda que sean compatibles con el interés nacional;

d) Definir criterios para el cumplimiento del servicio de la deuda y para la oportuna y adecuada utilización de los fondos provenientes de operaciones de Crédito Público.

La Dirección General de Crédito Público, tiene las siguientes atribuciones:

a) Proponer criterios para la formulación de la política de endeudamiento público y ejecutarla de acuerdo con las directrices que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

b) Prestar asesoría en las etapas de gestión, negociación y suscripción de los convenios de Deuda Pública;

c) Proponer modalidades y condiciones financieras para la emisión de títulos de la Deuda Pública y proceder a su registro una vez que se efectúen dichas emisiones;

ch) Mantener un sistema de información de los mercados de capitales internos y externos;

d) Conocer las solicitudes que para el inicio de la negociación de convenios de Deuda Pública, presenten los organismos e instituciones a que se refiere el Artículo 3 de esta Ley y darles el trámite correspondiente;

e) Cumplir y hacer cumplir las normas, términos, condiciones y pre-requisitos de desembolso de los convenios de Deuda Pública;

f) Ejercer el control financiero de los recursos provenientes de la Deuda Pública y atender o supervisar, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma;

g) Conocer y analizar la ejecución financiera de los proyectos que se financien con recursos provenientes de la Deuda Pública;

h) Administrar los recursos provenientes de los convenios de Deuda Pública;

i) Contabilizar la Deuda Pública en coordinación con la Contaduría General de la República;

j) Registrar y tramitar el pago de la Deuda Agraria;

k) Controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de fideicomiso o de cualquier otra índole que haya celebrado el Gobierno Central;

l) Registrar los recursos financieros no reembolsables provenientes de la cooperación internacional a fin de efectuar el control correspondiente;

ll) Tramitar el pago de obligaciones derivadas de la Deuda Flotante del Gobierno Central que esté debidamente registrada;

m) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual para atender los pagos derivados del servicio de la Deuda y remitirlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su análisis y consideración;

n) Elaborar el anteproyecto de presupuesto administrativo anual de la Dirección General y remitirlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su análisis y consideración, y;

ñ) Realizar cualquier otra actividad vinculada con el Crédito Público y las demás que señale esta Ley y su Reglamento.

Los funcionarios que no hubieren observado lo dispuesto en los Artículos 13 y 14 de esta Ley, incurrirán en responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

La Dirección General de Crédito Público llevará un registro de las obligaciones derivadas de operaciones de Crédito Público. A tal efecto, las instituciones descentralizadas, las Municipalidades y las sociedades mercantiles a que se refiere el Artículo 3, inciso b), de esta Ley, remitirán mensualmente a dicha Dirección General, un informe detallado del movimiento y estado de cada una de sus obligaciones.

Las instituciones descentralizadas deberán incluir en sus proyectos anuales de presupuesto de ingresos y egresos, las partidas correspondientes para atender el servicio de sus respectivas deudas.

Igual obligación corresponde a los demás Organismos nominados en el Artículo 3 de esta Ley.

Cuando en los proyectos de presupuesto de las instituciones descentralizadas, no se observare lo dispuesto en el párrafo primero de este Artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicará lo procedente en el dictamen que emita de conformidad con el inciso 1), del Artículo 70 de la Ley General de la Administración Pública.

Se entiende por convenios de Deuda Pública, los empréstitos o convenios similares celebrados por el Estado o por los otros organismos indicados en el Artículo 3 de esta Ley.

La negociación y formalización de los empréstitos y convenios de Deuda Pública, estarán determinadas por el Programa de Inversiones del Sector Público, previsto en los planes nacionales de Desarrollo o en los respectivos planes operativos anuales.

Dicho Programa será preparado por la Secretarías de Planificación, Coordinación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, considerando los lineamientos establecidos en el Artículo 9 de esta Ley.

La negociación de los empréstitos y convenios de Deuda Pública, corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Dirección General de Crédito Público, de conformidad con los lineamientos contenidos en esta Ley y demás leyes aplicables. 

En la negociación se definirán las condiciones contractuales, tales como plazos de amortización, período de gracia, tasas máximas de interés, moneda para el pago y las demás propias de esta clase de negociaciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá la disponibilidad de los recursos financieros que servirán de contraparte para la ejecución de proyectos que serán financiados con recursos externos.

Asimismo, evaluará detenidamente entre otras, las condiciones contractuales, la solvencia, liquidez y la capacidad de servicio de la deuda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de practicar la evaluación a que se refieren los Artículos anteriores, solicitará dictámenes a la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto y al Banco Central de Honduras, quienes en un plazo prudencial, se pronunciarán sobre los extremos siguientes:

a) La Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, acerca del carácter prioritario del Proyecto, su factibilidad técnica, sus efectos socioeconómicos y su impacto sobre su estructura financiera del Sector Público;

b) El Banco Central de Honduras, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 58 de la Ley Orgánica.

Los proyectos empréstitos de convenios de Deuda Pública, serán aprobados por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros.

Para efectuar la contratación de empréstitos o convenios en el extranjero o de aquellos que aunque convenidos en el país hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional.

Los proyectos aprobados conforme a lo dispuesto en el Artículo anterior, serán suscritos por los funcionarios siguientes:

a) En la Administración Pública Central, por el Presidente de la República o por el Secretario de Estado o funcionario del servicio exterior, en quien el Presidente delegue esta facultad mediante Acuerdo que emitirá al efecto;

b) En la Administración Pública descentralizada, por los funcionarios, que de conformidad con la ley, ejerzan la representación legal de las respectivas instituciones o municipalidades, o por el funcionario del servicio exterior en quien se delegue esa facultad. Dichos funcionarios actuarán previa autorización del organismo correspondiente;

c) En el caso de las sociedades indicadas en el Artículo 3, Inciso b) de esta Ley, por las personas que ejerzan su representación legal, previa autorización del Órgano directivo correspondiente.

En todo caso, se observará lo dispuesto en el Artículo 78, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Los empréstitos y convenios celebrados por el Gobierno Central, o los celebrados por las instituciones descentralizadas, municipalidades o por las sociedades a que se refiere el Artículo 3, Inciso b) de esta Ley, que requieran el aval del Estado, estarán sujetos a la aprobación del Congreso Nacional.

Cuando el Congreso Nacional no estuviere reunido, el Poder Ejecutivo bajo su responsabilidad, podrá contratar empréstitos o convenios para satisfacer necesidades urgentes o imprevistos en caso de guerra, conmoción interna o calamidad pública, o para atender compromisos internacionales, de todo lo cual, dará cuenta pormenorizada al Congreso Nacional, en la siguiente legislatura.

Los bonos o títulos de la Deuda Pública, constituyen títulos valores, emitidos por el Estado o por otras personas jurídico-públicas, autorizadas mediante ley, para ser colocados en los mercados de capitales, como fuente complementaria de ingresos.

La emisión de bonos o títulos de la Deuda Pública, la efectuará el Poder Ejecutivo, de acuerdo al monto autorizado por el Congreso Nacional en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Para efectuar una emisión adicional a la autorizada en dicho presupuesto, se requerirá la autorización del Congreso Nacional de la República. El Decreto de autorización contendrá el Plan de la Deuda, el cual incluirá, entre otros aspectos, el monto de la emisión, destino de la emisión, intereses a pagar, cuantía y plazos de la amortización y, cuando proceda, la inversión de los recursos obtenidos en determinados fines y la afectación de los recursos o ingresos públicos para atender a su servicio.

El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reglamentará la emisión de Bonos o Títulos de la Deuda Pública contando con la previa opinión del Banco Central de Honduras.

Para los efectos de su redención, el Banco Central de Honduras presentará con un mes de anticipación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el detalle de los valores correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá dichos valores por medio de la Tesorería General de la República.

Si no se han efectuado las transferencias al vencimiento del pago respectivo, el Banco Central de Honduras debitará las cuentas de la Tesorería General de la República.

Las letras de tesorería son obligaciones no renovables, emitidas por el Poder Ejecutivo, a plazos menos de un año, para cubrir déficits transitorios del presupuesto; serán emitidas por medio del Banco Central de Honduras, para prevenir sobregiros en las cuentas de la Tesorería General de la República.

Su vencimiento no excederá de un mes, contado a partir de la terminación del ejercicio fiscal en el que fueron emitidas, plazo en el cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagará su importe por medio de la Tesorería General de la República.

Garantía o aval es la operación, por la cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco Central de Honduras, en representación del Estado, previamente autorizados mediante Decreto que aprobará el Presidente de la República, en Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso Nacional, garantiza una obligación contraída por un organismo del sector público.

Los empréstitos o convenios de Deuda Pública, suscritos por las instituciones descentralizadas, las municipalidades o por las sociedades a que se refiere el Artículo 3, Inciso b), de esta Ley, que requieran la garantía o el aval del Estado, estarán sujetos al procedimiento establecido en los Artículos 20 al 30 de la misma.

El Gobierno Central y las instituciones descentralizadas, no podrán otorgar garantías o avales a personas naturales o jurídicas del Sector Privado.

Se exceptúa el caso contemplado en el Artículo 3, Inciso b), de la presente Ley, siempre que la actividad objeto de financiamiento, sea prioritaria para el desarrollo del país, de conformidad con lo previsto en los planes nacionales de desarrollo o en los respectivos planes operativos; en estos casos, deberá oírse la opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Planificación, Coordinación y Presupuesto y del Banco Central de Honduras.

Las instituciones descentralizadas, las municipalidades y las sociedades mercantiles a que se refiere el Artículo 3, Inciso b), de esta Ley, que hayan obtenido la garantía o el aval del Estado en operaciones de Crédito Público, observarán lo dispuesto en el Artículo 18 de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, velará por el cumplimiento de esta disposición.

La Deuda Flotante a que se refiere el Artículo 5, inciso d, de esta Ley, será registrada y pagada de conformidad a lo dispuesto en las normas presupuestarias correspondientes.

La Dirección General de Crédito Público, mantendrá un sistema de información de la Deuda Pública. Para este efecto, las Instituciones mencionadas en el Artículo 3 de esta Ley, están obligadas a remitir mensualmente a dicha Dirección, un informe del Estado y movimiento de cada una de sus obligaciones que tengan tal carácter y los informes adicionales o complementarios que en cualquier momento se les soliciten.

El incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo segundo del Artículo anterior, determinará la paralización de cualquier trámite que el organismo infractor tuviere pendiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la obtención de nuevos financiamientos que impliquen operaciones de Crédito Público.

Asimismo, dicha Secretaría se abstendrá de hacer cualquier transferencia de fondos que pudiera corresponder al organismo infractor.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entiende sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran los funcionarios respectivos, de conformidad con las leyes.

Este tipo de asistencia será solicitada y canalizada por medio de la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, quien para los fines previstos en el Artículo anterior, presentará los informes correspondientes a la Dirección General de Crédito Público, en forma inmediata a la suscripción de los convenios respectivos.

La suscripción de estos convenios es competencia de los funcionarios indicados en el Artículo 27 de esta Ley.

Las modificaciones de los empréstitos o convenios de Deuda Pública o de las garantías o avales otorgados por el Estado o por las Instituciones Descentralizadas, requerirán las evaluaciones y dictámenes previstos en los Artículos 23 y 24 de esta Ley; asimismo, requerirán la aprobación del Congreso Nacional, de conformidad con lo previsto en los Artículos 26 y 28 de la misma.

Los convenios de Deuda Pública y las demás obligaciones relativas al Crédito Público, que se celebren o se emitan contraviniendo lo dispuesto en esta Ley, serán nulos y no producirán efecto alguno, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativo en que incurran los funcionarios que hayan intervenido en dichas operaciones.

La presente Ley entrará en vigencia veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa.