Artículo 1
La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para el ejercicio honesto de la función pública, así como salvaguardar el patrimonio estatal, sancionando a los servidores del Estado que se valgan de sus cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente.

Artículo 2
Estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley los funcionarios y empleados que presten servicios remunerados en cualquiera de los Poderes del Estado, sus Organismos, Dependencias, Establecimientos e Instituciones centralizadas, autónomas, semiautónomas o de cualquier otro tipo.Comprende además, a toda persona natural o jurídica que perciba sueldos, o maneje bienes y fondos del Estado, o decida sobre pagos o inversión de fondos públicos.

Artículo 3
Excepto en casos de emergencia calificados por la Contraloría General de la República, ninguna de las personas a que se refiere el Artículo 2 que antecede podrá tomar posesión de su cargo sin antes haber presentado ante la Dirección General de Probidad Administrativa, dependiente de la Contraloría General de la República, una declaración jurada y detallada de todos los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, acciones o créditos que formen su patrimonio, así como una relación de su pasivo y, separadamente, los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar, hijos bajo patria potestad y pupilos, así como de los bienes ajenos que administre, con indicación, en su caso, del pasivo que los afecte.

Artículo 4
La declaración a que se refiere el artículo anterior:1) Cuando se trate de inmuebles o muebles sujetos a inscripción, indicará el número y tomo del Registro que les ampare;2) Cuando se trate de otra clase de bienes u obligaciones, indicará con claridad y precisión todos los datos que permitan identificar sin dudas el bien, accióncrédito u obligación;3) Proporcionará además todos los datos e informes que indique el Reglamento de esta Ley.La Declaración deberá acompañarse de los documentos que la justifiquen.