Esta Ley tiene por objeto crear el Programa de Protección a Testigos en el Proceso Penal, el que estará bajo la dirección y coordinación del Ministerio Público.

El Programa al que se refiere el artículo precedente tiene como finalidad brindar protección a Testigos en el Proceso Penal que, como consecuencia de su  participación eficaz y efectiva en el mismo, sean admitidos al Programa.

La protección del Programa se extenderá al cónyuge, compañero(a) de hogar, familiares u otras personas relacionadas con el Testigo que, en virtud de su testimonio, se encuentren en situación de riesgo de acuerdo a la presente Ley y su Reglamento.

 Toda actuación en materia de la protección a la que se refiere esta Ley, se regirá por los principios siguientes:

1. VOLUNTARIEDAD: Para ser admitido en el Programa o para-retirarse de él, se necesitará el consentimiento expresado por escrito del sujeto protegido, sin perjuicio de las causales de exclusión señaladas en el reglamento que atalefecto se emita;
2. RESERVA SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Quienes tengan conocimiento de las medidas:de protección o hayan intervenido en su preparación, expedición y ejecución, sean servidores públicos o particulares, tendrán la obligación de mantener bajo estrictareserva la identidad del o los beneficiarios del Programa y cualquier otra información que conduzca a su revelación o ubicación. La infracción de la presente disposición acarreará las sanciones penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar en derecho;
3. TEMPORALIDAD: Las medidas de protección Subsistirán mientras existan los factores que las motivaron de acuerdo a esta Ley;
4. RESPONSABILIDAD: Los funcionarios o empleados que intervengan en el procedimiento de protección -se abstendrán de hacer ofrecimientos no autorizados en materia de protección; la violación de este principio generará las Tesponsabilidades a que hubiere lugar conforme a la Ley
5. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN: Todo procedimiento de protección se fundamentará en la verificación de los nexos entre la decisiva e indispensable participación procesal de los Testigos y los factores de amenaza y riesgo sobre los mismos;
6. AUTONOMÍA: El Programa define en forma independiente 7 las medidas de protección que correspondan según cada Caso, de conformidad cori los términos y condiciones señalados en esta Ley y su Reglamento;
7. OPTIMIZACIÓN DE LA PRUEBA: Quien inste la acción penal, se abstendrá de proponer a Testigos en riesgocuya finalidad sea la de ratificar hechos que pueden ser probados mediante elementos de prueba o evidencias físicas obtenidas durante la indagación o investigación;
8. SOLIDARIDAD: Las entidades privadas, organizaciones no gubernamentales y demás miembros de la sociedad colaborarán con el Programa para aplicar las medidas de seguridad y la asistencia necesaria para una adecuada protección;
9. CONCURRENCIA: Las entidades del Estado en todos sus órdenes, concurrirán y prestarán el apoyo necesario al Programa, para la adecuada implementación de las medidas de seguridad y asistencia que se definan en cada caso;
10. EFICACIA Y EFICIENCIA: El Programa es un instrumento para la eficacia y eficiencia de lajusticia;
11. SUBSIDIARIEDAD Y ESPECIALIDAD: Las medidas de protección sólo se aplicarán a Testigos que participen opuedan llegara participar en un Proceso Penal, en aquellos casos en que la situación de riesgo no pueda ser minimizada mediante medidas ordinarias de seguridad pública;
12. INVESTIGACIÓN: Para ingresar al Programa será necesaria una investigación de amenaza y riesgo realizada enla forma y términos que lo determine la presente Ley y su Reglamento;
13. PROPORCIONALIDAD: Las medidas de protección deberán responder al nivel de riesgo en que se encuentre la persona destinataria de las:mismas y a los recursos disponibles del Programa, dentro del marco del respeto a las garantias constitucionales;
14. GRATUIDAD: Las medidas de protección contenidas en esta Ley no generarán erogación alguna a sus destinatarios;
15. CELERIDAD: Las actuaciones que se realicen bajo el  marco de esta Ley se ejecutarán sin dilación alguna.

Para los efectos esta Ley, se establecen las definiciones siguientes:

1. PROGRAMA:  Es el conjunto de medidas de proteccióna Testigos en el Proceso Penal, adoptadas por la autoridad competente en el marco de esta Ley y su Reglamento;
2. ENTIDAD APARENTE: Es la entidad creada y autorizada por el Programa, por medio de la cual se desarrollan y ejecutan total o parcialmente los planes de seguridad, con el fin de proteger laidentidad y ubicación tanto de las personas incorporadas al programa como de las que laboran en el mismo;
3. TESTIGO: Cualquier persona que disponga de información necesaria para el esclarecimiento de un caso penal y cuya participación o posible participación en el Proceso Penal represente un riesgo para si u otra persona, de conformidad con la presente Ley.
4. PROTECCIÓN: Es la aplicación del Programa, para atender el riesgo que soporta el protegido y su entomo familiar. Se traduce en el apoyo socio-económico, psicológico, médico y demás acciones encaminadas a satisfacer las necesidades previamente evaluadas; y,
5. RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un daño real o inminente a la vida, integridad personal del testigo o amenaza, entendida esta última como la intimidación real ejecutada por cualquier medio contra el Testigo en el Proceso Penal en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Para el desarrollo y aplicación: del Programa, se. establece la estructura siguiente:

1. Consejo Consultivo del Programa;
2. La Dirección del Programa de Protección; y,
3. Las Unidades Regionales del Programa.

El Consejo Consultivo del Programa está conformado de la manera siguiente:

1. El Fiscal General de la República, quien lo presidirá;
2. El Director (a) General de Fiscalía; y
3. El Director (a) del Programa de Protección. 

El Consejo Consultivo designará un Secretario, a propuesta del Fiscal General de la República, seleccionándolo dentro del personal permanente de la institución, quien será el responsable de levantar las actas, librar las convocatorias por instrucciones del Fiscal General y dar seguimiento a los acuerdos que aquel emita.

El Consejo Consultivo podrá convocar a otras instituciones del Estado, para coordinar aspectos relativos al Programa.

Son funciones del Consejo Consultivo:

1. Definir las políticas relacionadas con el Programa de acuerdo a esta Ley;
2. Coordinar con la Dirección del Programa la ejecución de los planes y proyectos relacionados con el mismo; y,
3. Apoyar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

La Dirección del Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público que se crea mediante la presente Ley, tendrá a su cargo el desarrollo y la ejecución de las políticas y decisiones adoptadas para la aplicación del mismo.

El Programa estará a cargo de un Director(a) que será nombrado porel Fiscal General de la República y no podrá ser removido(a) sino por alguna de las causas establecidas en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. Sus atribuciones serán establecidas enel Reglamento.

Son requisitos para ocupar el cargo de Director(a): 

1. Ser abogado(a) de reconocida honorabilidad; y,
2. Tener experiencia mínima de ocho (8) años de ejercicio profesional como fiscal, juez, defensor público o privado en materia penal.

El (la) Director(a) del Programa podrá adoptar cualquiera de las medidas siguientes:

1. Alejamiento del lugar del riesgo;
2. Reubicación temporal o'definitiva del Testigo protegido dentro o fura del país;
3. Cambio de identidad;
4. Modificación de rasgos físicos; y,
5. Las demás que sean necesarias para garantizar la vida, así como seguridad física, psicológica, laboral y la integridad de las personas.

 Adicionalmente, a las medidas contenidas en el artículo precedente, el (la) Director(a) del Programa podrá recomendar al Fiscal de la causaprevio estudio técnico, el impulso ante otras autoridades; el establecimiento entre otras, las medidas adicionales siguientes: medidas policiales, penitenciarias o procesales jurisdiccionaleslas que se describen así:

MEDIDAS POLICIALES 

1. Alejamíento inmediato del Testigo y de su grupo familiar del lugar del riesgo;
2. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial;
3. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y, -
4. Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta).

MEDIDAS PENITENCIARIAS 

1. Medidas de protección penitenciaria. 

MEDIDAS PROCESALES JURISDICCIONALES

1. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad fisica del testigo;
2. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de Ja misma;
3. Video-conferencia; y,
4. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad.

El procedimiento de protección comprende las etapas siguientes: 

1. INGRESO AL PROGRAMA. El ingreso al Programa requerirá de una solicitud de admisión dirigida al Director del mismo, por parte del Fiscal de conocimiento; 

2. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD. Presentada la solicitud el Director del Programa, con el apoyo de su equipo multidisciplinario, verificará los nexos entre la participación procesal, amenaza y situación de riesgo y procederá a valorar la elegibilidad del candidato y su adaptabilidad al Programa; 

3. ADMISIBILIDAD AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN. Verificado los nexos entre la participación procesal, amenaza y situación de riesgo, la autoridad competente tomará en cuenta los siguientes aspectos para la admisión de un testigo al Programa de Protección: 

a) El candidato deberá reunir los requisitos de admisibilidad contenidos en el Reglamento que rige el Programa de Protección; y,

b) El candidato deberá estar conforme con las condiciones del Programa y formalizar su voluntad con la suscripción del acuerdo de incorporación respectivo.

4. DECISIÓN SOBRE EL INGRESO AL PROGRAMA. Realizada la evaluación pertinente, el Director del Programa deberá pronunciarse en forma oportuna y fundamentada respecto de la admisibilidad del candidato al Programa. Cuando se deniegue el ingreso de un testigo al programa, se podráreevaluar la solicitud de incorporación por disposición expresa del Fiscal General, siempre que se trate de condiciones no tomadas en cuenta o.hechos nuevos o sobrevinientes. Esta decisión no podrá ser objeto de recurso administrativo alguno; y,

5. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS. Las medidas de protección deberán sér viables y proporcionales a: la situación de riesgo; la importancia del caso; la trascendencia e idoneidad del testimonio; la vulnerabilidad del sujeto de protección; la capacidad del candidato a adaptarse a las condiciones del Programa; y, a la capacidad del agente generador de Ja situación de riesgo de hacer efectivo el daño.

La autoridad competente deberá dar seguimiento a las medidas de protección implementadas y a las adoptadas en coordinación con las entidades públicas o privadas nacionales o internacionales competentes cuando las circunstancias así lo ameriten.

 La Fiscalía General de la República, como autoridad central, podrá celebrar acuerdos con instituciones u organismos de otros Estados, organizaciones internacionales y con organizaciones no gubemamentales sobre cooperación; a fin de obtener apoyo para el desarrollo del Programa.

Cuando se ejecuten acciones de protección entre el Programa y cualquier otro ente público o privado, se coordinarán los mecanismos internos para el manejo de la confidencialidad y . secretividad de la información, a fin de garantizar la reserva sobre la idenitidad y ubicación del Testigo.

Toda autoridad pública está obligada, a prestar colaboración para la ejecución de las medidas de protección a solicitud del Director del Programa, o pena de las sanciones administrativas y penales correspondientes.

Todas las personas protegidas estarán exoneradas del pago de tasas, impuestos, contribuciones y cargas públicas que estas autoridades cobren normalmente por la provisión de estos servicios, siempre que tengan relación directa con la protección.

Los servidores públicos incorporados al Programa gozarán de licencia remunerada por un plazo máximo de un (1) año; desde que se les otorgue la protección: Transcurrido dicho plazo sino sehubiese normalizado la situación, el Estado le otorgará la cesantía, reconociéndole todos sus derechos.

Los trabajadores incorporados al Programa gozarán del derecho ala suspensión de la relación laboral hasta por seis (6) meses. Transcurrido dicho plazo, si no pudieren reincorporarse al trabajo por: subsistir cl riesgo, los patronos deberán pagarles sus prestaciones e indemnizaciones laborales.

Para gozar de los derechos conferidos en los dos (2) artículos anteriores a los servidores públicos y trabajadores, éstos deberán dar aviso al patrono en un término ño mayor de cinco (5) días, por medio del Programa.

Cuando por razones de la protección, las personas incorporadas. al Programa nó hayan o no puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales, las mismas estarán eximidas de toda responsabilidad basta la normalización de su situación, debiéndose comprobar dicho extremo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) por la Dirección del Programa.

Los jueces no podrán limitar, modificar o suspender las medidas de protección acordadas por el Programa en beneficio de las personas incorporadas en él.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas asignará los recursos necesarios para la creación, implementación y funcionamiento del Programa.

A partir del ejercicio fiscal para el año 2008; el Ministerio Público incluirá en su proyecto anual de presupuesto las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.

Adicionalmente, el Programa podrá recibir, por medio del Ministerio Público, los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones que serán deducibles del impuesto sobre la renta así como los de cooperación.

Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para los fines previstos en esta Ley tendrán el carácter de reservado: En ningún caso se revelará la identidad del beneficiario del Programa o cualquier otra información que conduzca a ella o a su ubicación.

De igual manera, con el fin de garantizar la confidencialidad de la información que soporta los gastos reservados, y que pueda conducira la localización o identificación de los testigos protegidose el Programa podrá ejecutar los recursos mediante la figura de A entidad aparente.

Las erogaciones que se ejecuten con cargo al programa de protección se consideran gastos reservados incurridos en Estado de Emergencia, no se sujetarán a las normas y procedimientos de contratación estatal establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento, o en las normas que las modifiquen o sustituyen.

La ejecución presupuestaria estará sujeta al control posterior por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

La aplicación de la presente Ley no podrá menoscabar ninguna de las garantías y derechos contenidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales ratificados porel Estado de Honduras.

Los funcionarios y empleados que formen parte de la estructura del Programa estarán sujetos a las disposiciones de la Ley del Ministerio Público y del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público; así como sus reglamentos:

Dada su naturaleza, el Programa será implementado gradual y progresivamente, de acuerdo con los recursos de que disponga y aplicando los principios y objetivos previstos en esta Ley y su Reglamento.

Reformar el artículo 23 del Decreto No.45-2002 de fecha 5 de marzo del 2002, contentivo de la Ley de Lavado de Activos, el cual en lo sucesivo deberá de leerse de la manera siguiente:

Finalizado el proceso penal en los delitos a que se refiere esta Ley, cuando la sentencia sea firme y ordene la pena de comiso, se procederá a la venta en pública subasta de los bienes, muebles e inmuebles, corporalesincorporales inmateriales, siempre y cuando no proceda legalmente su destrucción, subasta que se llevará a cabo quince (15) días después de su publicación en dos (2) diarios escritos de circulación nacional. En este caso, el producto de la venta y el diñero incautado incluyendo depósitos bancarios, títulos valores y demás créditos, así como las multas, serán distribuidos por la OABI de la manera siguiente:

1. Hasta en un veinticinco por ciento (25%) para las unidades que hayan participado en la incautación de los mismos; si se tratare de varias unidades el refcrido porcentaje será dividido por la OABI tomando en consideración su grado de participación en la incautación;
2. Hasta: un veinticinco por ciento (25%) para el Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público;
3. Hasta un veinticimico por ciento (25%) para las instituciones que trabajan en la prevención del delito y rehabilitación del delincuente; y,
4. Veinticinco por ciento (25%) restante se destinará a lo estipulado en el párrafo tercero del Artículo 20 de la Ley de Lavado de Activos.

La Oficina Administradora de Bienes Incautados, dependencia del Ministerio Público, será la encargada de velar por la guarda, administración y liquidación de todos los bienes, productos o instrumentos del delito en que la autoridad administrativa judicial hubiese incautado, asegurado o secuestrado de acuerdo con La Ley, debiendo asignarse del producto de la liquidación el veinticinco por ciento (25%) al Programa de Protección de Testigos.

La presente Ley para los efectos de su aplicación deberá estar debidamente reglamentada en el término de ciento veinte (120) días contados apartir de su vigencia, por el Ministerio Público.

 La presente Ley entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.