La presente Ley tiene como objeto normar las actividades mineras y metalúrgicas en el país; por tanto es, de orden público, interés general y de aplicación obligatoria.

El Estado de Honduras ejerce dominio eminente, inalienable e imprescriptible, sobre todos los minerales que se encuentren en el territorio nacional, mar territorial plataforma marítima continental y zona económica exclusiva. En ejercicio de su derecho de dominio, el Estado regula los recursos minerales inorgánicos y fiscaliza el aprovechamiento técnico y racional de los mismos.

El Estado garantiza que los procedimientos mineros responden a los principios de legalidad, transparencia, certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad, eficiencia participación ciudadana, simultaneidad y sostenibilidad.

Son postulados de la presente Ley, los siguientes:

a) Asegurar larecta y efectiva aplicación de sus normas, para garantizar la seguridad jurídica en el rubro minero;

b) Salvaguardar la vida humana y la salud general, privilegiando el cuidado del suelo, agua, aire, flora y fauna, mediante la aplicación de rigurosos controles ambientales en todas las operaciones mineras; y

c) Fortalecer las finanzas del Estado y la de los municipios, mediante el establecimiento de regímenes tributarios justos, reales y competitivos;

El Derecho Minero es la relación jurídica entre el Estado y un particular que nace de un acto administrativo de la Autoridad Minera o de las municipalidades, en su caso y que comprende la concesión, permiso o registro; otorgando a su titular derechos según la actividad y sustancia de interés que corresponda.

Las actividades mineras se amparan bajo la figura de Concesión o de Permiso Minero en caso de la pequeña minería y minería artesanal, excepto la comercialización, que se efectuará mediante un sistema de registro.

El Derecho Minero constituye un derecho real distinto y separado de la propiedad del predio superficial donde se encuentra ubicado. Es un inmueble y sus partes integrantes y accesorias siguen tal condición aunque se ubiquen fuera de su perímetro.

Son partes accesorias del Derecho Minero, todos los bienes de propiedad del titular del derecho que estén aplicados o afectos de modo permanente al fin económico y que identifique expresamente con tal carácter para cualquier relación con terceros.

Según suactividad, las Concesiones Mineras pueden ser de Exploración, Explotación y/o Beneficio; y a su vez de acuerdo a la sustancia de interés, éstas pueden ser metálicasno metálicas, de gemas o piedras preciosas.

Artículo 8-A

Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de Exploración, Explotación y/o Beneficio; y a su vez, de acuerdo con la sustancia de interés éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o piedras preciosas y agregados pétreos.

La actividad minería no metálica comprende la actividad de extracción de recursos minerales que, luego de un tratamiento especial, se transforman en productos que por sus propiedades físicas y/o químicas pueden aplicarse a usos industriales y agrícolas y particularmente los agregados pétreos. 

Los agregados pétreos son todos aquellos materiales de roca que debidamente fragmentados y clasificados, se emplean en la industria de la construcción”.

Reformas

*Reformado por adición del artículo 8-A, mediante decreto 135-2020, publicado en la Gaceta No. 35, 461, el miércoles 16 de Diciembre del 2020. 

Los Permisos Mineros se clasifican en metálicos, no metálicos y de gemas o piedras preciosas.

Corresponde a la Autoridad Minera determinar la clasificación del Derecho Minero en caso de duda sobre sus características, lo que determinará el tipo de concesión o permiso que corresponda otorgar.

Enel ejercicio de los derechos mineros el titular queda obligado a establecer y cumplir todas las medidas necesarias y pertinentes, orientadas a garantizar los derechos de la persona humana y su entorno, sobre todo su vida y la salud. Asimismo queda obligado arealizar su aprovechamiento en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro deun concepto integral de desarrollo sostenible, sustentable y del fortalecimiento económico y social del país. 

La Prospección tiene por objeto la investigación de un prospecto con el fin de determinar indicios de depósitos minerales. 

La Prospección es libre en todo el territorio nacional a excepción de las zonas de exclusión que establece ésta y otras leyes del país, y en las áreas en que, previo el procedimiento legal, el Estado haya otorgado un Derecho Minero y el mismo esté vigente.

La Exploración comprende el conjunto de trabajos para la localización, determinación de la estructura del yacimiento mineral, la morfología, dimensiones y condiciones dela yacencía del cuerpo mineral, la tectónica de la zona que lo contiene, el cálculo de reservas y del contenido y calidad de las clases de minerales existentes en el mismo, determinando las características geofísicas y geoquímicas del perímetro explorado con el propósito de determinar la viabilidad del proyecto minero.

La etapa de Exploración seregirá por el Manual de Buenas Prácticas Ambientales Mineras, el que debe revisarse periódicamente a fin de mantenerlo actualizado.

Al finalizar el período de Exploración debe presentarse la delimitación definitiva de la zona del área concesionada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual deberán presentarse los valores, ubicación y cálculo de las reservas existentes.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

La Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de sú otorgamiento.

En ambos casos podrá prorrogarse por igual término una sola vez. 

El Estado no otorgará la Concesión de Explotación si el concesionario del Derecho Minero de Exploración no ha cumplido con las obligaciones establecidas en El Derecho Minero previamente otorgado.

En caso que el concesionario no continúe la Concesión de Exploración a la de Explotación, debe cumplir con el cierre correspondiente.

La Explotación comprende las operaciones trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, para la extracción técnica y racional de los minerales su comercialización y beneficio.

La Autoridad Minera, en ningún caso otorgará la Concesión de Explotación o de beneficio, en tanto el concesionario no acredite la correspondiente licencia ambiental, la que será emitida por la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles.

En la construcción de las obras y enla ejecución de los trabajos de Explotación, deben adoptarse y mantenerse las medidas sobre Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, Comunitaria y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad delas personas vinculadas a la empresa y de terceros, de conformidad con las normas vigentes. El Estado adoptará estrictas medidas de supervisión, para garantizar la conservación y manejo adecuado de los recursos.

Durante la etapa de Explotación se llevarán registros e inventarios actualizados de la producción en boca de mina y en sitios de acopio, para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio, si fuera el caso. Estos registros e inventarios, se suministrarán a la Autoridad Minera, con la periodicidad que ésta señale. 

La Concesión de Explotación de minerales no metálicos y de gemas o piedras preciosas, tendrá un plazo no menor de diez (10) años contados a partir de su otorgamiento.

La Concesión de Explotación de minerales metálicos, tendrá un plazo no menor de quince (15) años, a partir de su otorgamiento.

Artículo 22-A 

La concesión minera de explotación de minerales no metálicos y de gemas o piedras preciosas tendrá un plazo de duración de hasta veinte (20) años contados a partir del otorgamiento. 

La concesión minera de explotación de minerales metálicos tendrá un plazo máximo de treinta (30) años contados a partir de su otorgamiento, que podrá ser en ambos casos mantenida y renovada por períodos iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del concesionario a la autoridad minera con las consideraciones siguientes: 

1) Análisis de reservas probadas con los informes favorables de las Unidades Técnicas de la Autoridad Minera (en el caso que existan todavía reservas probadas que puedan ser explotadas);

2) Informe debidamente elaborado por un profesional certificado. Este informe deberá dar cuenta de plan de explotación y su justificación técnica y económica en el caso que las labores de explotación tengan que continuar ya vencido el plazo de otorgamiento;

3) Revisión y cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos con la Comunidad;

4) Revisión y cumplimiento del plan de medidas de mitigación de la licencia ambiental; y,

5) Revisión de la inversión comprometida por la empresa (en el tiempo que ha trabajado, así como, la Inversión comprometida si desea continuar con la Operación) y su capacidad financiera para llevar a cabo la misma.”

Reformas

*Reformado por adicion del artículo 22-A, mediante decreto 109-2019, publicado en la Gaceta No. 35, 107, el lunes 25 de Noviembre del 2019. 

El concesionario podrá solicitar prórroga del Derecho Minero dentro de tres (3) meses de anticipación al vencimiento del término.

En todo caso, tanto el plazo de la Concesión Minera, como su prórroga, quedan sujetas a las reservas probadas y el régimen de explotación.

Para efectos de determinar las reservas probables el concesionario podrá realizar las actividades de exploración que estime pertinente. 

El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o fisicoquímicos, que serealizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o refinar metales.

La Concesión de Beneficio, otorga el derecho arealizar cualquiera de los procesos siguientes:

 a) Separación mecánica;

b) Metalurgia; y

c) Refinación.

A fin demotivar la instalación en el país de plantas de beneficio de minerales para la obtención del producto final, el Estado puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este propósito de conformidad con la Ley.  

Quienes construyan y operen plantas e instalaciones independientes para beneficiar minerales provenientes de explotaciones de terceros e igualmente quienes se dediquen a la industria orfebre y procesado de gemas, deberán obtener la respectiva Concesión de Beneficio y ajustarse a los derechos y obligaciones objeto del Derecho Minero otorgado.

La ejecución de las actividades de explotación y de beneficio deben realizarse aplicando tecnologías adecuadas vigentes al momento de aprobación del proyecto, para garantizar la vida, la salud humana y la protección del medio ambiente.

La Concesión de Beneficio será obligatoria para aquéllos que no siendo titulares de una concesión minera de explotación, capten minerales o productos intermedios minerales de concesionarios y terceros con el fin de beneficiarlos.

Artículo 27-A

La ejecución de las actividades de exploración, explotación y de beneficio deben realizarse de conformidad a los estándares internacionales contenidos en los convenios y tratados internacionales suscritos por Honduras en materia de protección y conservación del medio ambiente, de manera que no se comprometa la salud y la seguridad pública; aplicando el criterio de precaución cuando haya peligro de daño grave o irreversible, debiendo utilizar la ciencia y la tecnología como contribución para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente. El Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), por medio de sus unidades técnicas correspondientes y en conjunto con la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente “MI AMBIENTE”, a través del Centro de Estudio y Control de Contaminantes (CESCO), velará por el cumplimiento de lo relacionado anteriormente.

Toda Concesión de exploración, explotación y de beneficio debe contar con su respectiva licencia ambiental conforme a la tabla de categorización vigente establecida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente “MI AMBIENTE”, previo a iniciar operaciones 
como mecanismo de salvaguarda de la vida, salud humana y protección de los recursos ambientales, que permite que las labores mineras se ejecuten de acuerdo a los más altos estándares en materia de protección ambiental y salud humana haciendo prevalecer el derecho a la vida, de conformidad a las leyes vigentes, a los convenios y tratados suscritos por el Estado de Honduras.

La Concesión de beneficio será obligatoria para aquellos, que, no siendo titulares de una concesión minera de explotación, capten minerales o productos intermedios minerales de concesionarios y terceros con el fin de beneficiarlos”.

Reformas

*Reformado por adición del artículo 27-A, mediante decreto 109-2019, publicado en la Gaceta No. 35, 107, el lunes 25 de Noviembre del 2019. 

El cierre minero comprende las acciones derehabilitación que el titular del derecho minero debe efectuar simultáneamente en el desarrollo de su actividad productiva o al final de ésta, de acuerdo al cronograma y condiciones establecidos en el plan de cierre aprobado y supervisado por la Autoridad Minera; mismo que puede ser temporal, progresivo o definitivo.

Por cierre temporal se entienden las medidas de remediación aplicables en caso de suspensión de actividades, éste podrá ser por un máximo de dos (2) años; la Autoridad Minera puede aprobar un segundo período de cierre temporal hasta por dos (2) años más, si después de este período la mina sigue inactiva, debe realizarse el cierre definitivo. 

Por cierre progresivo, se entiende las actividades de remediación aplicables simultáneamente al proceso de explotación y las cuales pueden ser de carácter definitivo.

Por cierre definitivo, la remediación total de las labores, operaciones e instalaciones destinadas a la explotación de una mina, y de las áreas utilizadas de conformidad al plan de cierre aprobado, de tal forma que se eliminen todos los pasivos ambientales generados en la zona. La Autoridad Minera emitirá dentro del plazo de noventa (90) días hábiles, un Reglamento Especial que regule el cierre de minas.

En cualquier momento el concesionario puede solicitar el cierre y verificación o abandono de las actividades mineras, de conformidad a los planes establecidos y aprobados para cada una de las etapas. La Autoridad Minera en conjunto con la Autoridad Ambiental tiene un plazo de seis (6) meses para determinar si el concesionario ha cumplido con los requisitos del plan de cierre.

Para asegurar el desarrollo de las actividades de cierre a que se refiere la presente Ley, el concesionario está obligado a otorgar garantía en base a los cálculos de costos de cierre presentados por el concesionario y aprobados por la Autoridad Minera, antes de empezar las obras.

El monto de la garantía, que será señalado por la Autoridad Minera, será el monto calculado necesario para cumplir todas las etapas descritas en el plan de cierre e incluiráademás, los costos administrativos del Estado durante su ejecución. El monto de la garantía podrá cambiar durante el curso del desarrollo del proyecto para mantenerse siempre adecuado a las obligaciones por cumplir.

Al momento que el concesionario solicite su abandono, la Autoridad Minera debe verificar que se hayan cumplido todas las obligaciones derivadas de la concesión incluyendo las que estén vinculadas a otras instituciones involucradas en la actividad. Con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado y de las comunidades, la garantía a que serefiere el Artículo anterior continuará vigente por el término de cinco (5) años, contados a partir de la aprobación del proceso de cierre. Una vez cumplidos con los requisitos del cierre respectivose liberará la garantía establecida por esta Ley.

Las sustancias minerales, cualquiera que sea su estado, para que puedan ser exportadas del país deben previamente ser analizadas cualitativa y cuantitativamente bajo las normas internacionales de este tipo de productos, por laboratorios certificados que designe la Autoridad Minera para determinar la riqueza mineral; sin perjuicio de que el Estado, a través de sus representantes acreditados en el país de destino final de la exportación, pueda autorizar que se practiquen análisis comparativos, tomando muestras del material exportado.

Del certificado de análisis que se verifique, la Autoridad Minera remitirá copias a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Municipalidades involucradas y Banco Central de Honduras. Este informe, junto con las declaraciones de exportación y facturas de venta en los países de destino, servirán de base para el cobro de los impuestos fiscales y municipales, de conformidad al procedimiento que se establezca para tal efecto.

El procedimiento para cuantificar la exportación de sustancias mineras, cualquiera que fuese su estado una vez obtenido copia de los análisis y ensayos de concentraciones se regulará en el Reglamento de esta Ley.

No se permite, la autorización de exportación de productos minerales, sin que previamente la autoridad aduanera haya recibido del exportador el certificado que acredite los análisis del producto, certificado de procedencia y la acreditación del registro de comercialización extendido por la Autoridad Minera.

La Autoridad Minera, según la naturaleza de la sustancia a extraer, aprobará o no, el método de explotación propuesto por el titular del Derecho Minero, tomando en consideración, en todo caso, el estudio de factibilidad y las técnicas modernas en la materia, previendo salvaguardar la vida humana, la salud y el medio ambiente.

El concesionario minero de explotación y el de beneficio, en su caso, como personas autorizadas tienen la libre disposición de sus productos. La Comercialización de productos minerales es libre, interna y externamente y parasu ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión, no obstante, debe solicitar su registro de comercializador para el control de la comercialización de productos minerales y presentar una declaración trimestral de sus volúmenes de venta ante la Autoridad Minera y la Autoridad Municipal.

Los productos minerales comprados a personas autorizadas para disponer de ellos, no son reivindicables. La compra hecha a personas no autorizadas, sujeta al comprador a la responsabilidad administrativa, civil y penal correspondiente de manera solidaria. El comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales.

Toda persona que a cualquier título suministre minerales explotados en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios, debe acreditar la procedencia lícita de dichos minerales con la identificación de la mina o cantera de donde provengan mediante certificación de procedencia expedida por el beneficiario del título minero.

El área de concesión minera constituye un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o polígono cerrado, cuyos vértices están referidos a coordenadas Universales Transversales Mercator (UTM), exceptuando la concesión minera de beneficio.

La unidad básica de medida superficial de los derechos mineros a excepción de la concesión de beneficio que se otorgan de conformidad con la presente Ley, es una figura geométrica, delimitada por coordenadas Universales Transversales Mercator (UTM), según el Sistema de Cuadrículas que oficializará la Autoridad Minera.

El cuadrado base del Sistema de Cuadrículas será una (1) hectárea (100 m por 100 m) y éstas deben ser colindantes al menos por un lado. 

Con el fin de evitar el monopolio de concesiones mineras, una persona natural o jurídica, solamente podrá sertitular de un máximo de diez (10) concesiones mineras para lo cual debe acreditar ante la Autoridad Minera, la capacidad técnica y financiera para su ejecución.

Las áreas de minería artesanal se otorgan a petición de la municipalidad respectiva hasta un máximo de cien (100) hectáreas por municipio, a cuya entidad edilicia le corresponde hacer la individualización de las áreas, en cuadrícula o conjunto de cuadrículas colindantes al menos por un lado.

Los permisos en pequeña minería se otorgarán en extensiones hasta diez (10) hectáreas, en cuadrícula o conjunto de cuadrículas colindantes al menos por un lado.

Los titulares de derechos mineros a que se refiere la presente Ley, sólo podrán aprovechar el mineral objetivo de los mismos, los que una vez extraídos son de su propiedad.

Cuando se descubran minerales distinto de los autorizados en la concesión, el titular de la misma está obligado a notificarlo a la Autoridad Minera, sin perjuicio de derecho a solicitar la adición, modificación o sustitución de la sustancia de interés. 
 
La solicitud de adición, modificación o sustitución debe si acompañada con el respectivo estudio de factibilidad de la nueva o nuevas sustancias de interés, el cual será verificado por Autoridad Minera, la que oportunamente resolverá lo pertinente.

En ningún caso la Autoridad Minera otorgará derechos mineros en las zonas siguientes:

a) Las Áreas Protegidas declaradas e inscritas en el Catálo del Patrimonio Público Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble, zonas productoras de agua declaradas, playas y zonas de bajamar declaradas como vocación turística;

b) Zonas que habiendo sido intervenidas por cualquier tipo proyectos u otras causas, se encuentran en recuperació mitigación ambiental determinadas o autorizadas por Autoridad Ambiental;

c) Zonas de generación de energía renovable cuando sea incompatible con la actividad minera o resulte más rentable que el proyecto minero; y,

d) Zonas declaradas como patrimonio nacional y aquellas que la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) haya declarado como patrimonio de la humanidad.

No pueden establecerse zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente.

El otorgamiento de concesiones mineras no puede menoscabar la garantía de propiedad privada y la propiedad que pertenece a las Municipalidades, que establece la Constitución de la República y desarrolla el Código Civil y los tratados internacionales en materia de Derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, particularmente respetetido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El titular de un Derecho Minero, de común acuerdo con los dueños del terreno o con la autoridad correspondiente en caso de que el predio sea un bien del Estado, puede establecer servidumbres sobre los terrenos superficiales en que se ubiquen las concesiones mineras.

Las servidumbres constituidas deben ser inscritas en la Unidad de Registro Minero y Catastral y en el Instituto de la Propiedad. En caso de no haber acuerdo con los dueños de los terrenos queda expedita la vía legal que las partes decidan.

El Estado puede establecer convenios de entendimiento sobre Prospección, Exploración y Explotación de cualquier mineral con empresas nacionales o extranjeras para constituir empresas públicas, privadas o mixtas.

Los titulares de concesiones, gozan de los derechos siguientes:

a) Uso de la superficie de la concesión cuando se trate de terrenos, que siendo del Estado, no estén siendo utilizados para labores productivas de ninguna naturaleza, previa autorización de la autoridad que corresponda;

b) Establecer las servidumbres necesarias en el suelo de terceros o áreas concesionadas, para la racional utilización de la concesión, de común acuerdo entre las partes o en su defecto de conformidad a las normas legales respectivas;

c) Usar, de conformidad con las disposiciones legales especiales aplicables, las aguas dentro o fuera del bien concesionadoque sean necesarias para el servicio doméstico del personal de trabajadores y para las operaciones de la concesión; para este último caso será necesario la obtención del permiso municipal y estatal, pagando los cánones respectivos, dando el derecho preferente del uso del agua a las personas.

d) Aprovechar las sustancias minerales contenidas en las aguas que generen en el área concesionada con sus labores;

e) Solicitar a la Autoridad Minera la inspección de las actividades de concesiones mineras vecinas o colindantes, cuando existan indicios racionales de que se han sobrepasado los límites de su concesión, cuando existan justificados riesgos de inundación, derrumbe o incendio, o por el desarrollo de los trabajos que se efectúen en éstos;

f) Realizar sus operaciones directamente o por medio de terceros, debiendo notificarlo a la Autoridad Minera. Cuando se hace por medio de terceros, la responsabilidad por la conducción de las operaciones es solidaria;

g) Presentar solicitudes a la Autoridad Minera y obtener respuesta dentro de los plazos legales. De no producirse respuesta se está a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo;

h) Gozar de confidencialidad en lo atinente a la información técnica y estados financieros que suministre a la Autoridad Minera, exceptuando los requerimientos de autoridad competente y los pagos de impuestos, tasas y contribuciones al Estado, incluyendo los Municipios y otras que se deriven de los requerimientos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas;

i) Gozar de los beneficios y las garantías consignadas en esta Ley, por el período de duración del Derecho Minero otorgado;

j) Suspensión temporal de las operaciones, cuando las condiciones de mercado nacional o internacional no permitan continuar con las mismas, debiendo solicitarla ante la Autoridad Minera con tres (3) meses de anticipación, salvo cuando la causa se origine por caso fortuito o fuerza mayor, debe solicitarla dentro del término de diez (10) días posteriores al acaecimiento del hecho, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en otras leyes.

En ningún caso la suspensión de actividades mineras será mayora cuatro (4) años, de conformidad al segundo párrafo del Artículo 28 de la Presente Ley. 

La suspensión no exime el pago del canon territorial; y

k) Solicitar la adición, modificación o sustitución de la concesión minera, de acuerdo a la sustancia de interés.

Los titulares de derechos mineros tienen las obligaciones siguientes:

a) Cumplir con toda la normativa vigente en el país, para asegurar un óptimo aprovechamiento del recurso minero, garantizando la protección de la vida y salud de la persona humana, suelo agua, aire, flora y fauna;

b) Aplicar el principio de precaución para la adopción de medidas preventivas, cuando se presuma que hay posible daño; sin perjuicio del deber del Estado de aplicar este principio;

c) En el marco de la responsabilidad social empresarial, apoyar los programas de información, capacitación y concienciación ambiental permanente de su personal, personal de las alcaldías municipales y a los pobladores de las áreas de influencia de los proyectos, para incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental y antes bien protejan la flora y fauna de las áreas de influencia.

La planificación y ejecución de dichos programas debe ser comunicada anualmente en la declaración anual consolidada ante la Autoridad Minera; 

d) Suspender inmediatamente las actividades mineras y notificar cuando en el área de exploración y explotación, encuentre presencia de vestigios del patrimonio cultural del país, a fin de que las autoridades competentes procedan a la delimitación del área, misma que quedará excluida de la actividad minera;

e) Facilitar y brindar la colaboración que sea necesaria en cualquier tiempo, para el libre acceso a la Autoridad Minera o a la entidad que ésta designe, así como a las Municipalidades respectivas, para la fiscalización de las obligaciones que les corresponda;

f) Presentar anualmente ante la Autoridad Minera y a las Municipalidades respectivas, en el mes de enero del año siguiente, una Declaración Anual Consolidada que consistirá en un informe técnico, económico, social y ambiental de las actividades desarrolladas en el año inmediatamente anteriorde conformidad al programa de actividades aprobado por dicha autoridad.

La información contenida en la Declaración Anual Consolidada y otros informes técnicos, será proporcionada por la Autoridad Minera a otros organismos del Estado, de oficio o a petición de parte;

g) En caso de empresas extranjeras concesionarias éstas deben tener un domicilio y un administrador o representante legal en Honduras, investido de las facultades necesarias para recibir y ejecutar las determinaciones que la autoridad competentede acuerdo a lo establecido en esta Ley, adopte respecto a sus concesiones; y

h) Paralizar inmediatamente las actividades de explotación, tan pronto tenga conocimiento que en su ejecución se han sobrepasado los límites autorizados en la concesión en perjuicio de concesión ajena o del Estado, sin perjuicio de devolver a su legítimo dueño el valor de los minerales extraídos, sin deducción alguna.

Para garantizar el buen desarrollo y cumplimiento de las actividades mineras, de acuerdo a cada una de las etapas, los titulares de concesiones mineras están obligados a constituir y mantener caución a favor del Estado, cuya cuantía la establecerá la Autoridad Minera, de acuerdo a los montos establecidos en los planes de inversión.

El Canon Territorial es la contraprestación pecuniaria periódica que debe pagarse a partir del año en que se hubiere formulado la solicitud del Derecho Minero y durante la vigencia del mismo, de la manera siguiente:

a) El equivalente en moneda nacional a UNO CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.1.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas de exploración;

b) El equivalente en moneda nacional a TRES CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.3.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas de explotación;

c) El equivalente en moneda nacional a CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.0.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada para concesiones no metálicas o de gemas o piedras preciosas de exploración; y

d) El equivalente en moneda nacional a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USS.2.00) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada para concesiones no metálicas o de gemas o piedras preciosas de explotación.

Artículo 56 -A 

El Canon territorial es la contraprestación pecuniaria periódica que debe pagarse de manera completa, a partir del año en que se hubiere formulado la solicitud del Derecho Minero y durante la vigencia del mismo dentro de los primeros quince (15) días del mes de Enero de cada año, con el fin de garantizar la reserva del área solicitada, pagadero de manera progresiva conforme a la Tabla siguiente:

CANON DE EXPLORACIÓN

a) El equivalente en moneda nacional a UNO CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1.50) por el primer año y por cada hectárea o fracción solicitada, tratándose de concesiones metálicas, no metálicas, o de agregados pétreos;

b) El equivalente en moneda nacional a TRES CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 3.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas, no metálicas, o de agregados pétreos, de exploración en el segundo año;

c) El equivalente en moneda nacional a CINCO CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 5.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas, no metálicas, o de agregados pétreos, de exploración en el tercer año;

d) El equivalente en moneda nacional a SIETE CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 7.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas, no metálicas, o de agregados pétreos, de exploración en el cuarto año; y,

e) El equivalente en moneda nacional a NUEVE CINCUENTA DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 9.50) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas, no metálicas, o de agregados pétreos, de exploración en el quinto año.

CANON DE EXPLOTACIÓN

a) El equivalente en moneda nacional a DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 10.00) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas y no metálicas, o de agregados pétreos, de explotación en los primeros diez (10) años;

b) El equivalente en moneda nacional a DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 12.00) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas y no metálicas, o de agregados pétreos, de explotación en los siguientes diez (10) años; y,

c) El equivalente en moneda nacional a CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 14.00) por año y por hectárea o fracción otorgada o solicitada, tratándose de concesiones metálicas y no metálicas, o de agregados pétreos, de explotación en los últimos diez (10) años del proyecto.

En ambos casos (EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN), cuando los concesionarios establezcan la necesidad de renovar sus permisos de acuerdo a lo establecido en esta Ley General de Minería seguirán pagando el mismo canon aplicable al momento de su petición por el período de la renovación.

En la Pequeña Minería se pagará anualmente y durante la vigencia del mismo, dentro de los primeros quince (15) días del mes de Enero de cada año, el equivalente en moneda nacional a CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 5.00) por hectárea o fracción otorgada o solicitada, a partir del año en que se hubiere formulado la solicitud del Derecho Minero.

Reformas

*Reformado por adición del artículo 56-A, mediante decreto 135-2020, publicado en la Gaceta No. 35, 461, el miércoles 16 de Diciembre del 2020. 

El Canon Territorial correspondiente al año en que se formule la solicitud del Derecho Minero, debe abonarse y acreditarse con motivo de la formulación de la misma. El valor abonado no es reembolsable, si la solicitud fuese denegada.

El Canon Territorial correspondiente al segundo año computado a partir del uno de enero del año siguiente a aquel en que se hubiere formulado la solicitud del Derecho Minero, debe abonarse en la primera quincena del mes de enero del año siguiente. Igual regla se aplicará para los años subsiguientes.

Los titulares de derechos mineros, otorgados antes de la vigencia de esta Ley, abonarán el canon territorial en los mismos valores que se establecen en este Artículo para las concesiones mineras en las etapas de exploración y explotación respectivamente.

La Concesión Minera obliga a la ejecución del proyecto de inversión para la producción de sustancias minerales, en los términos previstos en la misma. La producción no puede ser inferior al equivalente en moneda nacional a QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$. 500.00) por año y por hectárea otorgada tratándose de concesiones de explotación metálicas; y del equivalente en moneda nacional a TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $. 300.00) por año y por hectárea otorgada, tratándose de concesiones de explotación no metálicas o de gemas o piedras preciosas.

Otorgada la concesión de explotación, su titular queda obligado a alcanzar la producción mínima a más tardar dentro del tercer año, contado a partir de la fecha en que se hubiere otorgado la misma.

La producción debe acreditarse con liquidaciones de venta emitidas con las formalidades exigidas por las regulaciones comerciales y tributarias. Dichas liquidaciones de venta deben presentarse ante la Autoridad Minera juntamente con la Declaración Anual Consolidada de que trata el Numeral 6) del Artículo 54 de la presente Ley.

El concesionario que no cumpliere con la: exigencias mínimas de producción está obligado a pagar adicionalmente al canon territorial, una sanción pecuniaria equivalente en moneda nacional a DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.10.00) por año y por hectárea, tratándose de concesiones de explotación metálica: y de CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$.5.00) por año y por hectárea, tratándose de concesiones de explotación no metálicas y de gemas o piedra: preciosas. Esta sanción se duplicará anualmente mientras el concesionario no alcance la producción mínima, establecida en el Artículo anterior.

Otorgada que sea una Concesión Minera. Esta no puede modificarse, cederse, gravarse, ni transferirse por ningún título, salvo con la autorización previa de la Autoridad Minera, debiendo publicarse sucintamente el cambio de titular del Derecho Minero, a través del Diario Oficial La Gaceta y dos (2) medios escritos de mayor circulación, en el área donde sé desarrolla el proyecto minero.

La contravención a lo anteriormente dispuesto, dará lugar a la cancelación del Derecho Minero.

Para el caso de cesiones, modificaciones o transferencias, el concesionario adquirente automáticamente asume los derechos y obligaciones del concesionario original y le aplican las mismas condiciones de idoneidad e inhabilidades.

Cuando se haya otorgado una concesión de hidrocarburos por la autoridad competente y en el área concesionada existan indicios de yacimientos de otros mineraleslas concesiones podrán coexistir siempre que se demuestre, a juicio de la Autoridad de Hidrocarburos y de la Autoridad Minera la factibilidad de conducir ambas operaciones.

De igual manera podrá otorgarse una concesión de hidrocarburos sobre una concesión minera ya otorgada.

En caso que dos (2) o más peticionarios de concesión minera soliciten la misma área, se amparará al que primero presentó su solicitud.

Mientras se encuentre en trámite una solicitud de concesión minera y no haya sido resuelta definitivamente, no se admitirá ninguna solicitud sobre la misma área, cualquiera que fuere el peticionario, ni aún condicionada a la resolución denegatoria, salvo que por interés nacional el Estado haga uso de su derecho preeminente a efecto de realizar Alianzas Público-Privadas.

Para no afectar el interés particular, este derecho del Estado debe realizarse en un plazo no mayor de tres (3) años.

Se prohíbe la explotación de sustancias minerales, en los casos siguientes:

a) A una distancia menor de doscientos (200) metros del eje Central de las carreteras primarias; y

b) A una distancia menor de quinientos (500) metros aguas arriba y quinientos (500) metros aguas abajo de los puentes, malecones, caj a-puente, represas, obras de infraestructura urbana, en el cauce de losríos y riachuelos.

c) Se exceptúan del literal b), las obras de limpieza, correcciones desazolvamiento, obras de control de inundaciones de cauces que ejecuten las municipalidades o la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVD), bajo los lineamientos técnicos de la Autoridad Minera. El material de desazolvamiento o excedente después de la conformación de taludes, bordos y diques, debe ser comercializado para el financiamiento de las mismas. En todo caso el derecho de la comercialización de los materiales excedentes corresponderá a la municipalidad respectiva.

En caso que la obra de beneficio comunal, nacional o de emergencia sea la reparación de una carretera se podrá llevara Cabo la extracción a no menos de veinticinco (25) metros del eje central de la misma, observando las recomendaciones técnicas de la Autoridad Minera.

La solicitud de Concesión de Exploración debe contener los requisitos siguientes:

a) Identificación plena del solicitante y de su capacidad para ejercer actos de comercio;

b) Descripción de los vértices del área solicitada;

c) Sustancia(s) de interés;

d) Recibo de pago del canon establecido;

e) Programa de actividades con a descripción correspondiente y plan de inversión mínima comprometida;

f) Estados Financieros: y

g) Copia de la notificación presentada a la municipalidad correspondiente en donde se informa la intención de presentar la solicitud de Concesión Minera de Exploración.

Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto de la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su evaluación desde la perspectiva técnica y legal.

Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera: procederá a resolver la solicitud de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días.

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de Registro Minero y Catastral.

Previo a la resolución de otorgamiento de la Explotación, la Autoridad Minera solicitará a la Corporación Municipal respectiva y la población realizar una consulta ciudadana en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la notificación, en los términos que señala la Ley de Municipalidades, cuyo resultado le será informado en un término 10 mayor de diez (10) días hábiles. La decisión adoptada en la consulta es vinculante para el otorgamiento de la Concesión de Eplotación.

Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposicióna a explotación, no se puede volver a realizar sino hasta después le tres (3) años.

La autoridad municipal respectiva debe solicitar el auxilio y la asistencia técnica y supervisión del Tribunal Supremo Electoral TSE), para el desarrollo de la consulta.

Artículo 67-A

Previo a la solicitud de la etapa de explotación, cuando se presenten los resultados de exploración y previo a la resolución de otorgamiento de la Concesión de Explotación, la Autoridad Minera solicitará a la Corporación Municipal respectiva realizar una consulta ciudadana (cabildo abierto), en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario, contados a partir de la notificación, en el área de influencia del Proyecto determinada, conforme a los resultados de la exploración y la licencia ambiental, en los términos que señala la Ley de Municipalidades, cuyo resultado le será informado en un término no mayor de diez (10) días hábiles después de la consulta. 

La decisión adoptada en la consulta es vinculante para el otorgamiento de la Concesión de Explotación.

Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposición a la explotación, no se puede volver a realizar sino hasta después de un (1) año. Previo a la instalación de una mesa de desarrollo social integrada por los gobiernos locales, Autoridad Minera, Autoridad Ambiental, Derechos Humanos, Gobernador Local, Cámara de Comercio y representantes de la comunidad a afectos de establecer la viabilidad o no del proyecto. 

En el caso de proyectos a desarrollarse en territorios de los pueblos indígenas y afrohondureños, reconocidos como tales por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) se realizará una consulta previa, libre e informada conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y/o la legislación especial nacional que se apruebe para tal fin”.

Reformas

*Reformado por adicion del artículo 67-A, mediante decreto 109-2019, publicado en la Gaceta No. 35, 107, el lunes 25 de Noviembre del 2019. 

Cuando el área de la concesión abarque las de un municipio, la consulta a que serefiere el Artículo anterior debe practicarse en el municipio en el cual la concesión sea territorialmente mayor, sin perjuicio de que los vecinos de los otros municipios puedan concurrir a la consulta.

Artículo 68-A

Cuando el área de influencia de la concesión abarque más de un municipio, la consulta a que se refiere el Artículo anterior debe practicarse en cada municipio, tomando en consideración toda el área de influencia establecida en el licenciamiento ambiental del proyecto; sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior respecto a proyectos a desarrollarse en territorios de los pueblos indígenas y afrohondureños que deberán realizar una consulta previa, libre e informada conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y/o la legislación especial nacional que se apruebe para tal fin”.

Reformas

*Reformado por adición del artículo 68-A, mediante decreto 109-2019, publicado en la Gaceta No. 35, 107, el lunes 25 de Noviembre del 2019. 

La solicitud de Concesión de Explotación Minera Metálica debe contener los requisitos siguientes:

A. Resultados de Exploración, los cuales deben contener por lo menos, los cálculos de reservas, calidad, condiciones de yacencia, mineralogía asociada, Geología General y Detallada;

B. Proyecto de viabilidad que contenga como mínimo:

a) Descripción del diseño de explotación que contenga equipo, personal, estructura jerárquica del proyecto insumos y reactivos a emplear;

b) Planos generales y en detalle de todas las obras a construir;

c) Secciones transversales y longitudinales de los sitios a explotar;

d) Estudio económico;

e) Flujograma del proceso de minado;

f) Programa deactividades y plan de inversión a Comprometer; y

g) Certificación extendida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde consta los resultados del proceso;

C. Planos en detalle de las comunidades, municipios propiedades, fuentes de agua y facilidades involucradas.

Admitida la solicitud, la Autoridad Minera resolverá en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días.

La solicitud de concesión de Explotación Minera No Metálica debe contener los requisitos siguientes:

a) Geología General; tipo de material a explotar y su uso;

b) Descripción del diseño de explotación que contenga equipo y personal a emplear;

c) Planos generales de todas las obras a construir;

d) Flujograma del proceso de minado;

e) Certificado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las consultas.

La solicitud de Concesión de Beneficio debe contener los requisitos siguientes:

a) Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de mineral que será tratado, capacidad instalada por díaprocedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta;

b) Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras descritas en el numeral anterior;

c) Autorización de uso de aguas; y

d) Licencia Ambiental.

Losrequisitos anteriores también le son exigidos a todo titular de Concesión Minera de explotación que pretenda realizar actividades de beneficio.  

Presentada la solicitud con los requisitos técnicos señalados en el Artículo anterior, la autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) días.

La resolución correspondiente se inscribirá en la Unidad de Registro Minero y Catastral y será comunicada a las las Municipalidades donde se ubique el Derecho Minero.

Contra las resoluciones emitidas por la Autoridad Minera, pueden interponerse los recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

Tienen capacidad para ser titulares de concesiones mineras, las personas naturales y las jurídicas constituidas en el país o autorizadas para ejercer el comercio en Honduras. Se exceptúan:

a) El Presidente de la República y Designados a la Presidencia; los Diputados del Congreso Nacional; Magistrados y Jueces del Poder Judicial; Secretarios y Subsecretarios de Estado y Directores Generales de la Administración Pública; Procurador y Subprocurador General de la República; Gerentes, Presidentes o Directores de instituciones autónomas, descentralizadas o desconcentradas del Estado; Procurador y Subprocurador del Ambiente y los Recursos Naturales; Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas; Fiscales del Ministerio Público y los Funcionarios nombrados por el Congreso Nacional. Que dan inhabilitados los parientes de los mencionados en este numeral, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y sus cónyuges;

b) Los Gobernadores Políticos, miembros de las Corporaciones Municipales y de las Fuerzas Armadas y Policiales en el territorio donde ejerzan jurisdicción. Asimismo, quedan inhabilitados los parientes de los mencionados en este numeral, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y sus cónyuges;

c) Los funcionarios y empleados públicos que directa o indirectamente intervienen, dictaminan o resuelven en la materia minera. Esta inhabilitación se extiende hasta dos (2) años después de haber finalizado sus funciones; así como a sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y sus cónyuges;

d) Los morosos con el Estado y el municipio en lo atinente a obligaciones tributarias; y

e) Los miembros del Consejo de la Judicatura.

Las personas comprendidas en este Artículo no deben solicitar, adquirir o poseer directa o indirectamente derechos mineros mientras ejerzan sus funciones o se mantengan en los cargos para los que fueron electos o nombrados o mientras persista la situación que los inhabilite.

Son aplicables a los titulares de concesiones de explotación y beneficio, de acuerdo a las leyes especiales, las siguientes cargas:

A. Lo señalado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta;

B. Lo dispuesto enla Ley del Impuesto Sobre Ventas;

C. Impuesto al Activo Neto;

D. Las tasas por servicios y tributos establecidos en la Ley de Municipalidades y en el Plan de Arbitrios Municipal;

E. Tasa de Seguridad según se describe en los literales f) y g) de este Artículo;

F. Derecho de Vigencia o Superficie o el llamado Canon Superficial Territorial; y

E Laminería no metálica de carácter industrial y la de gemas o piedras preciosas, pagarán dos punto cinco por ciento (2.5%) en base al valor FOB o en base al valor en planta o ex-fábrica según sea el caso, desglosado así:

a) Unoporciento (1%) para el municipio donde se extrae el material;

b) Cero Punto Cincuenta por ciento (0.50%) a favor de la Antoridad Minera; y

c) Uno porciento (1%) en concepto de Tasa de Seguridad

H. La minería metálica, los óxidos y sulfuros (no metálicos) de los cuales se extraen metales pagará el seis por ciento (6%) sobre el valor FOB de las ventas o exportaciones desglosándolo de la manera siguiente:

a) El dos por ciento (2%) en concepto de Tasa de Seguridad que debe ingresara la Tesorería General de la República;

b) El dos por ciento (2%) en concepto de impuesto municipalque debe ingresar directamente a la Tesorería Municipal donde se encuentra ubicada la explotación minera;

c) El uno por ciento (1%) de contraparte en los proyectos de desarrollo de la Ley de Promoción de la Alianza Público- Privada (COALIANZA); y

d) El restante uno porciento (1%) a favor de la Autoridad Minera para fortalecerla en sus actividades de control e investigación científica.

Los tributos establecidos en los literales g) y h) no son aplicables alos titulares de explotaciones artesanales.

Artículo 76-A

Todo concesionario minero paga los impuestos siguientes:
A. Impuesto Sobre la Renta;
B. Impuesto Sobre Ventas;
C. Impuesto al Activo Neto;
D. Las tasas por servicios y tributos establecidos en la Ley de Municipalidades y en el Plan de Arbitrios Municipal;
E. Tasa de Seguridad;F. Canon Superficial, Territorial; y,
G. Impuesto Especial Minero (IEM)”.

Artículo 76-B

IMPUESTO ESPECIAL MINERO (IEM):

Impuesto Especial Minero (IEM): La minería no metálica de carácter industrial, la de gemas o piedras preciosas y la pequeña Minería Metálica, pagarán el tres por ciento (3%) en base al valor FOB, desglosado así:

a) Uno por ciento (1%) para el municipio donde se extrae el material;

b) Uno por ciento (1%) a favor de la Autoridad Minera; y,

c) Uno por ciento (1%) en concepto de Tasa de Seguridad”.

Artículo 76-C

IMPUESTO ESPECIAL MINERO (IEM):

Impuesto Especial Minero (IEM): La minería metálica, los óxidos y sulfuros (no metálicos) de los cuales se extraen metales pagarán el cinco por ciento (5%) sobre el valor FOB, desglosándolo de la manera siguiente: 

a) El dos por ciento (2%) en concepto de Tasa de Seguridad que debe ingresar a la Tesorería General de la República;

b) El dos por ciento (2%) en concepto de impuesto municipal, que debe ingresar directamente a la Tesorería Municipal donde se encuentra ubicada la explotación minera; y,

c) El restante uno por ciento (1%) a favor de la Autoridad Minera para fortalecerla en sus actividades de control minero e investigación 
científica.

Corresponde al Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) certificar que el valor de la factura comercial refleja un valor coherente de los minerales en el mercado internacional a efecto de garantizar la sostenibilidad de la explotación de los recursos extraídos”.

Artículo 76-D

INCENTIVOS A LA EXPORTACIÓN DE AGREGADOS  PETREOS

A fin de promover la inversión y el desarrollo de la explotación minera de agregados pétreos y como una medida estatal orientada a promover la exportación de los referidos recursos, las personas naturales o jurídicas que conforme a la presente Ley desarrollen y operen canteras para la explotación industrial de agregados pétreos para su exportación gozarán del incentivo de exoneración de los Impuestos Sobre Ventas establecidos en el inciso B. del Artículo 76-A, en el caso del Impuesto Especial Minero (IEM) la exoneración será del cincuenta por ciento (50%) del porcentaje a que hace referencia el Artículo 76-B de la presente Ley, en tal sentido, en el caso de agregados pétreos el desglose será de la manera siguiente:

1) Un cero punto cinco por ciento (0.5%) para el municipio donde se extrae el material;

2) Un cero punto cinco por ciento (0.5%) a favor de la Autoridad Minera; y,

3) Un cero punto cinco por ciento (0.5%) en concepto de Tasa de Seguridad.Para el caso de la exoneración del impuesto contenido en el inciso 

B. del Artículo 76-A, las personas beneficiarias deben realizar el proceso de registro y exoneración ante las dependencias estatales correspondientes, debiendo cumplir con las normas de verificación y cumplimiento establecidas por las autoridades competentes”.

Reformas

*Reformado por adición de los artículos 76-A, 76-B Y 76-C, mediante decreto No. 109-2019, publicado en la Gaceta No. 35,107, el lunes 25 de Noviembre del 2019.

*Reformado por adición del artículo 76-D, mediante decreto 135-2020, publicado en la Gaceta No. 35, 461, el miércoles 16 de Diciembre del 2020. 

Del impuesto mensual que le corresponde a la o las Municipalidades, se destinará un cinco por ciento (5%) para la conformación de un Fondo de Inversión Social, bajo la figura de un Fideicomiso, con el propósito de ejecutar proyectos de inversión en áreas distintas a la minería, para la generación de empleo en otros rubros.

El impuesto a que se refiere este Artículo se pagará dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente, de acuerdo a la presentación de liquidaciones y actas de exportación del mes anterior y es deducible como gastos para la determinación del Impuesto Sobre la Renta.

Además de los tributos anteriores, los concesionarios mineros están obligados al pago de los impuestos estatales establecidos en otras leyes que les sean aplicables. 

Las condiciones de inversión del Fideicomiso a que se refiere este Artículo, serán determinadas en el Reglamento de la presente Ley.

La Autoridad Minera, previa comprobación, ordenará al titular del Derecho Minero por medio deresolución, la suspensión de las actividades mineras en los casos siguientes:

a) Cuando existiere el riesgo o peligro inminente para la vida de las personas o sus bienes;

b) Cuando no se cumplan las disposiciones de seguridad en el trabajo, de conformidad cón las leyes de la materia;

c) Porvencimiento de la licencia ambiental mientras no se acredite surenovación o trámite; y

d) Cuando la producción exceda de las reservas probadas de mineral. Esta última disposición no aplica a las concesiones de beneficio.

Una vez establecida la causal de suspensión del Derecho Minero, y dentro del término de cinco (5) días se señala audiencia de descargo al interesado para que se pronuncie al respecto y aporte las pruebas que estime pertinentes. Concluido el plazo, y con la estimación de las pruebas aportadas, se resolverá lo procedénte.

Los derechos mineros se terminan por nulidad, cancelación o extinción.

Son causas de nulidad del Derecho Minero:

a) Las otorgadas a persona inhábil;

b) Las otorgadas sin llenar los requisitos establecidos en esta Ley; y

c) Las otorgadas para el aprovechamiento de minerales o sustancias no sujetas a esta Ley.

El funcionario que violente lo establecido en esta norma, será responsable civil y penalmente.

Son causas de cancelación del Derecho Minero, las siguientes:

a) No pagar el Canon Territorial, Canon de Beneficio, Penalidad y tributos nacionales y municipales, por dos (2) años consecutivos;

b) La falta de presentación de la Declaración Anual Consolidada durante dos (2) años consecutivos;

c) Haber sido sancionado tres (3) veces en un período de dos (2) años por los mismos hechos;

d) Cancelación de la licencia ambiental porparte de la autoridad competente, por la ejecución de una sentencia firme consecuencia de la comisión de un delito ambiental; y

e) Si al fallecimiento del titular, los herederos no acreditan su capacidad o idoneidad legal para manejar y asumir las responsabilidades mencionadas en el Derecho Minero, en un plazo no mayor de seis (6) meses.

Son causas de extinción del Derecho Minero, las siguientes:

a) Vencimiento del término por el cual fue otorgada la Concesión sin haber solicitado su prórroga tres (3) meses antes del vencimiento del mismo;

b) Cuando el yacimiento haya agotado su reserva, sin perjuicio del cumplimiento del Plan de Cierre;

c) Disolución de la persona jurídica concesionaria;

d) Insolvencia financiera que le impida cumplir con las obligaciones concesionales; y

e) Renuncia expresa del titular de el Derecho Minero ante la Autoridad Minera.

La Autoridad Minera es el órgano competente para supervisar, inspeccionar y velar por el cumplimiento y aplicación de esta Ley y su Reglamento e imponer las sanciones derivadas de su incumplimiento.

Las sanciones se aplicarán en la forma siguiente:

a) Multa equivalentea tres (3) salarios mínimos en la categoría más alta aplicada en la zona, por la presentación extemporánea de la Declaración Anual Consolidada y los informes requeridos por la Autoridad Minera;

b) Multa de dos (2) salarios mínimos en la categoría más alta aplicada en la zona, por la presentación incompleta o no relacionada de los informes, lo cual no exime al titular del derecho derectificar en el término que establece la Ley;

c) Multa de seis (6) salarios mínimos en la categoría más alta aplicada en la zona, por la comercialización de minerales provenientes de explotaciones ilegales. Si como resultado de posteriores auditorías se comprueba que continúa la comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones ilegales, se sancionará con el cien por ciento (100%) del valor explotado y el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado, todo sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar en Derecho;

d) El no pago del canon territorial o de beneficio en el tiempo establecido por esta Ley, se sanciona con un diez porciento (10%) adicional a la mora por mes o fracción de retraso;

e) Comercialización de sustancias mineras no autorizadas, en Cuyo caso pagará el valor total del producto sin deducción del costo por producción; 

f) Multade dos (2) salarios mínimos en la categoría más alta aplicado en la zona, por no concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Autoridad Minera, sin que medie causa justificada;

g) Multa de dos (2) salarios mínimos en la categoría más alta aplicado en la zona, por encontrarse ejecutando obras o actividades no aprobadas en los programas de actividades y Planes de Inversión, sin justificación; y

h) Multa de seis (6) salarios mínimos en la categoría más alta aplicado en la zona, por no permitir a la Autoridad Minera Autoridad Ambiental, Alcaldías Municipales y demás Instituciones competentes, las funciones de control fiscalización y de auditoría de las actividades mineras.

Cualquier otra infracción a las obligaciones previstas en esta Ley y no contemplada en los incisos anteriores se sanciona con una multa comprendida entre dos (2) y seis (6) salarios mínimos en la categoría más alta aplicado en la zona, a juicio de la Autoridad Minera, tomando en consideración la gravedad de la falta.

Las multas anteriormente establecidas se aplicarán a la pequeña minería rebajada en tres cuartas (3/4) partes.

Para efectos de esta Ley, se entiende por Pequeña Minería las actividades mineras en las que se utilicen medios mecánicos sencillos y que presenten las características siguientes:

a) Capacidad de producción hasta doscientas (200) toneladas de broza al día, tratándose de metálicas;

b) Capacidad de Producción hasta cien (100) metros cúbicos por día, tratándose de no metálicos;

c) Capacidad de explotación hasta diez (10) metros cúbicos diarios, tratándose de gemas o piedras preciosas; y

d) Capacidad de explotación de mineral metálico de placer hasta cincuenta (50) metros cúbicos diarios. 

Sin perjuicio de las concesiones existentes para acceder a los derechos y beneficios que este Capítulo confiere, los interesados deben solicitar a la Autoridad Minera en caso de los literales a), c) y d) aprobados anteriormente y del literal b) a la Municipalidad correspondiente, un permiso para ejercer la condición de mineros a pequeña escala, el cual está sujeto al procedimiento que señale el Reglamento de la presente Ley.

Se entiende por Minería Artesanal, el aprovechamiento de los recursos mineros que desarrollan personas naturales de manera individual o en grupos organizados mediante el empleo de técnicas exclusivamente manuales.

Los residuos o pequeñas cantidades a granel de metales o piedras preciosas existentes en terrenos de acarreo, cauces, playas, lechos deríos, deben ser explotados de manera artesanal.

El volumen permitido para explotar oro placer artesanal minerales no metálicos de manera individual será de diez (10) metros cúbicos diarios y de treinta (30) metros cúbicos por grupo organizado y registrado ante la autoridad competente.

La Autoridad Minera, a petición de las Municipalidades, adjudicará las áreas de explotación artesanal en los Municipios, en áreas libres de derechos mineros.

El otorgamiento de los permisos de extracción artesanal es atribución exclusiva de las municipalidades.

Las resoluciones que emitan las municipalidades en materia de minería artesanal podrán ser objeto de impugnación ante la autoridad minera.

Reformas 

*Reformado por adición mediante decreto No. 135-2020, publicado en La Gaceta No. 35, 461 el miercoles 16 de Diciembre del 2020. 

Sin perjuicio de las atribuciones de la Autoridad Minera, establecidas en esta Ley, la Minería Artesanal y la Pequeña Minería, serán supervisadas por la Unidad Municipal Ambiental (UMA) correspondiente, la cual velará por la implementación y cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental, que para tal efecto se establezcan en el Manual de Buenas Prácticas Minero-Ambiental para Minería Artesanal concertado por la Autoridad Minera y la Ambiental.

La tasa municipal de la Minería Artesanal por la extracción de minerales no metálicos, será establecida por la Municipalidad en su Plan de Arbitrios correspondiente.

Los mineros artesanales pueden aprovechar los recursos mineros que se encuentren dentro de las áreas establecidas por la Autoridad Minera como reserva minera artesanal y en las reservas mineras aprobadas por el Congreso Nacional.

Dicha actividad se debe realizar de manera racional sustentable y protegiendo el ambiente y las comunidades.

Corresponde a las municipalidades las obligaciones siguientes:

a) Llevar un registro actualizado de los mineros artesanales;

b) Remitir anualmente a la Autoridad Minera el registro de los permisos mineros artesanales otorgados;

c) Gestionar ante la Autoridad Minera áreas de reserva minero-artesanal;

d) Colaborar con las autoridades correspondientes en la vigilancia y control de las actividades mineras;

e) Controlar la explotación racional y sustentable de los recursos mineros y la protección del ambiente en las áreas de reserva minero-artesanal; 

f) Fomentar la organización y capacitación de los mineros artesanales, para que las actividades mineras se hagan con rigurosas medidas de protección a la salud y el ambiente y con el fin de optimizar sus actividades para la mejor captación de sus ingresos; y

g) Cuando se trate de áreas de minería metálica artesanal en donde se extraigan hasta treinta (30) metros cúbicos de oro placer y más de veinte (20) toneladas al día por individuos o grupos de individuos, la municipalidad respectiva, en coordinación con la Autoridad Minera o consultores especializados en el campo de las geo-ciencias, coordinará la creación de parques mineros industriales, los cuales deben cumplir con todas las regulaciones para la protección ambiental, higiene laboral y seguridad industrial.

Para la ejecución de obras civiles, el permiso de corte, relleno y nivelación será otorgado por la Municipalidad correspondiente.

El material excedente será destinado para los fines públicos que señale la Autoridad Municipal respectiva y no debe ser comercializado bajo ningún concepto.

En cuanto a lo que se refiere a obras públicas, la extracción de los materiales a utilizarse, se estará a lo dispuesto en la Ley para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en la Infraestructura Pública.

Créase el Instituto Hondureño de Geología y Minas que se identificará con las siglas "INHGEOMIN", como un ente desconcentrado del Estado, dependiente de la Presidencia de la República, con domicilio en la capital de la República, pudiendo establecer oficinas en los lugares que estime conveniente, con exclusividad en la competencia que establece esta Ley, la que ejercerá con independencia técnica, administrativa y presupuestaria. Está dotado de la capacidad legal necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en el ejercicio de su competencia.

EL INHGEOMIN actúa como ejecutor de la Política Nacional del sector minero en general, con facultad de desarrollar programas, proyectos y planes y de crear las unidades administrativas, técnicas y operativas necesarias, para cumplir con esta Ley.

Para los efectos de la presente Ley, éste organismo se denominará simplemente como Autoridad Minera.

La Estructura Orgánica de la Autoridad Minera esla siguiente:

a) Dirección Ejecutiva;

b) Subdirección de Minería; y,

c) Subdirección de Investigación e Información Minera.

El Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) está integrado por las Unidades siguientes:

a) Registro Minero y Catastral;

b) Investigación y Laboratorios:

c) Minas y Geología;

d) Fiscalización Minera; 

e) Ambiente y Seguridad; y,

f) Desarrollo Social.

Las Unidades consignadas en el presente Artículo, así como aquellas de carácter administrativo, técnicas y operativas sus facultades y funciones se consignarán en el Reglamento de la presente Ley.

Son atribuciones del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN):

a) Proponer, dirigir, ejecutar y supervisar la Política Minera;

b) Otorgar, modificar y extinguir derechos mineros y otras obligaciones mineras de conformidad esta Ley;

c) Consolidar en un sistema de cuadrículas el área cubierta por los derechos mineros;

d) Fiscalizar, en coordinación con los organismos competentes de las Secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, de Salud y las Unidades Municipales Ambientales (UMA), el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de las empresas que realicen actividades mineras;

e) Fiscalizar en coordinación con los organismos competentes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el cumplimiento de las normas de protección, restauración y manejo sostenible del ambiente, por las empresas titulares de derechos mineros;

f) Consolidar, sistematizar, divulgar y mantener disponible en un banco de datos permanente y actualizado, información sobre los recursos minerales del país, a través de un plan de publicaciones, biblioteca abierta y disponibilidad de archivos digitales;

g) Realizar Investigación científica en el ámbito de las geo-ciencias y minería;

h) Adquirir, potenciar y difundir el conocimiento científico y tecnológico relacionado con las actividades del Instituto mediante la gestión y apoyo a planes, programas y proyectos de investigación, formación y desarrollo, proponiendo la correspondiente política de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, en las materias de competencia del Instituto, en consonancia con el Plan de Nación y Visión de País;

i) Realizar y suscribir convenios y contratos, a través de Alianzas Público-Privada para el desarrollo de Proyectos Mineros; Delimitar áreas para minería artesanal a solicitud de las municipalidades de acuerdo a lo establecido en el Artículo 90 de esta Ley;

j) Elaborar el Reglamento del Régimen de la Carrera Minera; y

k) Las demás que le confiere la Constitución de la República;

l) Tratados Internacionales en la materia, la presente Ley y su Reglamento.

Para ser Director o Subdirectores del INHGEOMIN se debe cumplir con los mismos requisitos exigidos a los Secretarios de Estado y ser Profesional Universitario con conocimiento en la materia.

Estos funcionarios son nombrados por el Presidente de la República, prestarán promesa y deben rendir la Fianza correspondiente teniendo el rango de Ministro y Viceministros respectivamente.

Son atribuciones del Director Ejecutivo:

a) Administrar y ejercer la representación legal del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INTHGEOMIN);

b) Regular el otorgamiento de derechos mineros y su destino de conformidad conla Ley;

c) Nombrar y remover el personal del INHGEOMIN, previa evaluación curricular y laboral;

d) Aprobar Manuales e Instructivos técnicos para la implementación dela Ley;

e) Elaborar el Reglamento de esta Ley, de conformidad al Artículo 114 de esta Ley;

f) Suscribir convenios y acuerdos con universidades e instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la investigación minera, a fin de promocionar la investigación técnica y científica en el campo de las geo-ciencias;

g) Ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de la política minera;

h) Formular el Anteproyecto de Presupuesto del INHGEOMIN;

i) Aprobar el Plan Operativo Anual del INHGEOMIN;

j) Planificar, dirigir y coordinar programas de investigación en el área de geo-ciencias; y

k) Las demás que le señale esta Ley y su Reglamento.

En ausencia del Director Ejecutivo, asume sus funciones el Subdirector Ejecutivo de Minería. 

 No pueden ser Director Ejecutivo, ni Sub Directores del Instituto:

 a) Los que incurran en las inhabilidades establecidas en la Constitución de la República para los Secretarios y Subsecretarios de Estado y las establecidas en la Ley General de la Administración Pública para los Presidentes, Gerentes, Directores o Subdirectores de las Instituciones Autónomas;

b) Los titulares de derechos mineros o socios de empresas mineras; cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y

c) Los exgerentes o directivos de compañías mineras, salvo tres (3) años después de separación del cargo.

Los funcionarios y empleados del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), deben prestar sus servicios con carácter exclusivo; no pueden desempeñar otros cargos o labores ajenas, relacionadas con su desempeño en la Institución, salvo el de docencia o salud, cuando sus horarios de trabajo lo permitan.

La selección del personal se hará mediante el sistema de concurso público.

El personal técnico y administrativo del INHGEOMIN es regulado mediante el Reglamento del Régimen de la Carrera Minera.

Son recursos del INAGEOMIN:

 a) Los activos que actualmente pertenecen a la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN);

b) Los montos provenientes de los ingresos por concepto de tasas por servicios, pago de canon, penalidades y multas;

c) Los montos asignados anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y el porcentaje establecido en esta Ley; y

d) Herencias, legados y donaciones.

El Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) debe nombrar o contratar los servicios de los empleados que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley, laboren en la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), en cuyo caso conservarán la antigüedad y demás derechos laborales y sociales que les corresponda. 

La selección de este personal se hará previa evaluación curricular, técnica, psicométrica y del historial de desempeño.

A los empleados de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) que no fueren contratados, se les pagarán los derechos laborales que legalmente correspondan. 

Los empleados y funcionarios que opten por su retiro voluntario, tienen el derecho al reconocimiento y pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales. Para estos efectos se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, efectuar los ajustes presupuestarios.

La selección inicial del personal se hará mediante el sistema de concurso público.

Los expedientes que se encuentren en trámite de solicitud de concesión a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su terminación con la normativa que se iniciaron, sin perjuicio de la revisión, evaluación y subsanación que pudieren presentar los expedientes. 

Los derechos mineros vigentes otorgados al amparo de leyes anteriores, en cuanto a las nuevas exigencias ambientales obligaciones y cargas tributarias se sujetarán a la presente Ley. 

La solicitud de concesiones Mineras Metálicas presentadas con posterioridad al Decreto Ejecutivo No. PCM-09-2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30928 de fecha 14 de Febrero del año 2006, que suspende el otorgamiento de concesiones mineras metálicas, deben rechazarse por extemporáneas pudiendo presentarse nuevamente, bajo los requisitos de la presente Ley y hasta la aprobación de su Reglamento.

El proceso de transición de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) al Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHNGEOMIN), debe realizarse en un plazo no superior a seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

El traspaso de los bienes de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) al Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), será supervisado por una Comisión AD HOC nombrada por el Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) con personeros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Queda derogado el Decreto Legislativo No.292-98 de 30 de noviembre de 1998, publicado en el Diario  Oficial La Gaceta bajo número 29,298 de fecha 30 de noviembre de 1998 que contiene la Ley General de Minería y todas aquellas disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Corresponderá a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, la elaboración del Reglamento con el apoyo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en consulta con la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en un término de sesenta (60) días, a partir de la vigencia de la presente Ley.

La presente Ley entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los Veintitrés días del mes de Enero de Dos Mil Trece.