Juicio previo.

Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.

Estado de inocencia.

Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de éste Código. En consecuencia, hasta esa declaratoria, ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal ante terceros. Por consiguiente, lo que se informe, se limitará a poner de manifiesto la sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior obligará a los responsables a indemnizar a la víctima por los perjuicios causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que proceda.

Respeto de la dignidad y de la libertad.

Los imputados tienen derecho a ser tratados con el respeto debido a todo ser humano y a que se respete su libertad personal. La restricción de ésta, mientras dure el proceso, sólo se decretará en los casos previstos en el presente Código.

Principio de contradicción.

Salvo que el presente Código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción. Tanto el imputado como su defensor, tendrán derecho a presentar los elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, incluso durante la investigación preliminar. En éste último caso lo harán ante el fiscal a cuyo cargo se encuentre la investigación.

Protección de los intervinientes en el proceso. El Estado por medio de sus Órganos competentes, brindará de oficio asistencia y protección a las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran.

Antecedentes penales. Únicamente las condenas impuestas mediante sentencias firmes, tendrán la calidad de antecedentes penales. El Poder Judicial llevará el registro correspondiente.

Independencia de jueces y magistrados. El juzgamiento de los delitos y de las faltas, así como, el control de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridadcorresponderá a jueces y magistrados independientes e imparciales, sólo sometidos a la Constitución de la República, a los tratados y a las leyes. Por ningún motivo los otros órganos del Estado interferirán en el desarrollo del proceso. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez informará a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la interferencia o pre- sión provengan de la propia Corte Suprema de Justicia, de alguno de los magistrados o de otro tribunal, el informe será presentado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por conducto del Fiscal General de la República.

Finalidad del proceso. La finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal

Saneamiento de irregularidades procesales. Los jueces y magistrados adoptarán las providencias que sean precisas para corregir las irregularidades que adviertan en los procesos, a fin de impedir la nulidad de las actuaciones o la realización de cualquier acto que tenga como propósito, dilatar indebidamente los procedimientos. En el cumplimiento de esta función, actuarán con estricto respeto de los derechos que corresponden a los sujetos procesales. El tribunal rechazará de plano sin posibilidad de recurso alguno, toda solicitud que se aprecie tenga como finalidad dilatar maliciosamente el proceso, sin perjuicio de que al ser evidente la infracción dolosa de esta disposición se sancione al responsable con una multa entre dos (2) y tres (3) salarios mínimos, según la gravedad de la actuación.

Reforma

*Reformado mediante Decreto, 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta No.33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Neutralización de los efectos del delito. Los jueces y los magistrados adoptarán las medidas necesarias para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y para que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de que los mismos se hubieren producido.

Prohibición del doble juzgamiento. Ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias.

Lealtad para con la justicia. Los juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuarán con absoluta lealtad a la justicia. Los órganos jurisdiccionales rechazarán fundadamente las pretensiones, incidentes y excepciones que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe o con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley sustantiva o procesal. La infracción dolosa de esta disposición, especialmente en los casos de ocultación de pruebas o la presentación de pruebas falsas, será sancionada con suspensión del ejercicio profesional hasta por un término de un (1) año de acuerdo a la gravedad de la infracción, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que se incurra. La resolución de suspensión y sus antecedentes se remitirá en consulta al tribunal superior jerárquico respectivo. La acción para depurar la responsabilidad correspondiente y para imponer, en su caso, la sanción sólo podrá ejercitarse cuando en el procedimiento penal recaiga resolución judicial que aprecie la infracción

Igualdad de los intervinientes. Los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso.

El derecho de defensa es inviolable. El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario de la autoridad correspondiente, cuando los derechos en referencia perjudiquen el curso normal de los actos o del proceso. Los órganos encargados de la persecución penal estarán obligados a hacer valer con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del imputado, sino también, las que lo eximan de ella, la extingan o atenúen.

Asistencia técnica y defensa. Toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un profesional del derecho, desde que es detenida como supuesto partícipe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, hasta que la sentencia haya sido plenamente ejecutada. Si el imputado no designa defensor, la autoridad judicial solicitará de inmediato el nombra- miento de uno de la defensa pública o, en su defecto, lo nombrará ella misma. Éste derecho es irrenunciable. Su violación producirá la nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del defensor del imputado.

Derechos de la víctima de un delito o falta. La víctima de un delito o falta tendrá derecho a:

1. Constituirse en acusador privado o querellante y a intervenir como tal en todo el proceso conforme lo establecido en el presente Código. Para lograr lo anterior, si lo necesita, tendrá derecho a ser asistido por el Ministerio Público en el caso de carecer de medios económicos; 
2. Ser informada de los resultados del proceso aún cuando no haya intervenido en élsiempre que lo solicite; 
3. Ser escuchada antes de cada resolución que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite; 
4. Participar en las audiencias públicas conforme lo establecido por éste Código; 
5. Objetar ante el superior del fiscal que interviene en el proceso, el archivo administrativo indebido de las diligencias, en los casos previstos en el presente Código; y 
6. Los demás consignados en otras leyes. La víctima será informada sobre sus derechos en el momento de presentar su denuncia ante el Ministerio Público o la acusación, o la querella ante el juez competente o en el momento de su primera intervención en el proceso.

Quiénes tienen el carácter de víctimas. Tendrá el carácter de víctima:

1. El directamente ofendido por el delito, incluyendo el Estado y demás entes públicos o privados; 
2. El cónyuge o compañero de vida, los hijos, los padres adoptivos, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos en los delitos cuyo resultado haya sido la muerte del ofendido; y 
3. Los socios respecto de los delitos que afecten a una sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al patrimonio proindiviso.

Interpretación de pasajes oscuros de la ley. Los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal se interpretarán del modo que más favorezca a la persona imputada.

Fuentes auxiliares de la actividad judicial. La jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina en cuanto fuentes auxiliares del derecho, serán tenidos también en cuenta en la actividad judicial.

Generalidad de las garantías y principios procesales. Las garantías y principios previstos en éste Código serán observados en todos los procedimientoscuando como consecuencia de ellos, se deban aplicar sanciones penales o medidas restrictivas de la libertad a una persona.

Respeto a los jueces y magistrados y acatamiento de sus decisiones. Los funcionarios, empleados públicos y personas particulares, guardarán a los jueces y magistrados el respeto y consideración que por su alta investidura merecen. Las sentencias, resoluciones, providencias u órdenes que los jueces, tribunales de sentencia y magistrados dicten en el ejercicio de sus funciones, serán acatadas sin tardanza ni condiciones. La violación de estos preceptos, se sancionará cuando proceda conforme lo prescrito por el Código Penal.

Prohibición de limitar o interferir la actividad judicial. Queda terminantemente prohibido a los particulares, funcionarios y empleados públicos, realizar actos tendentes a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. La contravención de esta norma se sancionará con la pena prevista para el delito de sedición. Los particulares, funcionarios y empleados públicos, civiles o militares, tampoco podrán hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza a los jueces y magistrados, que puedan interferir o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador. La violación de esta norma se sancionará con las penas previstas en el Código Penal.

Instructivos. La Corte Suprema de Justicia dictará los instructivos que sean necesarios para la aplicación de éste Código, sin que en ningún caso puedan contravenirdisminuir, restringir o tergiversar lo dispuesto en la Constitución de la República, los tratados de los cuales Honduras forma parte, éste Código y demás leyes.

Ejercicio de la acción pública. El ejercicio de la acción pública le corresponderá al Ministerio Público, el cual podrá proceder de oficio o a instancia de parte interesada. En los asuntos de su competencia, tal acción será ejercitada por la Procuraduría General de la República, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. También podrá ser ejercitada por las víctimas del delito, en su caso. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, todos los delitos, excepto los comprendidos en los artículos 26 y 27 de éste Código.

Acciones públicas dependientes de instancia particular. Los siguientes delitos sólo podrán ser perseguidos por el Ministerio Público a instancia de la víctima:

1. Las lesiones leves, las menos graves y las culposas; 
2. Las amenazas; 
3. El estupro, el incesto, el rapto, los abusos deshonestos, cuando la víctima sea mayor de catorce años. Antes de esta edad el delito será perseguible de oficio por el Ministerio Público; 
4. El hurto de bienes cuyo valor no exceda de diez veces el salario mínimo más bajo vigente en la región del país en que se haya cometido el delito;
5. La estafa y otros fraudes, excepto cuando el sujeto pasivo sea el Estado, en cuyo caso la acción puede ser ejercida igualmente por la Procuraduría General de la República; 
6. La usurpación; 
7. Los daños; y 
8. Los relativos a la propiedad intelectual o industrial y a los derechos de autor, excepto por lo establecido en el artículo 26-A.2 

De los casos determinados en los numerales 1) y 2) se exceptúan los de violencia intra familiar, definidos en el Código Penal, que podrán ser perseguidos por el Ministerio Público sin que preceda instancia de la víctima. 

Con todo, el Ministerio Público ejercitará la acción penal sin necesidad de requerimiento de parte interesada, cuando el delito haya sido cometido contra un menor o incapaz.

Formalizada la acusación, el desistimiento de la víctima no impedirá que continúe el proceso.

Acción pública para preservar pruebas. Con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora, podrán investigarse o tomarse otras medidas de observancia, de oficio, sin necesidad de una denuncia formal de un privado o titular del derecho, los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor.

Reforma

*Adicionado mediante decreto 14-2006 del 15 de marzo de 2006, publicado en La Gaceta No.30,961 del 24 de marzo de 2006.

Delitos perseguibles sólo por acción privada. Sólo serán perseguibles por acción de la víctima los delitos siguientes:

1. Los relativos al honor; 
2. La violación de secretos, su revelación y el chantaje; 
3. Derogado; 
4. La estafa consistente en el libramiento de cheques sin la suficiente provisión.

Reforma

*Numeral 3 derogado mediante Decreto No. 35-2013 de fecha 27 de febrero de 2013 y publicado en La Gaceta No. 32,222 de fecha 6 de septiembre de 2013.

Casos en que procede. El Ministerio Público tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente. No obstante, podrá abstenerse de ejercitar total o parcialmente la acción penal, limitarla a alguna de las infracciones o a alguno de los imputados, en los casos siguientes:

1. Cuando la pena aplicable al delito sea leve o menos grave, la afectación del interés del público sea mínima y, de los antecedentes y circunstancias personales del imputado, se infiera su falta de peligrosidad; 
2. Cuando el imputado haya hecho cuanto estaba a su alcance, para impedir la consumación de los efectos del delito, si de los antecedentes y circunstancias personales del imputado, se infiera su falta de peligrosidad; 
3. Cuando el imputado, su cónyuge o la persona con quien hace vida marital o un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de adopción, haya sufrido, como consecuencia directa de un delito culposo, un daño físico o moral grave; 
4. Cuando la pena a aplicar por un delito, sea de menor importancia en comparación con la que se le impuso o se le debe imponer a la misma persona por otro delito conexo; y, 
5. Cuando se trate de asuntos de delincuencia organizada, de criminalidad violenta protagonizada por grupos o bandas de delincuentes, o de delitos graves de realización compleja que dificulte su investigación y persecución y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información especial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de terceras personas, siempre que la acción penal de la cual se trate, resulte más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita. En éste caso, serán aplicables, en lo procedente, las disposiciones relativas a la imposición de medidas cuando proceda la suspensión condicional de la persecución penal. 

En los casos de los numerales 1) y 2) de éste artículo, el Ministerio Público podrá optar alternativamente, atendidas las circunstancias del hecho y de la persona imputada, por suspender condicionalmente la persecución penal, en los términos establecidos en el artículo 36 de éste Código.

En el caso del numeral 4) de éste artículo, si el procedimiento concluyere por resolución definitiva no declaratoria de culpabilidad de la persona imputada del delito perseguido por el Ministerio Público, podrá éste, perseguir el delito o delitos menores dejados de perseguir, si entre tanto no hubiere transcurrido el plazo de su prescripción.

Aplicación del criterio. La aplicación del criterio de oportunidad deberá ser autorizada por el Fiscal General de la República, quien podrá delegar esta facultad en el director de fiscales y éste en el sentido descendente de la jerarquía, excepto en el caso previsto en el numeral 5) del artículo 28, cuya autorización deberá darla el titular de la Fiscalía General de la República.

Si como consecuencia de un delito, se hubieran ocasionado daños o perjuicios, será necesario, para aplicar el criterio de oportunidad, que el imputado haya reparado el daño causado o logrado acuerdo con la víctima en cuanto a la reparación.

Incumplimiento del acuerdo de reparación. Cuando se incumpla el acuerdo sobre la reparación del daño causado, quedará sin efecto el archivo, y el Ministerio Público deberá ejercitar la acción penal, si no hubiere transcurrido el plazo de prescripción.

Suspensión condicional de la persecución penal. El juez, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la suspensión de la persecución penal cuando concurran las circunstancias siguientes:

1. Que la pena aplicable al delito sea inferior a cinco (5) años; 
2. Que el imputado no haya sido condenado anteriormente por la comisión de un delito o falta; y 
3. Que la naturaleza o modalidades del hecho criminoso, el carácter y antecedentes del imputado, así como los móviles que lo impulsaron a delinquir, lleven al juez a la convicción de que el mismo no es peligroso. 

En la situación prevista en el presente artículo, el juez someterá al imputado a alguna de las medidas contempladas en el artículo siguiente. La puesta en práctica de esta resolución, requerirá del consentimiento del imputado.

La solicitud del Ministerio Público deberá contener:

1. Los datos que sirvan para identificar al imputado; 
2. El delito de que se trate; 
3. Los preceptos penales aplicables; 
4. Las razones justificativas de la suspensión; y 
5. Las reglas de conducta y plazos de prueba a que debería quedar sujeto el imputado. 

El Ministerio Público, antes de presentar la solicitud a que se refiere el párrafo anterior comprobará que la víctima y el imputado se han puesto de acuerdo sobre la reparación del daño causado, sobre el afianzamiento suficiente de la reparación o sobre la asunción formal de la obligación de repararlo por parte del imputado.

La solicitud podrá presentarse hasta antes de la apertura del juicio.

Si se revoca o deniega la suspensión de la persecución penal, la admisión de los hechos por el imputado carecerá de valor probatorio en el respectivo proceso.

Medidas aplicables en casos de suspensión de la persecución penal. Plazo de prueba. El juez, por auto motivado, al autorizar la suspensión de la persecución penal, fijará un plazo de prueba que no podrá exceder de seis (6) años e impondrá al imputado una o más de las medidas siguientes en función de la naturaleza del hecho y de las circunstancias del imputado:

1. Residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que el juez establezca; 
2. La prohibición del uso o consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicotrópicas o de cualquiera otra naturaleza que, dadas las circunstancias de la persona imputada puedan provocar peligro de perpetración de algún delito; 
3. Finalizar la educación primaria, en su caso, adquirir una profesión u oficio o seguir los cursos de capacitación que el juez determine; 
4. Efectuar labores o prestar servicios de utilidad pública, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en las instituciones que el juez señale; 
5. La prohibición de salir del país sin la previa autorización del juez. Para ese efecto, se comunicará la medida a las autoridades correspondientes; 
6. Someterse a tratamiento médico o psicológico; 
7. La prohibición de tener o de portar armas de fuego; y
8. La prohibición de conducir vehículos automotores. 

Las medidas impuestas se notificarán personalmente al imputado, con expresa advertencia sobre las consecuencias de inobservancia. Para controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en los numerales 1), 5) y 8), debe ser aplicable lo relativo al sistema de vigilancia electrónica personal.

Contra la resolución contentiva de las medidas, podrá interponerse los recursos de reposición y apelación subsidiaria en el efecto devolutivo.

Reformado

*Reformado penúltimo párrafo mediante decreto No. 98-2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, publicado en La Gaceta No. 34,473 de fecha 24 de octubre de 2017.

Revocación de la suspensión de la persecución penal. La suspensión de la persecución penal será revocada en los casos siguientes:

1. Cuando se incumplan las medidas impuestas, salvo causa justificada; 
2. Cuando se incumpla el acuerdo sobre la reparación del daño causado; y
3. Cuando el reo sea condenado como consecuencia de la comisión de un nuevo delito.

Suspensión del plazo de prueba. El plazo de prueba se suspenderá cuandoen virtud de otro proceso, el imputado se encontrare privado de su libertad. Si en dicho proceso no se le privare de su libertad, el plazo seguirá corriendo, pero se suspenderá la declaración de extinción de la acción penal, hasta que quede firme la resolución que lo sobresee, absuelve o hace cesar indefinidamente a su respecto el otro proceso.

Conversión de las Acciones Públicas. Las acciones públicas podrán ser ejercitadas conforme al procedimiento especial previsto en éste Código para las acciones privadas, siempre que la víctima resuelva ejercitarla por su cuenta, en los casos siguientes:

1. Cuando el Ministerio Público se abstenga de ejercitar la acción penal conforme el artículo 28; y 
2. En cualquiera de los casos previstos en el artículo 26.

Causas de extinción de la acción penal. La acción penal se extingue:

1. Por las causas que, con arreglo al Código Penal, extinguen la responsabilidad penal, y con los efectos que en dicho Código se establecen;
2. Por abstención del ejercicio de la acción penal, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de éste Código, salvo las excepciones establecidas en el artículo citado;
3. Por el cumplimiento del plazo señalado en el párrafo primero del artículo 37;
4. Por el desistimiento o abandono de la querella respecto de los delitos de acción privada o de los de acción pública que, por conversión de ésta, a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior, hayan sido sometidas al procedimiento especial previsto en éste Código para las acciones privadas;
5. Cuando después de dictado el sobreseimiento provisional no se reabra la investigación dentro de los cinco (5) años siguientes; y
6. Por efecto de la cosa juzgada.

Conciliación. En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular, siempre y cuando el límite máximo de cualquiera de las penas principales aplicables al delito cometido sea inferior a cinco (5) años, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio.

En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, en el momento procesal oportuno, el órgano Jurisdiccional podrá exhortarlas, a efecto de que manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse. Para facilitar el acuerdo de las partes, se podrá solicitar el asesoramiento de personas o entidades especializadas, o instar a los interesados, para que designen un amigable componedor. Los conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes.

Cuando se produzca la conciliación, el órgano jurisdiccional homologará los acuerdos y declarará extinguida la acción penal.

Sin embargo, la extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla con todas las obligaciones contraídas. Para tal propósito podrá fijarse un plazo máximo de un (1) año, durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal.

Si el imputado no cumpliere, sin justa causa las obligaciones pactadas en la conciliación, el procedimiento continuará como si no se hubiera conciliado.

En caso de incumplimiento por causa justificada, las partes podrán prorrogar el plazo hasta por seis (6) meses más. Si la víctima no aceptare prorrogar el plazo, o se extinguiere éste sin que el imputado cumpla la obligación, aún por justa causa, el proceso continuará su marcha sin que puedan aplicarse de nuevo las normas de la conciliación.

El órgano jurisdiccional no aprobará la conciliación, cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad para negociar0 ha actuado bajo coacción o amenaza.

No obstante lo antes expuesto, en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, el órgano jurisdiccional no debe procurar la conciliación entre las partes, si no lo solicita en forma expresa la víctima o sus apoderados legales.

Enumeración de las excepciones. En el procedimiento penal sólo son admisibles como excepciones:

1. La incompetencia; 
2. La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 
3. La extinción de la acción penal.

Jurisdicción penal. Corresponderá a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y faltas. Los órganos de la jurisdicción penal tendrán, con exclusividad, la potestad pública para conocer los procesos penales, resolverlos y ejecutar sus sentencias. La jurisdicción en materia penal será improrrogable y comprenderá: 1. El conocimiento de los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, salvo lo establecido por el Código Penal, por éste Código y por las normas del Derecho Internacional vigentes en la República; y 2. El conocimiento de los delitos cometidos en el extranjero en los casos que el Código Penal señala. El órgano jurisdiccional competente, para conocer de un delito o falta, lo será también para resolver las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del proceso, aunque no pertenezcan al orden penal, siempre que tales cuestiones se encuentren tan íntimamente ligadas al hecho punible, que sea racionalmente imposible su separación. La resolución de tales incidentes, sin embargo, producirá efectos únicamente en materia penal y se fundará en los preceptos legales correspondientes. No obstante, lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en los casos de inmuebles no vinculados a denuncias de usurpación vigentes y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, sólo podrán ser resueltas por los tribunales civiles

Competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá, en forma exclusiva:

1. De los procesos que tienen como finalidad deducirle responsabilidad a las personas que gocen de inmunidad de acuerdo con la Constitución de la República y demás leyes; 
2. De los conflictos de competencia que deba resolver conforme a la Ley; 
3. Del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias que las Cortes de Apelaciones dicten en primera instancia; 
4. Del recurso de casación penal; 
5. De la revisión en materia penal; y 
6. De los demás asuntos que determine la Constitución de la República, el presente Código y demás leyes.

Reforma

*Derogado numeral 1, esta inmunidad fue Derogada en la Constitucion de la República en su artículo 200 numerales 1 al 5 mediante decreto No. 175-2003 del 28 de octubre de 2003, ratificado mediante Decreto No. 105-2004 del 27 de Julio de 2004, publicado en La Gaceta 30,492.

Competencia exclusiva de las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones, con competencia en materia penal, conocerán:

1. De los casos especiales en que, de conformidad con la ley, deban actuar como tribunal de primera instancia; 
2. Del recurso de apelación previsto en éste Código; y
3. De los demás asuntos que determine el presente Código y demás leyes

Competencia exclusiva de los Tribunales de Sentencia. "Los Tribunales de Sentencia conocerán del juicio oral y público a que este Código se refiere. Estos Órganos jurisdiccionales conocerán en forma pluripersonal o colegiada de los delitos graves y en forma unipersonal de los delitos menos graves, de los de acción privada y de los que merecen declaratoria de reo.

Para el conocimiento de los delitos graves, los Tribunales de Sentencia estarán integrados por cuatro (4) Jueces, de los cuales tres (3) intervendrán en el juicio y uno (1) deberá estar siempre presente en el debate para sustituir a alguno de aquellos en caso de impedimento grave. Para los delitos menos graves, los de acción privada y los que merecen declaratoria de reo, los Tribunales de Sentencia estarán integrados por un solo Juezquien tendrá a su cargo el conocimiento y la resolución de todos y cada uno de los actos que integran el debate o juicio oral y público y el procedimiento especial de querella.

En los casos donde simultáneamente se impute delitos graves, menos graves, de acción privada y declaratoria de reo, los Tribunales de Sentencia conocerán de los mismos en forma pluripersonal o colegiada.

En todos aquellos artículos que en el presente Código, se haga referencia al Presidente, a los miembros del Tribunal de Sentencia o al Tribunal de Sentencia, se entenderá hecha al Juez del Tribunal de Sentencia Unipersonal, en los casos cuando de acuerdo al ámbito de su competencia les corresponda al conocimiento de la causa.

Reforma

*Reformado mediante Decreto No. 96-2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, publicada en La Gaceta No. 34,545 de fecha 18 de enero de 2018.

Competencia exclusiva de los Jueces de Letras. Los Jueces de Letras conocerán:

1. De los Requerimientos Fiscales planteados por el Ministerio Público, así como las peticiones de éste, los acusadores privados, los querellantes y las victimas conforme lo prescrito por el presente Código; 
2. De la sustanciación y resolución de los asuntos propios de las etapas preparatoria e intermedia; 
3. De la sustanciación y resolución de los asuntos propios del procedimiento abreviado y de la suspensión condicional del proceso; 
4. De los antejuicios promovidos contra Jueces de Paz; 
5. De los Requerimientos Fiscales contra los Jueces de Paz, Jueces de Letras y Magistrados de Cortes de Apelaciones para hacer efectiva criminalmente su responsabilidad oficial, una vez declarada con lugar la acusación en el respectivo antejuicio. En éste caso, el Juez de Letras conocerá solamente de los trámites señalados en los numerales 2) y 3) de éste artículo; 
6. De los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia, por el Juez de Paz en juicio por faltas; y
7. De la sustantación y resolución de los asuntos propios de procedimiento expedito para los Delitos en Flagrancia.

Reforma

*Reformado mediante Decreto 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta No. 33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Competencia exclusiva de los Jueces de Paz. Los jueces de paz serán competentes para:

1. Conocer de las peticiones y requerimientos del Ministerio Público, los acusadores privados, los querellantes y las víctimas cuando no sea posible lograr la intervención inmediata del juzgado de letras competente;
2. Efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal; 
3. Sustanciar los juicios por faltas; y
4. En los lugares en los que no existan oficinas del Ministerio Público, ni Juzgados de Letras o Tribunales de Sentencia, recibir las denuncias y querellas que se presenten y remitir las primeras al Ministerio Público para que practique las investigaciones correspondientes, y las otras al Tribunal de Sentencia respectivo.

Autoridad competente para conocer de delitos cometidos en lugar ignorado.Cuando se ignore el lugar en que se ha cometido un delito, será el órgano jurisdiccional competente para conocer de las causas, según corresponda:

1. El del lugar en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito; 
2. El del lugar de aprehensión del inculpado; 
3. El del lugar de residencia o domicilio del inculpado; y 
4. El que sea requerido por el representante del Ministerio Público para realizar actos urgentes. 

Las cuestiones de competencia entre dos (2) órganos jurisdiccionales se decidirán reconociendo competencia a aquel que le corresponda según el orden establecido en los numerales anteriores. Tan luego como conste el lugar en que se cometió el delito, se remitirán las actuaciones al Órgano jurisdiccional competente y se pondrán a su disposición los detenidos y sus efectos decomisados.

Los delitos conexos. Son delitos conexos:

1. Los cometidos simultáneamente por dos (2) o más personas en forma conjunta; 
2. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o momentos, si ha precedido concierto para cometerlos; 
3. Los cometidos como medio de perpetrar o facilitar la ejecución de otros delitos; 
4. Los cometidos para procurar la impunidad en otros delitos; y 
5. Los diversos delitos que se imputen a un procesado al incoársele causa por cualquiera de ellos, si no han sido hasta entonces, objeto de proceso.

Competencia para conocer de los delitos conexos. En los procedimientos por delitos de acción pública conexos, conocerá un sólo órgano jurisdiccional. Será competente, por su orden:

1. El del territorio en que se haya cometido el delito al que deba aplicársele la mayor pena; 
2. El que primero haya iniciado la causa si a todos los delitos se les debe aplicar una pena igual; 
3. El que designe la correspondiente Corte de Apelaciones, con el único fin de atender a la mejor o más pronta administración de justicia, si las causas se iniciaron al mismo tiempo o no consta cuál se inició primero; y 
4. El que, en el caso del numeral anterior, designe la Corte Suprema de Justicia, si las causas se iniciaron en órganos jurisdiccionales sujetos a la jurisdicción de diferentes cortes de apelaciones.

Forma de promover las cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria.

El litigante que haya optado por uno de estos medios no podrá después abandonarlo para recurrir al otro. Tampoco podrá emplear los dos (2) simultánea ni sucesivamente.Las cuestiones de competencia también podrán ser promovidas de oficio por el respectivo órgano jurisdiccional.

Causas de recusación. Los jueces y magistrados y los auxiliares de los Órganos jurisdiccionales sólo podrán ser recusados por causa legítima.

Son causas legítimas de recusación:

1. Ser cónyuge, conviviente o compañero de hogar, o pariente dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o de adopción o segundo (2do) de afinidad de alguna de las partes o de su mandatario o representante legal; 
2. Estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor o cómplice de un delito o falta; 
3. Haber sido juez o integrante de un tribunal en una etapa anterior del proceso; 
4. Haber sido defensor de alguna de las partes o intervenido en el caso como fiscalperito o testigo; 
5. Ser o haber sido denunciante, acusador privado o querellante de quien recusa; 
6. Ser o haber sido tutor o curador de alguna de las partes; 
7. Haber estado bajo tutela o cúratela de alguna de las partes; 
8. Tener el juez, su cónyuge o compañero de hogar o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, litigio pendiente con el recusante; 
9. Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes; 
10. Haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente de alguna manera su opinión so- bre la causa; 
11. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes; 
12. Haber recibido o esperar recibir en forma personal o directa o haberlo hecho su cón- yuge o compañera de hogar, sus padres o hijos u otras personas que vivan a su cargobeneficios de cualquier clase de alguna de las partes, o haber recibido las mismas personas, después de haberse iniciado el proceso, presentes o dádivas de cualquier valor de una de las partes; y 
13. Haber intervenido o estar interviniendo como juez en el mismo asunto, algún pariente dentro del cuarto grado (4to) de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad o por adopción o el cónyuge o persona con quien hace vida marital. 

Se considerarán partes, para los fines de éste artículo, al imputado y a la víctima, aunque esta última no figure como tal en el proceso, lo mismo que a sus mandatarios o representantes legales.

Efectos de las recusaciones. Durante la sustanciación de la excusa o de la recusación, el juez o magistrado correspondiente, no podrá intervenir en el incidente ni en el pleito, bajo pena de nulidad de lo actuado, salvo en casos urgentes que, debido a las circunstancias, no puedan ser atendidos por el reemplazante.

Aprobada la excusa o declarada con lugar la recusación, la intervención de los nuevos jueces o magistrados será definitiva respecto de la causa de que se trate, aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron el reemplazo.

Excusa y recusación de los auxiliares judiciales. Los fiscales, peritos oficiales y auxiliares de los órganos jurisdiccionales podrán excusarse o ser recusados por las mismas causas que los jueces y magistrados. La Institución a que presten sus servicios, hará las averiguaciones pertinentes en forma breve y sumaria y decidirá lo que corresponda en resolución motivada, contra la que no se permitirá recurso alguno.

Reforma

*Reformado mediante decreto No. 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicado en La Gaceta No. 33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

El acusador privado y los delitos de acción pública. En los delitos de acción pública, la víctima o su representante legal podrá provocar la persecución penal con la asistencia de un profesional del derecho debidamente colegiado y en el pleno ejercicio de su profesión, o intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, con todos los derechos y facultades que le confieren la Constitución de la República, el presente Código y las leyes especiales.

Cuando la víctima acredite carecer de medios económicos suficientes para ejercitar la ac- ción privada, será representada por el Ministerio Público.

El mismo derecho tendrá cualquier persona, natural o jurídica, contra los funcionarios o empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismashayan violado derechos humanos.

La participación de la víctima como acusador, no impedirá que el Ministerio Público cumpla con las funciones que le atribuye el presente Código o su respectiva ley, ni lo eximirá de sus responsabilidades.

Lo dispuesto en éste artículo se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por el artículo 230 de la Constitución de la República.

Requisitos de la acusación privada. La acusación privada contendrá:

1. Establecer la suma y la designación del tribunal, contentiva del delito por el cual se acusa; 
2. El nombre, apellidos y demás generales de quien se propone actuar como acusador privado; 
3. Una relación sucinta de los hechos; 
4. El nombre, apellidos y demás generales del imputado, si los conoce el acusador; 
5. Indicación precisa de las pruebas con que cuente o de las que tenga noticia; 
6. La petición concreta de ser tenido como parte; y 
7. Manifestación expresa del poder que le confiere al profesional del derecho que lo asista y la firma del acusador. 

Si quien comparece es el profesional del derecho, deberá acreditar su personería mediante escritura pública.

La falta de cualquiera de los requisitos señalados no impedirá que se admita para trámite el correspondiente escrito, pero el juez respectivo ordenará al acusador privado que lo enmiende dentro de los tres (3) días siguientes, so pena de declararlo sin lugar. Si el escrito se declara sin lugar, tal hecho no será obstáculo para que se presente nueva- mente la acusación.

Las personas imputadas y sus derechos. Se considerará imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penalya se encuentre detenido o en libertad; o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención o prisión preventiva; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales y éste Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización.

A toda persona imputada se le garantiza su defensa. Tendrá derecho, en consecuencia, a:

1. Que la correspondiente autoridad le indique en el acto en forma clara y precisa, cuáles son los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen; 
2. Que se le permita comunicar de manera inmediata el hecho de su detención y el lugar en que se encuentra detenida, a la persona natural o jurídica que él desee. Si la persona natural o jurídica destinataria de la comunicación se encontrare fuera del territorio de la República de Honduras, el hecho de la detención y el lugar en que se encuentre la persona detenida se pondrán en conocimiento de la representación diplomática o consular correspondiente. En defecto de todos ellos, la información se dará al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.La persona detenida podrá realizar por sí misma dicha comunicación, salvo que se haya decretado la secretividad de la investigación, en cuyo caso, lo hará la autoridad o funcionario a cuya disposición se encuentre dicha persona.
3. Ser asistida, desde que sea detenida o llamada a prestar declaración, por un profesional del derecho. Éste podrá ser designado por la persona detenida o por su cónyuge o compañero de hogar o por un pariente dentro del cuarto grado de con- sanguinidad o segundo de afinidad. Si las personas mencionadas no designan defensor, cumplirá esta función el defensor público que el órgano jurisdiccional designe y, de no haberlo en la localidad, el defensor de oficio que también designará el órgano jurisdiccional;
4. A entrevistarse privadamente con su defensor desde el inicio de su detención, incluso en la Policía Nacional y antes de prestar declaración, si así lo desea;
5. A abstenerse de formular cualquier declaración sin que esta decisión sea utilizada en su perjuicio y si acepta hacerlo, a que su defensor esté presente al momento de rendirla, lo mismo que en cualquier otra diligencia en que se requiera la presencia del imputado;
6. A que no se empleen en su contra, medios que de cualquier modo lastimen su dignidad personal;
7. A no ser sometida a técnicas o métodos que alteren sus capacidades de conocimiento y comprensión del alcance de sus actos o su libre voluntad, tales como: Malos tratosamenazas, violencia corporal o psíquica, torturas, aplicación de psicofármacos, hipnosis y polígrafo o detector de mentiras;
8. A que no se empleen medios que impidan su movilidad durante la realización de las actuaciones procesales. Éste derecho se entenderá sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y según el criterio del juez o del Ministerio Públicosean necesarias;
9. A ser asistida por un intérprete o traductor si no conoce el idioma español, sea sordomudo que no pueda darse a entender por escrito o que por cualquier causa no pueda expresarse;
10. A estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario; y
11. A requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa, y que no haya sido dispuesto por aquél. En éste caso, el Ministerio Público resolverá motivadamente lo que estime oportuno en el plazo de veinticuatro (24) horas. Si denegare la práctica de la actuación requerida, el defensor de la persona imputada, podrá solicitar al Juez de Letras competente que ordene su ejecución y, este, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, decidirá lo conveniente. Si estima procedente dicha actuación, ordenará al Ministerio Público que disponga su práctica.

La persona que sea objeto de investigación por el Ministerio Público, aunque no tenga la condición de imputada, tendrá derecho a presentarse, en su caso, con o sin profesional del derecho que lo asista, ante el Ministerio Público para que se le informe sobre los hechos que se le atribuyen y para que se le escuche.

La Policía Nacional, el Ministerio Público y los jueces, harán saber, de manera inmediata y comprensible, a la persona imputada o a la que, sin serlo aún, pero siendo objeto de investigación por el Ministerio Público, comparezca ante éste para ser oída, todos los derechos a que el presente artículo se refiere, lo cual se hará constar en acta que deberá ser firmada por la persona que ha comparecido o consignarse su negativa. La infracción de éste artículo hará que la detención sea considerada ilegal, solamente para los efectos de la responsabilidad penal.

Exámenes corporales y extracción de muestras del imputado. Para la determinación de la verdad, el órgano jurisdiccional podrá a petición de parte interesadaordenar, de ser necesario, que se practiquen a la persona imputada o sospechosa de haber participado en la comisión de un delito exámenes corporales o extracciones de muestras que técnica y científicamente sean útiles, confiables y proporcionadas para aquel fin, siempre que no entrañen peligro para su salud.

Se practicarán en forma que no lastimen el pudor ni la dignidad del examinado. Cuando fueren imprescindibles para determinar la verdad, podrán practicarse incluso contra la voluntad de la persona imputada o sospechosa.

Para su práctica solo se podrá utilizar la fuerza cuando resulte proporcionada y no ponga en peligro la integridad del examinando. Tales intervenciones necesariamente deberán ser efectuadas por profesionales de la medicina, profesionales sanitarios, técnicos en laboratorio o microbiólogos, según corresponda.

Sujeto a las exigencias antes expuestas y en aquellos casos en que no sea posible obtener la autorización judicial porque el transcurso del tiempo pueda perjudicar la investigación volviéndola inocua, el Ministerio Público podrá disponer la práctica de tales exámenes y extracciones de muestras, dando cuenta inmediata y razonada al juez competente, quien convalidará o dejará sin efecto lo realizado.

Reforma

*Reformado mediante decreto 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta  No. 33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Asistentes no letrados de los intervinientes. Si el fiscal o cualquiera de los intervinientes en el proceso, pretende valerse de asistentes no letrados para que colaboren con él en el cumplimiento de sus funciones, pondrán en conocimiento de la autoridad ante la cual actuarán, sus nombres, apellidos y demás generales.

Dichos asistentes solo podrán cumplir labores accesorias y en ningún caso podrán Sustituir a la persona a quien auxilian. Los actos que realicen, sin embargo, comprometerán la responsabilidad de sus comitentes.

Los asistentes podrán hacer acto de presencia en las audiencias, pero no podrán intervenir en las mismas.

Lo dispuesto en éste artículo será aplicable a los estudiantes de la carrera de Derecho que se encuentren realizando su práctica judicial.

Lugar de celebración de las audiencias. Las audiencias se llevarán a cabo y las sentencias se dictarán en los lugares habilitados para tal fin por la Corte Suprema de Justicia, en éste caso los Tribunales de Sentencia; excepcionalmente, las actuaciones judiciales podrán realizarse fuera de la sede del Tribunal de Sentencia o fuera de su competencia territorial, como lo señala el artículo anterior, siempre que acrediten uno o más de los extremos siguientes:

1. La posibilidad de que se provoque una grave alteración del orden público en el desarrollo de una o más actuaciones o audiencias;
2. La inexistencia de garantías para la adecuada defensa de alguna de las partes, y;
3. Que se presenten obstáculos graves para la realización de la audiencia. Los Tribunales de Sentencia deberán informar a la Corte de Apelaciones respectivas mediante auto motivado y acompañando los elementos probatorios que acrediten uno o más de los extremos antes señalados, la que una vez informadatendrá tres (3) días hábiles para resolver mediante auto motivado, si se “autoriza o deniega” el traslado del Tribunal de Sentencia fuera de su sede o fuera de su competencia territorial; contra dicha resolución no procederá recurso alguno. Toda autorización de traslado que se dé sin la debida acreditación será responsabilidad de los magistrados de la Corte de Apelaciones que la aprueben.

En caso de autorizarse el traslado, el Tribunal de Sentencia acondicionará una sala reuniendo a las autoridades del lugar, a efecto de que presten el apoyo necesario para el normal desarrollo del juicio.

Reforma

*Reformado mediante decreto 44-2012 de fecha 10 de abril de 2012 y publicado en La Gaceta  No. 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012.

Sin perjuicio de lo que establecen los artículos anteriores, por cualquier tipo de delito, a petición de parte o de oficio, el Órgano Jurisdiccional Competente podrá acordar que con carácter excepcional, las audiencias se puedan efectuar en forma virtuala través de la tecnología de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen, el sonido y la interacción visualauditiva y verbal entre personas geográficamente distantes, siempre y cuando exista indicios de no poder realizarse la misma de manera presencial por concurrir alguno de los supuestos siguientes:

1. Por razones de cooperación internacional, en aquellos casos que alguno de los sujetos procesales no se encuentre en el país; 
2. Respecto de los acusados y condenados, para salvaguardar la seguridad de ellos o de cualquier otro interviniente procesal, asimismo en los casos donde el imputado es de alta peligrosidad o también exista peligro de fuga;
3. En aquellos casos donde los testigos, peritos o cualquier otro sujeto procesal, por cualquier causa, se encuentren en lugar distinto donde deba de verificarse la audiencia; y
4. Por cualquier otro motivo de idéntica o similar naturaleza, debidamente acreditadotomando en cuenta razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en los que la comparecencia de quien haya de intervenir en el proceso resulte particularmente gravosa o perjudicial.

Para fundamentar la resolución en la que se determine hacer uso del mecanismo de audiencia virtual o videoconferencia, bastará que el Órgano Jurisdiccional Competente razone la concurrencia de uno o varios de los elementos exigidos en el presente artículo.

El sistema de videoconferencia debe asegurar en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa.

Contenido de las actas. Las actas deberán contener:

1. El lugar, la fecha y la hora, en que aquéllas se levantan; 
2. El proceso con el que guardan relación; 
3. Los nombres y los apellidos de las personas intervinientes, y de las que llamadas a intervenir, no hayan comparecido y en éste caso, el motivo de su inasistencia, si fuere conocido; 
4. Las diligencias realizadas y sus resultados; 
5. Las declaraciones recibidas; 
6. El cumplimiento de disposiciones especiales establecidas para casos particulares; 
7. Las firmas de todos los intervinientes; previa lectura de lo escrito; y 
8. La mención de los lugares, fechas y horas de su continuación o la suspensión, cuando se trate de actos sucesivos llevados a cabo en un mismo lugar o en distintas fechas o lugares. 

Si alguno de los intervinientes no quiere o no puede firmar, se dejará constancia del hecho enel acta. Si alguno de los intervinientes no sabe firmar, podrá hacerlo otra persona a su ruego o un testigo de actuación convocado al efecto. El interviniente, en ambos casos, imprimirá su huella digital en el lugar correspondiente.

La omisión de alguna de las anteriores menciones, podrá ser subsanada posteriormente por cualquier elemento de prueba suficiente.

Contenido de la cédula de notificación. La cédula de notificación a que se refiere el artículo anterior contendrá:

1. El nombre del órgano jurisdiccional que ordena la notificación; 
2. El nombre y apellidos de la persona natural o representante legal de la persona jurídica; 
3. El objeto del proceso y los nombres y apellidos de las partes; 
4. Copia literal de la parte resolutiva de la decisión judicial que se notifica; 
5. El lugar, fecha y hora de la notificación; y 
6. La firma del notificante con indicación de su cargo.

Contenido de la cédula de citación. La cédula de citación contendrá:

1. La denominación y lugar del órgano jurisdiccional que haya dictado la providenciala fecha de ésta y el asunto en el que ha recaído; 
2. El nombre y apellidos de la persona natural o representante legal de la persona jurídica a quien debe hacerse la citación; 
3. El objeto de la citación y la parte que la haya solicitado; 
4. El lugar, día y hora en que debe comparecer la persona citada; y 
5. La prevención de que si no comparece, se le deducirán las responsabilidades a que haya lugar en derecho. 

A los testigos y peritos se les hará la prevención de que si no comparecen sin justa causaserán procesados por el delito de desobediencia. Se estará además, a lo dispuesto por los artículos 232 y 240 del presente Código.

Notificación y citación por edictos. Cuando se ignore el lugar en que se encuentra la persona que deba ser notificada, citada, emplazada o requerida, el órgano jurisdiccional ordenará la publicación de edictos por tres (3) días, en dos de los radio periódicos de mayor audiencia en el país. Los edictos también podrán publicarse en dos (2) de los diarios escritos de mayor circulación en la República o por medio de la televisión. En todos los casos, se dejará constancia en autos, de la publicación.

El edicto contendrá:

1. La denominación y lugar del órgano jurisdiccional que haya dictado la providenciala fecha de ésta y el asunto en que ha recaído; 
2. El nombre y apellidos de la persona natural o representante legal de la persona jurídica; y 
3. La orden de personarse al órgano jurisdiccional para ser notificado, citado, emplazado o requerido.

Casos de nulidad de los actos procedimentales. Serán nulos los actos procedimentales realizados:

1. Con inobservancia de las disposiciones concernientes al nombramiento, capacidad, jurisdicción o competencia de los órganos jurisdiccionales o de sus integrantes; 
2. Con inobservancia de las disposiciones concernientes a la iniciativa de los fiscales y de los acusadores privados, y a su participación en los actos en que su intervención sea necesaria;
3. Con inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención y participación del imputado en el procedimiento, y las relativas a su representación y defensa;
4. Por error sobre sus presupuestos de hecho o bajo violencia física o por efecto de intimidación racional y fundada de un mal inminente y grave, sin perjuicio de las responsabilidades en que podría incurrir la persona causante de la violencia o de la intimidación;
5. Con infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por éste Código, que impida que el acto logre la finalidad que persigue la norma correspondiente;
6. Con infracción de los principios de igualdad entre las partes, de audienciacontradicción, asistencia y defensa, siempre que hayan producido una efectiva indefensión; y
7. Con violación de los derechos y libertades fundamentales de la personaconsagradas por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes.

Personas que pueden solicitar la nulidad y las oportunidades procesales. Los actos en los cuales concurra causa de nulidad, serán anulables por reclamación de la parte perjudicada, interpuesta en las oportunidades procesales siguientes:

1. La nulidad de los actos realizados durante la etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia;
2. La de los realizados durante la audiencia preliminar, antes del auto de apertura de juicio oral;
3. La de los realizados en el auto de apertura del juicio o en el momento de la notificación de éste, en fase de preparación del juicio;
4. Las causas de nulidad por hechos sobrevenidos con posterioridad, o por hechos precedentes que no hubieran sido conocidos con anterioridad, en la audiencia anterior al debate, de conformidad con lo previsto por el artículo 316 de éste Código; y 
5. Las producidas en el curso del debate o durante la tramitación de un recurso, antes de que (1) uno u otro concluyan.

La pretensión anulatoria deberá ser motivada y será resuelta en audiencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición. Las que se presenten durante una audiencia, se formularán verbalmente y serán resueltas de inmediato. No podrá pretender la anulación la parte que dio lugar a la causa de nulidad. El órgano jurisdiccional rechazará la pretensión anulatoria, cuando mediante ella se intente tan solo dilatar indebidamente el procedimiento o corregir cualquier deficiencia imputable al reclamante, cuando éste haya dejado precluir la oportunidad de subsanarla.

Subsanación de actos viciados. Salvo que se disponga expresamente lo contrario, los actos viciados se tendrán por subsanados cuando:

1. Ninguna de las partes haya reclamado oportunamente la declaración de su nulidadsin perjuicio del poder de iniciativa judicial en los casos expresamente deter- minados por éste Código; 
2. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto viciado de nulidad; 
3. No obstante el vicio, se haya alcanzado la finalidad perseguida mediante el acto viciado; y 
4. El órgano jurisdiccional, de oficio o a petición de parte, haya podido eliminar la causa de nulidad.

Medidas cautelares personales: presupuestos y finalidad. Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Para que pueda adoptarse una medida cautelar limitativa de la libertad personal, será siempre preciso:

1. Que existan suficientes indicios para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito; 
2. Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 
3. Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba

Medidas cautelares aplicables. El órgano jurisdiccional, concurriendo los presupuestos legitimadores, podrá adoptar, por auto motivado, una o más de las medidas cautelares siguientes:

1. Aprehensión o captura; 
2. Detención preventiva;
3. Prisión preventiva;
4. Arresto en su propio domicilio o en el de otra persona que lo consienta, bajo vigilancia o sin ella;
5. Someter al imputado al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe periódicamente al juez;
6. Obligar al imputado a presentarse periódicamente ante un determinado juez o autoridad que éste designe;
7. Prohibirle al imputado salir del país, del lugar de su residencia o del ámbito territorial que el órgano jurisdiccional determine;
8. Prohibirle al imputado concurrir a determinadas reuniones o a determinados lugares;
9. Prohibirle al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre que con ello no se afecte el derecho de defensa;
10. La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra persona, de cualquiera de las garantías siguientes: Depósito de dinero o valores, hipotecaprenda o fianza personal; 
11. El internamiento provisional en un establecimiento psiquiátrico, previo dictamen; y 
12. Suspensión en el ejercicio del cargo, cuando se le atribuya un delito contra la administración pública. 

Para los mismos fines previstos en éste Artículo, y para los efectos de la investigación, el Ministerio Público en caso de urgente necesidad que impida recabar la autorización judicial, podrá adoptar una o más de las medidas cautelares previstas en los numerales 1) 2), 7) 9) y 11) de éste artículo. Inmediatamente lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional, exponiendo las razones que impidieron obtener aquella autorización. El Órgano jurisdiccional, oída la persona imputada y su defensor, convalidará o dejará sin efecto lo dispuesto por el Ministerio Público.

Para controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en los numerales 4), 5), 6) 7) 8) y 9), debe ser aplicable lo relativo al sistema de vigilancia electrónica personal, al tenor de las circunstancias y regulaciones apuntadas en los artículos siguientes.

Reforma

*Reformado por adición ultimo párrafo mediante decreto 6-2017 de fecha 22 de febrero de 2017, publicado en La Gaceta No. 34,276 de fecha 27 de febrero de 2017.

El juez determinará la modalidad a aplicar para cada persona. Una será la vigilancia electrónica con restricción al perímetro del domicilio y otra es la que permita el tránsito restringido. En los casos en que el juez considere procedente aplicar la vigilancia electrónica personalel acta que se levante en la respectiva audiencia, debe contener además lo siguiente:

1. El domicilio o el lugar donde cumplirá la medida o será el punto de referencia para su radio de acción y desplazamiento geográfico; 
2. El enunciado de los derechos, obligaciones, restricciones y responsabilidades a las que tendrá que sujetarse el procesado o condenado; 
3. El compromiso de no cambiar su domicilio, sin previa autorización judicial; 
4. El compromiso de concurrir ante las autoridades policiales, fiscales o judiciales, las veces que sea requerido, a fin de verificar que cumpla con las condiciones de la medida; 
5. El compromiso de no manipular o dañar el dispositivo electrónico, por si mismo, a través de terceros o mediante el uso de sistemas electrónicos o informáticos que impidan o dificulten su normal funcionamiento; y 
6. Todas aquellas otras precisiones que considere pertinente el juez.

Si el imputado o condenado incumpliese alguna de las obligaciones o restricciones impuestas al concederle la medida de vigilancia electrónica personal, el juez de oficio o a petición del fiscal, ordenará su inmediato internamiento en un establecimiento penitenciario. El juez no podrá aplicar esta medida en casos de reincidencia o habitualidad en la comisión de delitos.

Tampoco podrá disponer el uso de estos mecanismos de control en personas que tengan marcapasos u otros dispositivos médicos similares y que se pudieren ver afectados con la herramienta de monitoreo.

Aprehensión de las personas. La Policía Nacional podrá aprehender a cualquier persona aún sin orden judicial en los casos siguientes:

1. En caso de flagrante delito, entendiéndose que se produce tal situación cuando: a) Sea sorprendida cometiendo el delito o en el momento de ir a cometerlo; y b) Sea sorprendida inmediatamente después de cometido el delito. 
2. Cuando la persona sorprendida en alguno de los dos casos anteriores, está siendo perseguida por la fuerza pública, por el ofendido o por otras personas. En ambos casos, cualquier persona podrá también proceder a la aprehensión y adoptar las medidas necesarias para evitar que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más próxima; 
3. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito y la persona aprehendida haya sido sorprendida teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o falta, o presente señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada; 
4. Cuando existan indicios muy fundados de haberse cometido un delito, de haber participado en él la persona aprehendida y que ésta pueda tratar de ocultarsefugarse o ausentarse del lugar; y 
5. Cuando al iniciarse las investigaciones, en la imposibilidad de distinguir entre las personas presentes en el lugar, a los partícipes en el hecho y a los testigos, exista necesidad urgente de impedir que alguna de ellas se ausente, o se comuniquen entre si, así como evitar que puedan modificar en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito. 

En éste último caso, una vez acreditada la ausencia de indicios de participación respecto de una o más de las personas retenidas, serán éstas dejadas en libertad, una vez recibida la información necesaria para la investigación y dejada constancia de los datos relativos a su identidad.

La Policía Nacional podrá también aprehender nuevamente a la persona que consiga fugarse después de una primera aprehensión, lo mismo a la que se hubiera evadido del establecimiento donde se encontrara en calidad de detenido, preso o penado, o durante su traslado desde o hacia dicho establecimiento.

Dentro de las seis (6) horas siguientes al momento de la aprehensión, la autoridad policial que la haya practicado o a la que le haya sido entregada la persona sorprendida in fraganti, dará cuenta del hecho al Ministerio Público y al juez competente. Si la captura la realiza la Policía Preventiva, deberá poner a la persona aprehendida, de manera inmediata, a la orden de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC)*, así como los instrumentos, los efectos del delito y las piezas de convicción si las hubiere.

Detención preventiva. El Ministerio Público podrá ordenar la detención preventiva de una persona cuando:

1. Existan razones para creer que participó en la comisión de un delito y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; 
2. Al iniciarse las investigaciones, no puedan identificarse los presuntos imputados o testigos y haya que proceder con urgencia, a fin de evitar que quienes estuvieron presentas en el lugar en que se cometió el delito se alejen del mismo, se comu- niquen entre sí o se modifique en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito; y 
3. Sin justa causa, cualquier persona obligada a prestar declaración, se niegue a hacerlo después de haber sido debidamente citada.

Toda detención preventiva será puesta sin tardanza en conocimiento del juez competente y en ningún caso podrá exceder de veinticuatro (24) horas o cuarenta y ocho (48) en aquellos casos en que investiguen los delitos de investigación complejas, acusa de la multiplicidad de los hechos relacionados, dificultades en la obtención de pruebas o por elevado número de imputados o víctimas.

La orden de detención preventiva deberá contener la denominación de la autoridad de quien emane; el lugar y la fecha de su expedición; el nombre, apellidos y demás datos que sirvan para identificar a quien debe detenerse, la causa de la detención y la firma y sello de quien la expide.

Salvo en los casos previstos en los artículos 279, 281 y 282, la Policía Nacional no podrá ordenar o practicar la detención preventiva de persona alguna.

Reforma

*Reformado mediante decreto 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta  No. 33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

De la prisión preventiva. Por prisión preventiva se entenderá la privación de libertad que se produzca, durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme.

Para ordenar la prisión preventiva, deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes:

1. Peligro de fuga del imputado; 
2. La posible obstrucción de la investigación por parte del imputado; 
3. Riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva a la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados; y 
4. Riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante. 

En la resolución que ordene la prisión preventiva, se deberá consignar expresamente la causa o causas en que se funde, así como los indicios resultantes de las actuaciones practicadas, que se hayan tenido en cuenta para acordarla.

Peligro de fuga del imputado. Para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes:

1. La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar definitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto; 
2. La gravedad de la pena que pueda imponerse al imputado, como resultado del proceso; 
3. La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del imputado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora; y 
4. El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal.

Peligro de obstrucción. Para decidir acerca del peligro de obstrucción de la investigación, se tendrá en cuenta todo indicio racional del cual se infiera que el imputado:

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará la prueba o pruebas existen- tes, relacionadas con el delito; 
2. Influirá en los demás imputados o en los testigos o peritos, para que informen falsamente sobre lo que saben o para que se comporten de manera desleal o reticente; y 
3. Forzará o inducirá a otros interesados a observar los comportamientos previstos en el numeral anterior. 
4. Riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva de la que hay sospecha pertenece y utilice los medios que ella le brinde a fin de infrigir un temor racional en los intervinientes del proceso. 

Los motivos precedentes solo servirán de fundamento para la prisión preventiva del imputado, hasta la conclusión del debate.

Reforma

*Reformado mediante decreto 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicado en La Gaceta  No. 33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Casos en que no podrá decretarse prisión preventiva. No podrá decretarse prisión preventiva contra:

1. Los mayores de setenta (70) años; 
2. Las mujeres en estado de embarazo; 
3. Las madres durante la lactancia de sus hijos; y 
4. Las personas afectadas por una enfermedad en su fase terminal; 
5. Quien actué al amparo del artículo 24 numeral 1 del Código Penal. 

En tales casos, la prisión preventiva se sustituirá por arresto domiciliario o internamiento en un centro médico según las circunstancias; en los supuestos contenidos en los numerales 1,2 y 3 de éste artículo esta medida cautelar será sustituida siempre y cuandono exista los riesgos procesales descritos en el artículo 178 numerales 1,2,3 y 4 de éste Código.

Sustitución de la prisión preventiva. Siempre que los riesgos a que se refiere el artículo 178 puedan ser evitados por la aplicación de otra medida menos gravosa para su libertad, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá imponer al imputado, en lugar de la prisión preventiva, una (1) o más de las medidas comprendidas en los numerales 4), 5), 6), 7), 8), 9) y 10) del artículo 173.

Las medidas anteriores podrán ser impuestas en forma simultánea o sucesiva. El juez velará por el estricto cumplimiento de la medida impuesta, para lo cual deberá contar con el apoyo de la Policía Nacional.

Las medidas alternativas de la prisión preventiva no podrán imponerse si existe grave riesgo de que no se logre la finalidad perseguida o en caso de reincidencia.

En los casos en que el imputado no tenga capacidad para rendir una caución de naturaleza económica, podrá decretarse caución juratoria, la cual consistirá en prestar juramento de someterse al procedimiento. La caución juratoria deberá decretarse conjuntamente con la medida a que se refiere al numeral 6) y el artículo 173 y cualquiera otra que el juez considera conveniente.

En ningún caso procederá la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar en los delitos cometidos por miembros del crimen organizado.

Sin perjuicio de que el órgano judicial en las etapas respectivas determine como criminalidad organizada las acciones delictivas, por la forma y modalidad como se ejecutaron las mismas, no procede la imposición de medidas sustitutivas de la prisión preventiva en los delitos siguientes:

1. Homicidio: excepto en los casos en donde después de valorada la prueba evacuada en la audiencia inicial, se determine que el imputado actuó en una causa de justificación, establecidas en el artículo 24 del Código Penal; 
2. Asesinato; 
3. Parricidio; 
4. Violación; 
5. Trata de Personas; 
6. Pornografía Infantil; 
7. Secuestro; 
8. Falsificación de Moneda y Billetes de Banco; 
9. Robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares y, el robo de ganado mayor; 
10. Magnicidio de Jefe de Estado o de Gobierno Nacional o Extranjero; 
11. Genocidio; 
12. Asociación lícita; 
13. Extorsión; 
14. Delitos relacionados con Armas de Guerra; 
15. Terrorismo; 
16. Contrabando, en los casos de los artículos 392-A y 392-B, en Is numerales 1), 2)5), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) y 21) del Código Penal;
17. Defraudación Fiscal en los casos tipificados en el artículo 392-D, en los numerales 1), 2), 9), 10), 11), 12), 14), 15) y 19) del Código Penal. 
18. Delitos relacionados con el tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes; 
19. Lavado de Activos; 
20. Prevaricato; y 
21. Femicidio.

Reforma

*Reformado mediante decreto 56-2013 de fecha 16 de abril de 2013 y publicada en La Gaceta  No. 33,122 de fecha 17 de mayo de 2013.

Forma y contenido de las resoluciones que decreten prisión preventiva o medidas sustitutivas. Las resoluciones que decreten la prisión preventiva, el internamiento o las medidas sustitutivas, deberán contener:

1. La denominación del juzgado que adopte la medida, lugar de emisión y fecha de aquella;
2. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo;
3. Una sucinta relación del hecho o hechos que se atribuyan al imputado, con su calificación legal;
4. Los fundamentos de la imposición de la medida, con indicación de los presupuestos que la motiven, especificando, en su caso, la existencia de peligro de fuga, de obstrucción de las investigaciones, de que existen motivos suficientes para presumir que el imputado continuará su actividad delictiva o que pueda atentar o ejercer actos de represalia contra el acusador o denunciante; expresando los indicios tenidos en cuenta, así como, las normas aplicables al caso;
5. La parte dispositiva, con clara expresión de la medida aplicable, su régimen de cumplimiento y duración máxima; y
6. La firma y sello del juez que dicta la medida y del respectivo secretario.

Cada tres (3) meses el juez examinará si las medidas impuestas deben mantenerse o ser sustituidas por otras o revocadas.

Contenido del acta que registre una medida sustitutiva. Antes de poner en práctica las medidas sustitutivas de la prisión preventiva a que se refiere el artículo 184 el secretario formulará un acta que deberá contener: 

1. Denominación del juzgado de que se trate y lugar y fecha del acta;
2. Constancia de que se notificó al imputado la correspondiente resolución;
3. La dirección exacta de las personas que habrán de intervenir en la ejecución de las medidas impuestas y la aceptación por parte de dichas personas, de la función u obligación que se les haya asignado;
4. La indicación precisa de las consecuencias que para el imputado tendrá el incumplimiento de las medidas impuestas;
5. La dirección exacta en que puedan hacérsele notificaciones, citaciones y emplazamientos al imputado;
6. La promesa formal del imputado de cumplir las medidas que se le hayan impuesto y de permanecer a la disposición del órgano jurisdiccional; y
7.  La firma del secretario y demás intervinientes.

Revocación o sustitución de medidas cautelares privativas de libertad. El juez, de oficio o a petición de parte, revocará o sustituirá la resolución en que se ordene la prisión preventiva del imputado, por otras medidas cautelares, cuando:

1. Hayan desaparecido los presupuestos que se tuvieron en cuenta para dictarla; 
2. El indiciado haya estado recluido por un tiempo igual o superior a la de la duración mínima de la pena prevista para el delito de que se trate; 
3. Haya transcurrido el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, y su prórroga, en caso de que ésta haya sido excepcionalmente acordada; 
4. La restricción de la libertad del imputado haya adquirido las características de una pena anticipada o provocado limitaciones a su libertad, que excedan las imprescindibles para evitar los riesgos a que se refiere el artículo 178 de éste Código.

Cancelación de las cauciones. La caución será cancelada y, en consecuencia, devuelto el dinero depositado o liberada la prenda o la hipoteca, si:

1. El imputado es sometido a prisión preventiva por el mismo u otro delito; 
2. Se revoca la resolución que haya admitido la caución; 
3. Por resolución firme en que se absuelva al imputado o se sobresea el proceso; 
4. Comienza la ejecución de la pena privativa de libertad o se establece que la misma no debe ejecutarse; y 
5. Muere el imputado.

Registro de sitios públicos. Cuando existan motivos para presumir que en un lugar público se ha cometido un delito o que en el mismo existen pruebas relacionadas con el que se está investigando o que en él se encuentra alguna persona fugada o sospechosa de haber participado en la comisión de un delito, se registrará el lugar sin más trámite. El registro de templos, edificios públicos, instalaciones militares o, en general, de bienes del Estado, se efectuará con sólo hacérsele saber a la persona a cuyo cargo se encuentren. Dicha persona podrá asistir a la diligencia o nombrar a otra para que la represente. La negativa a permitir el registro será constitutiva del delito de desobediencia. Si en cualquiera de los lugares mencionados en los párrafos precedentes existen bienes muebles cerrados o compartimientos también cerrados, en los que se presuma que se encuentran elementos útiles para la investigación de un hecho criminal, podrán ser inspeccionados de conformidad a lo que disponen los artículos 207 y 208, precedentes.

El registro se practicará en presencia de quienes se encuentren en el lugar. Los elementos probatorios de la comisión de un delito serán mantenidos en depósito por la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) o de acuerdo con lo que disponga el fiscal encargado de la investigación del hecho, conforme lo establecido en el artículo 217. De todo lo actuado se dejará constancia en acta, la que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 207 precedente.

Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. 

Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes:

1. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 
2. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitadasea propia o ajena; 
3. Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se esta cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y 
4. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. 

En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello.

Mandamiento y contenido de la orden de allanamiento. Para practicar un allanamiento, el juez expedirá mandamiento que contendrá los requisitos siguientes:

1. El órgano jurisdiccional que ordena el allanamiento y el asunto con el que se relaciona; 
2. La indicación precisa del lugar o lugares que habrán de ser registrados; 
3. La indicación de ser registrados; 
4. La designación de juez ejecutor, el que en todo caso deberá estar acompañado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) o en su defecto por la Policía Nacional Preventiva; 
5. El motivo preciso del allanamiento, con indicación concreta de las personas u objetos buscados, si son conocidos, y de las diligencias por practicar; 
6. La fecha, la firma y sello del juez.

Objetos que no pueden secuestrarse. No podrán ser objeto de secuestro:

1. Las comunicaciones escritas que hayan tenido lugar entre el imputado y su defensor o entre el primero y las personas que, de conformidad con el artículo 228 puedan legalmente abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o que no deban hacerlo por estar obligadas a mantener un secreto profesional; 
2. Las notas tomadas por las personas a que se refiere el artículo 228 sobre informa- ciones que les haya proporcionado el imputado o sobre cualquier circunstancia relacionada con los hechos que se investigan, cualquiera que sea su fuente; y 
3. Los resultados de exámenes de laboratorio o de diagnósticos médicos realizados bajo secreto profesional, salvo que el propio examen técnico sea el hecho objeto de investigación. 

Las limitaciones anteriores sólo serán procedentes cuando los objetos o documentos se encuentren en poder de quienes legalmente puedan abstenerse de declarar como testigos, excepto si son sospechosos de haber tenido participación en la comisión del delito o de que lo están encubriendo o si los objetos o documentos son producto del hecho punible o fueron utilizados en la comisión de éste.

Incautación, decomiso y destrucción de mercancía falsificada o pirateada. En los delitos contra los derechos de propiedad intelectual, el juez o tribunalordenará, adicionalmente, las medidas siguientes:

1. La incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Los materiales sujetos a incautación en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden;
2. El decomiso de todo activo relacionado con la atividad infractora;
3. El decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o que infrinja el derecho de autor o derechos conexos, sin compensación alguna al demandado, con el fín de evitar su ingreso en los canales comerciales; y
4. El decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora.

Reforma

*Adicionado mediante decreto 14-2006 del 15 de marzo de 2006, publicado en La Gaceta  No. 30,961 del 24 de marzo de 2006.

Derogado.

Reforma

*Derogado mediante decreto No. 243-2011 de fecha 8 de diciembre de 2011 y publicado en La Gaceta No. 32,731 de fecha 26 de enero de 2012.

Personas exentas de atender las citaciones. No están obligados a comparecer a las citaciones del Ministerio Público ni de los órganos jurisdiccionales aunque sí obligados a declarar, las personas siguientes: 

1. El Presidente de la República y los Designados a la Presidencia de la República; 
2. Los Secretarios y Sub-secretarios de Estado; 
3. Los Diputados al Congreso Nacional; 
4. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las autoridades judiciales jerárquicamente superiores al órgano jurisdiccional que deba recibir la declaración; 
5. El Arzobispo, los Obispos y los Vicarios generales o capitulares de la Iglesia Católica y las personas de rango comparable de otras iglesias legalmente reconocidas en Honduras; 
6. Los representantes ante el Tribunal Supremo Electoral; 
7. Los Diputados al Parlamento Centroamericano; 
8. Los Magistrados de la Corte Centroamericana; y 
9. Los demás que determinen las leyes especiales. 

Las personas a que se refieren los numerales anteriores rendirán la declaración en su casa de habitación u oficina, previa cita o por oficio urgente. La declaración deberá producirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. Las partes personadas en el procedimiento serán citadas y podrán asistir a la recepción del testimonio y formular en el acto, las preguntas que no sean declaradas inadmisibles por el juez o por el presidente o miembro del Tribunal de Sentencia que se designe. Dichas personas sin embargo, podrán renunciar al tratamiento especial previsto en éste artículo.

Los diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República y los representantes de organismos internacionales que gocen de inmunidad, de acuerdo con los convenios de que Honduras forme parte, no están sujetos a lo dispuesto en éste artículo, pero podrán declarar verbalmente o por escrito, si así lo determinan.

Reforma

*Numeral 1. Reforma Tacita, conforme a Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008 sobre el Recurso de Inconstitucionalidad No. 514-592-2008.

*Numeral 6. Reforma Tacita mediante decreto 412-2002 de fecha 13 de noviembre de 2002, publicado en La Gaceta No. 30,017 del 20 de febrero de 2003

Personas no obligadas a declarar. No están obligados a declarar, aunque sí a comparecer:

1. El cónyuge o compañero de hogar y los parientes del imputado dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 
2. El adoptante, en causa instruida contra el adoptado y viceversa; y
3. El guardador, en causa instruida contra su pupilo y viceversa. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los ministros de cualquier culto religioso y a los profesionales, autorizados para operar en el país en relación de las confidencias o secretos que hayan llegado a su conocimiento, por razón del ejercicio de su ministe- rio o profesión y que están obligados a guardar.

Las personas a que se refiere el párrafo primero serán informadas, antes de que inicien su deposición, sobre el derecho que tienen de abstenerse de declarar y de que si toman la determinación de hacerlo podrán abstenerse de contestar las preguntas que deseen. Lo mismo se hará respecto de los ministros de los cultos religiosos y los profesionales, en cuanto al secreto que están obligados a guardar, en relación con lo establecido en el párrafo anterior.

Los militares y los funcionarios públicos, en ningún caso, podrán dar testimonio sobre materias de que tuvieran noticias, y que deban considerarse secretos de Estado, porque su difusión pueda dañar gravemente o poner en riesgo también grave la seguridad o la defensa del Estado o sus relaciones internacionales.

Protección de testigos. Cuando se aprecie fundamento racional de que existe peligro grave para una persona, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o compañero de hogar o sus bienescomo consecuencia de su intervención en el proceso penal como denunciante, víctimatestigo o perito o se encuentre en las condiciones de vulnerabilidad descritas en el Artículo 237-A del presente Código, el Órgano Jurisdiccional, de oficio, a petición de parte o por manifestación de las personas que se encuentren en riesgo, ordenará la adopción de una o varias medidas de protección que se estime conveniente al caso concreto, entre ellas:

1. Que no conste en las actuaciones que se lleven a cabo, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno de las personas a las que se refiere el párrafo anterior que pudiese servir para identificar al compareciente; estos datos deberán de ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del Tribunal que conozca la causa. El compareciente deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento; no obstante, en aquellos casos en que la edad de la víctima sea un elemento relevante para la calificación del delito, se dejará constancia en el acta relativa a su declaración. Quien incumpla esta disposición incurre en un delito o responsabilidad penal; 
2. Que comparezcan para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal por el imputado y por el público; y 
3. Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario. 
4. Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio; 
5. Que la declaración del compareciente sea rendida mediante videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre el Órgano Jurisdiccional Requirente y el requerido, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa. En estos casos, el Órgano Jurisdiccional Requerido verificará previamente la identidad realde manera singular y sin consultar ningún documento distinto a los que haya autorizado el Órgano Jurisdiccional Requirente; sin embargo esta verificación se realizará de manera reservada en los casos que se haya dictado la medida de protección descrita en el numeral 1) del presente Artículo, debiendo remitir al Órgano requirente la información de identificación respetiva; y 
6. Otras a propuesta de las partes o a consideración del Órgano Jurisdiccional. Las medidas de protección anteriormente enumeradas son sin perjuicio de aquellas que se implementen en el marco de la Ley de Protección de Testigos en el Proceso Penal. 

Las medidas serán de carácter provisional y durarán el tiempo que sea necesario para evitar el riesgo, debiendo ser modificadas de manera inmediata en atención a la variación de las circunstancias que las motivaron.

Declaración de las Personas en estado de Vulnerabilidad en el Proceso Penal. Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental se encuentran especialmente expuestos a la revictimización y en condición de dificultad para participar en los actos y diligencias que conlleva el proceso penal, siempre y cuando se encuentre en los casos siguientes:

1. Personas menores de dieciocho (18) años de edad, cuando sean llamadas al proceso como testigos o víctimas de delitos contra la libertad e integridad física, psicológica y sexual y; hechos violentos; 
2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, delitos en perjuicio de la libertad e integridad física y corporal, psicológica y sexual; 
3. Personas con limitaciones mentales o sensoriales; y
4. Las víctimas o testigos en los supuestos de extorsión y asociación ilícita. 

La descripción anterior no debe entenderse restrictiva, sino extenderse a aquellas personas que tengan una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados del delito o de su participación en el proceso penal, en estos casos y en los establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del presente Artículo se requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgos para la salud psicofísica de las víctimas o testigos, en virtud de su participación en el proceso.

Procedencia del dictamen pericial. Se oirá el dictamen de peritossiempre que alguna parte lo pida y se trate:

1. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica, científica o artística; y 
2. Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera.

Personas que no pueden actuar como peritos. No podrán actuar como peritos aunque reúnan los requisitos a que se refiere el artículo anterior:

1. Los absoluta o relativamente incapaces; 
2. Quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos, según el presente Código; 
3. Quienes hayan presenciado el hecho sometido a investigación; y 
4. Los inhabilitados por sentencia firme.

Reconocimiento de personas en rueda. Para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente:

1. Quien lleve a cabo el reconocimiento, describirá a la persona de que se trate y manifestará si después del hecho que es objeto de investigación, la ha visto de nuevo, en qué lugar, por qué motivo y con qué propósito; 
2. Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure y se le pondrá junto a otras personas que físicamente se le parezcan; 
3. Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, si entre las personas a que se refiere el numeral anterior, se halla el imputado y, en caso afirmativo, se le in- vitará para que lo señale en forma precisa; y 
4. Finalmente, quien lleve a cabo el reconocimiento, expresará las diferencias y semejanzas que observe entre el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que se refiere la declaración. 

El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento del imputado.

Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros.

La observación de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2), se practicará desde un lugar en el que quien hace la identificación no pueda ser visto por aquel a quien se trata de identificar.

Etapas de la investigación y del juzgamiento. El proceso de investigación y juzgamiento de los delitos constará de las fases siguientes:

1. Etapa preparatoria; 
2. Etapa intermedia; y
3. Debate o juicio oral y público.

La etapa preparatoria. La etapa preparatoria estará formada por los actos siguientes:

1. Denuncia, cuando se presente; 
2. Investigación preliminar; 
3. Requerimiento fiscal y 
4. Audiencia inicial.

La etapa intermedia. La etapa intermedia comprenderá los actos siguientes:

1. Formalización de la acusación; 
2. Contestación de cargos; y
3. Auto de apertura del juicio.

Actos integrantes del debate. El debate o juicio oral y público estará formado por los actos siguientes:

1. Preparación del debate; 
2. Sustanciación del juicio; y 
3. Deliberación y sentencia.

Denuncia del hecho criminal. La etapa preparatoria del juicio se iniciará con la denuncia del hecho criminal ante la Policía Nacional o el Ministerio Público, o con las informaciones que se hayan recibido acerca del mismo, sin perjuicio de la acción del acusador privado, del Estado y sus entes.

Obligación de denunciar. Tienen la obligación de denunciar los delitos de acción pública:

1. Los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimiento de los mismos, en ocasión de sus funciones; 
2. Los médicos, farmacéuticos, odontólogos, estudiantes de medicina u odontologíaenfermeros, paramédicos, parteros y demás personas relacionadas con el ejercicio de profesiones, oficios o técnicas vinculadas con la salud, que tengan conocimiento de acciones u omisiones penales durante el ejercicio de sus actividades; y 
3. Los representantes de las personas naturales, los gerentes, administradores o re- presentantes legales de las personas jurídicas y en general, quienes tengan bajo su cuidado bienes ajenos, que tengan conocimiento de delitos cometidos en perjuicio de los intereses con los que estén relacionados.

Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá presentarse en forma verbal o por escrito. De las denuncias verbales se dejará constancia en acta que se levantará al efecto, la cual deberá contener:

1. La indicación del lugar y fecha; 
2. El nombre, apellidos y domicilio del denunciante, debiendo consignarse el documento de identificación personal; 
3. La relación circunstanciada del hecho denunciado; 
4. La indicación del nombre, apellidos y domicilio de cuantas personas hayan intervenido en el hecho o puedan proporcionar información sobre lo sucedido o, en caso de que esos datos no fueren conocidos, deberán indicarse cualesquiera otros que puedan servir para la identificación y localización de tales personas; y 
5.  La firma del denunciante y de la autoridad que haya levantado el acta.

Las denuncias escritas deberán reunir los requisitos señalados en el párrafo anterior.

La autoridad que reciba la denuncia, podrá requerir al denunciante para que proporcione datos complementarios que aquella estime necesarios, para valorar la confiabilidad de la información. 

El denunciante tendrá derecho a que se mantenga en reserva su nombre y su identidad y a que se le extienda copia del acta en que conste la denuncia, en su caso.

Atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar. Las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente a que se refiere el artículo anterior, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impe- dir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual podrán:

1. Citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración. A quienes no estén obligados a comparecer ante los tribunales pero sí a declarar, les recibirá la declaración en sus oficinas. Podrá asimismo, interrogar a las personas en su casa de habitación o en el sitio que considere más apropiado para el éxito de la investigación; 
2. Practicar inspecciones oculares en archivos, registros contables, documentos o sitios que formen parte de oficinas públicas, o de oficinas o locales privados abiertos al público; 
3. Realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la Medicina Forense; y 
4. Adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse. 

Para la realización de las actividades anteriores las señaladas dependencias no necesitarán autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte.

Las investigaciones de las mencionadas dependencias comprenderán no solo los cargos que se hagan al imputado, sino también los hechos que puedan servir para su defensa.

Actos jurisdiccionales: Pruebas anticipadas. En caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, adoptará las medidas necesarias para evitar el peligro, y en su caso, ordenar la recepción anticipada de la prueba.

Igualmente, el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, podrá disponer que se practique anticipadamente cualquier medio de prueba, cuando exista peligro grave de que resulte imposible o extraordinariamente difícil su práctica en el acto del debate.

Del mismo modo procederá el órgano jurisdiccional, a petición fundada del Ministerio Público o de cualquiera de las partes, cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que, por ausencia o por cualquier otra causa, sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios análogos.

Así también se procederá cuando se trate de los supuestos a que se refiere el Artículo 237-A del presente Código. Estas declaraciones deben ser siempre admitidas por el Órgano jurisdiccional en todas las etapas del proceso, no siendo necesaria una nueva comparecencia o declaración de la víctima o testigo, salvo en aquellos casos en que surjan noticias de circunstancias o acontecimientos relacionados con el hecho imputado o de su autor, siempre y cuando se haya respetado las garantías del proceso.

En todo caso, el juez librará citación al fiscal y los demás interesados que hasta el momento hayan sido identificados y que puedan comparecer, y estos tendrán derecho a asistir a la práctica anticipada de la prueba, en la forma prevista para el debate.

El imputado que se encuentre detenido, será representado por su defensor, salvo si pide intervenir personalmente y no existe peligro de fuga. En aquellos casos en que se desconozca quién es el imputado y la práctica de la prueba sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir la intervención del juez para que actúe de la manera mas expedita, debiendo citar éste un defensor de oficio para que controle el acto.

Reforma

*Reformado mediante Decreto No. 22-2015 de fecha 17 de marzo de 2015 y publicado en La Gaceta 33,797 de fecha 1 de agosto de 2015.

Investigación de los delitos. En el cumplimiento de sus funciones, los miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), actuarán por propia iniciativa, de acuerdo con las orientaciones generales impartidas por los fiscales y ejecutarán las órdenes de actuación concreta que de ellos reciban, en relación con el hecho investigado, cumpliendo sus cometidos de modo que se alcancen los fines perseguidos por aquellos.

Lo mismo harán los miembros de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva cuando desempeñen funciones de investigación criminal. Los directores de las respectivas instituciones establecerán los procedimientos de coordinación necesarios para el logro de tal fin.

Cuando se trate de uno de los delitos a que se refiere el artículo 27, sólo podrán actuar a instancia de la víctima.

La Policía Nacional o el Ministerio Público, en su caso, actuarán de conformidad con lo prescrito en el párrafo primero, cuando la víctima de un delito de acción privada le solicite que efectúe las investigaciones que servirán de base para la formulación de la correspondiente querella.

En los casos a que se refieren los dos (2) párrafos precedentes, la Policía Nacional o el Ministerio Público según corresponda, sólo podrán actuar de oficio para impedir la comisión del delito, prestar auxilio a la víctima o realizar actos urgentes de investigación.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores, será aplicable a la Policía Especial de Lucha contra el Narcotráfico en asuntos de su competencia.

Atribuciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tendrá además, de las establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, las atribuciones siguientes:

1. Recibir denuncias; 
2. Emplear la fuerza de modo excepcional y en la medida estrictamente necesaria; 
3. Permitir la intervención del defensor del inculpado en los términos previstos en éste Código; 
4. Informar sin tardanza al Comisionado de los Derechos Humanos sobre las detenciones practicadas; y 
5. Auxiliar a la víctima y proteger a los testigos.

Funciones de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva. En caso de flagrancia y en los demás en que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no pueda intervenir oportuna y urgentemente por carecer de agentes en el lugar, los miembros de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, cumplirán las funciones a que se refiere el artículo anterior, en cuyo ejercicio cesarán, tan pronto como los representantes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se hagan cargo de las mismas.

El resultado de las investigaciones hechas por la Dirección Nacional de Policía Preventiva será puesto sin tardanza a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Reglas a que está sometida la detención o captura de una persona. Para aprehender, detener o capturar a una persona, los miembros de la Policía Nacional actuarán de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Identificarse, en el momento de la captura, como agentes de la autoridad, para lo cual exhibirán el carnet o placa que los acredite como tales;
2. Hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario para el eficaz de- sempeño de las funciones y en la proporción que lo requiera la práctica de la detención;
3. Emplear las armas sólo cuando exista riesgo grave inminente o racional para la vida y la integridad física del agente o de terceras personas; temer una grave alteración del orden público, o sea necesario para evitar la comisión de un delito y no estén disponibles otros medios igualmente eficaces y menos peligrosos;
4. No cometer ni inducir o permitir que se cometan torturas, tormentos u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la captura como durante el tiempo que dure la detención;
5. No presentar a los detenidos antes los representantes de los medios de comunicación, preservando su derecho a que se les considere y trate como inocentes y el respeto a su propia imagen;
6. Informar a los detenidos o arrestados, en el momento de su detención o arrestocon la mayor claridad posible, sobre el motivo de la detención y ponerles de manifiesto el derecho que tienen de darle cuenta de su situación a un pariente o persona de su elección; de ser asistidos por un defensor; de guardar silencio; de no declarar contra sí mismos, contra su cónyuge o compañero de hogar ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y de que sólo hace prueba la declaración rendida ante juez competente; de su derecho a ser examinados por médico forense o, no siendo posible la presencia de éste sin gran demora, por otro médico disponible a fin de que deje constancia de su estado físico, y pueda atenderlo si fuere necesario y, en general, detalladamente, de cuantos derechos se reconocen al imputado en el artículo 101 de éste Código; 
7. Comunicar en el momento de efectuarse la detención, a los parientes u otras personas relacionadas con el detenido, el establecimiento al que será conducido; y 
8. Asentar en un registro especial que tendrá el carácter de documento público, el lugar, día y hora de la detención, el que será autorizado por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad.

Manejo y registro de la información recabada por la Dirección Policial De Investigaciones (DPI). Los miembros de la Agencia Tecnica de Investigacion (ATIC) informarán al fiscal correspondiente, a la mayor brevedad, yen todo caso, dentro de las seis (6) horas siguientes a la recepción de la información, de cada delito de que tengan noticia. Practicarán además, las investigaciones iniciales para reunir o asegurar los elementos de prueba y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos.

El personal a que se refiere el párrafo anterior, dejará constancia en acta de las diligencias practicadas, con expresión del día y la hora en que tuvieron lugar, de cualquier cir- cunstancia que pueda ser útil para la investigación y de las instrucciones recibidas de los fiscales.

El acta será firmada por el oficial que haya dirigido la investigación y, en lo posible, por las personas que hayan intervenido en los actos o proporcionado alguna información.

Los objetos secuestrados serán enviados al fiscal correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se haya iniciado la investigación, junto con el informe respectivo.

Las disposiciones contenidas en éste artículo, serán aplicables a la Dirección General de la Policía Preventiva y demás Direcciones dependientes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, así como, a la Policía Especial de Lucha contra el Narcotráficodependiente del Ministerio Público, en los casos en que, de acuerdo con éste Códigohayan debido realizar la investigación criminal

Decisiones del Ministerio Público una vez concluidas las investigaciones iniciales. Concluidas las investigaciones iniciales, la correspondiente dependencia del Ministerio Público podrá:

1. Ordenar el archivo del respectivo expediente; 
2. Pedir, por escrito, al Juez de Letras competente que:  a) Lo autorice para suspender la persecución penal y que le imponga al imputado una o varias de las reglas de conducta previstas en el artículo 37; b) Se dé al proceso el trámite del procedimiento abreviado o del juicio por faltas, remitiendo en éste caso, las actuaciones al Juez de Paz competente;  c) Se dicte sobreseimiento definitivo.
3. Presentar requerimiento fiscal ante el juez competente. En los casos previstos en el numeral 2) de éste artículo, el juez resolverá sin más trámitela solicitud correspondiente.

Reglas del requerimiento en relación con la detención del imputado. En el caso de que el Ministerio Público decida presentar requerimiento fiscalse procederá de la manera siguiente:

1) Si el imputado se encuentra detenido, será puesto a la orden del juzgado competente, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes y cuando se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados, dificultad en la obtención de pruebas o por elevado número de imputados o de víctimas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su detención o aprehensión, y el fiscal respectivo deberá, al mismo tiempo, presentar un escrito con expresión del hecho imputado y de su calificación provisional, indi- cando si considera necesaria, la detención judicial por un tiempo máximo de seis (6) días, justificando, en todo caso, la concurrencia de los presupuestos legitimadores exigidos por éste Código, o una medida sustitutiva, con exposición de las investigaciones que han de practicarse y de la necesidad de la detención judicial o de la medida pretendida para su éxito. Asimismo, pedirá al juez señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial;

En los casos en que el imputado sea puesto a la orden de juzgado competente haciendo uso del término de cuarenta y ocho (48) horas, el fiscal deberá exponer las razones que justifiquen el uso de término a la vez que acompañe la resolución donde se decretó la extensión del mismo;

Si el imputado no es detenido, el Ministerio Público presentará escrito como se señala en el numeral 1), y si considera que no concurren las circunstancias justificativas, para que el juez decrete detención judicial por el término de ley; así lo expresará; y solicitará se cite al imputado para hacerle conocer los hechos y que preste su declaración si desea. Si por el contrario, el Ministerio Público estima que concurren tales circunstancias, solicitará que se libre orden de captura; y

Si el imputado no ha sido detenido por encontrarse en el extranjero, el Ministerio Público presentará requerimiento fiscal para los efectos de solicitar su extradición cuando proceda.

Información de sus derechos al imputado. Antes de que el imputado preste su declaración, el juez le hará saber:

1. El contenido del requerimiento fiscal, indicando, en todo caso, de forma clara y precisa, los hechos que en él se le imputan;
2. La vigencia de los derechos que a todo imputado reconoce el artículo 101, de éste Código, y en especial, por lo que se refiere a la declaración, de los reconocidos en los numerales 5) y 10) de ese mismo artículo; y el derecho constitucional del imputado a no declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero o compañera de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto (4) grado de consanguinidad o segundo (2) de afinidad;
3. Su derecho a consultar con su defensor, la actitud que debe asumir durante la audiencia; y
4. Su derecho a proponer, en su defensa, lo que considere oportuno y exigir que el Ministerio Público, con la colaboración de su defensor, compruebe los hechos que exponga en su descargo.

Requisitos del requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal deberá contener, además, de lo señalado en el artículo 284 de éste Código:

1. El nombre y apellidos del imputado; 
2. La relación suscinta de los hechos; 
3. El delito que se imputa; 
4. La relación de las pruebas mediante los cuales pretenda acreditar la existencia del delito y la participación del imputado en la comisión de aquél; 
5. La petición que, según las circunstancias, proceda conforme a derecho; y 
6. El lugar, fecha, firma y sello del fiscal.

Audiencia inicial. El día y hora señalados, tendrá lugar la audiencia inicial con la presencia del imputado, el defensor, el fiscal y el acusador privado, en su caso. La ausencia del imputado o del acusador privado no impedirá que se celebre la audiencia.

El juez concederá la palabra al fiscal y al acusador privado, para que expliquen y funda- menten sus requerimientos, y al defensor para que plantee lo que considere procedente a favor del imputado.

La parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el juez resolverá únicamente con aquellos que se incorpore. De inmediato el juez pronunciará resolución:

1. Dictando sobreseimiento provisional; 
2. Dictando sobreseimiento definitivo; y 
3. Decretando auto de formal procesamiento o declaratoria de reo. 

En ésta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, asi como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada

Sobreseimiento definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando:

1. Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 
2. No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y 
3. Se ha extinguido la acción penal.

Resoluciones en caso de que no proceda el sobreseimiento. Si no procede el sobreseimiento provisional ni el definitivo, el juez resolverá, según corresponda:

1. Dictar auto de prisión y, en tal caso, decidir si decreta la prisión preventiva del imputado u otras medidas cautelares de conformidad con las pruebas practicadas al respecto. Para decretar el auto de prisión, el juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito; y 
2. Declarar al reo al imputado cuando se trate de delitos que no merezcan pena de privación de la libertad y concurran los requisitos señalados en el párrafo segundo del numeral anterior.

Señalamiento de la Audiencia Preliminar. El Juez, señalará día, fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la cual debe tener lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede firme el auto de formal procesamientocuando se trate de delitos graves y, dentro de los quince (15) días siguientes, en el caso de delitos menos graves y de los que merezcan declaratoria de reo.

Cinco (5) días antes del vencimiento de estos plazos, sin que se haya solicitado el señalamiento de la referida audiencia o la prorroga, el Juez, de oficio, fijará día, fecha y hora para la realización de la misma, la cual debe llevarse a cabo sin exceder los plazos establecidos de treinta (30) y quince (15) días, respectivamente.

En los casos de delitos graves, que sean de excepcional complejidad, el Ministerio Público o el Acusador Privado, pueden solicitar, por una sola vez, antes del vencimiento del plazo que se señala en el párrafo 1% de este Artículo, que el Juez fije una prórroga para la celebración de la indicada audiencia, sin que la misma pueda exceder de veinte (20) días.

El Juez, para la fijación del nuevo plazo, tomará en consideración:

1. Que se trate de un delito grave cuya investigación sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; y
2. Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior o la producción de pruebas de difícil realización.

La prorroga no significará una ampliación del plazo máximo de duración del procedimiento previsto en este Código.“

Celebración de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar el fiscal y el acusador privado, en su caso, formalizarán acusación, haciendo una exposición que deberá contener:

1. Una relación breve y precisa de las acciones u omisiones en que se funda la acción.
2. La expresa mención de los aspectos más relevantes de la investigación realizada en torno de dichas acciones u omisiones.
3. La calificación de los hechos, conforme lo dispuesto por el Código Penal o la ley especial de que se trate. En caso de duda la calificación podrá recaer, alternativa- mente, sobre delitos que se excluyan entre sí.
4. La participación que en las acciones u omisiones tuvo el imputado.
5. El mínimo y el máximo de las penas que considere deban aplicarse al indiciado o indiciados según resulte de su participación en el delito, sin perjuicio de las precisiones o modificaciones que a éste respecto se puedan introducir en el debate.

Después de las intervenciones del fiscal y del acusador privado, se dará la palabra al defensor para que conteste los cargos formulados contra el imputado. Cumplido lo anterior, se clausurará la audiencia.

Auto de apertura a juicio. Dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, el juez dictará el auto de apertura a juicio, el que deberá contener:

1. Los nombres y apellidos y, de ser posible, número de identidad o pasaporte en su caso de las partes; 
2. La descripción de las acciones u omisiones por las cuales se acusa. Si existe discrepancia entre la acusación presentada por el fiscal y la del acusador privadoel juez tratará de compatibilizarlas y, de no ser posible, se estará al contenido de la primera; 
3. La orden de que se tramiten separadamente las acciones que no puedan acumularse o que se acumulen las conexas; 
4. El emplazamiento a las partes para que, en el plazo común de cinco (5) díascontados a partir de la última notificación, más el que corresponda por la distanciaen su caso, se personen ante el Tribunal de Sentencia e indiquen la dirección exacta para hacer notificaciones; y 
5. La orden de remitir las actuaciones al Tribunal de Sentencia competente. 

En casos excepcionales de prueba compleja o difusa, el plazo a que se refiere el numeral 4) podrá ampliarse hasta por un (1) mes, a petición del fiscal, del acusador privado o del defensor. La petición deberá presentarse por escrito antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

Si con base en la formalización de la acusación por el fiscal y el acusador privado y en la contestación de cargos, el juez considera que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución, que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la apertura del mismo y, según el caso, pronunciará sobreseimiento provisional o definitivo.

Funciones del presidente del Tribunal de Sentencia. El presidente del tribunal dirigirá la audiencia, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos, mantendrá el orden en la sala de justicia y moderará las discusiones, sin coartar los derechos de las partes y de manera que las intervenciones conduzcan al esclarecimiento de la verdad.

Publicidad del juicio oral. El juicio será público, sin embargoexcepcionalmente el Tribunal de Sentencia de oficio o a petición de cualquiera de las partes y previa audiencia de éstas, podrá resolver motivadamente, que se realice total o parcialmente en forma privada, cuando:

1. Afecte directamente el honor, la intimidad personal o familiar o la vida privada de la víctima o de cualquiera de los testigos;
2. Ponga en peligro la vida o la integridad física de cualquiera de los miembros del Tribunal de Sentencia, de las partes o de alguna de las personas autorizadas para participar en el juicio;
3. Ponga en peligro un secreto oficial o privado que amerite protegerse;
4. Pueda alterarse el orden público.
5. El testigo sea menor de dieciocho (18) años.

Si el juicio se celebra en forma privada, el presidente del tribunal prevendrá a quienes intervengan en el mismo, que deben mantener en secreto los hechos en que hayan participado o de los que hayan tenido conocimiento. El incumplimiento de esta obligaciónse sancionará con la pena prevista en el Código Penal, en sus respectivos casos.

Lecturas y Reproducción de Medios Audiovisuales Autorizados. Excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura o reproducción, en su caso que hará el Secretario:

1. Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio; 
2. Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral; 
3. Los testimonios rendidos en juicio o excepcionalmente, en los casos previstos en el numeral anterior, durante la etapa preparatoria por los sordomudos que solo puedan darse a entender por escrito; 
4. Las actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser ratificadas en juicio siempre que sea posible; 
5. Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria, a efectos de ratificación en el acto del juicio. Cuando su contenido sea contradictorio con lo manifestado en dicho acto, las partes podrán interrogar al perito sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas; 
6. Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas; y 
7. Los testimonios o diligencias relacionadas a las personas en estado de vulnerabilidad descritas en el Artículo 237-A de esta Código, obtenidas a través de medios audiovisuales o dispositivos análogos, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 237-B.

El tribunal tendrá a su disposición, para su examen o lectura a efectos probatorios, los libros, documentos y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos enjuiciados.

Ningún otro elemento de prueba puede ser introducido al juicio para su lectura o reproducción.

Reforma

*Reformado por adición el numeral 7 y derogado segundo parrafo por Decreto No. 6-2017 de fecha 22 de febrero de 2017, publicado en La Gaceta No. 34, 276 de fecha 27 de febrero de 2017.

Forma de celebrar el debate. El debate podrá realizarse en una o varias sesiones que, para todos los efectos, se tendrán como una sola audiencia. Las sesiones serán diarias y consecutivas y sólo podrán interrumpirse por alguna catástrofe o hecho extraordinario que imposibilite o haga difícil su continuación o por disposición del Tribunal de Sentencia.

El Tribunal de Sentencia podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince (15) días, cuando:

1. Deba resolverse alguna cuestión que por su naturaleza, no pueda decidirse inmediatamente; 
2. Deba practicarse alguna diligencia en lugar distinto de aquel en que se celebre la audiencia; 
3. No comparezcan los testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable y no hayan pruebas que puedan evacuarse; 
4. Si un perito no puede ser localizado por la fuerza pública, el juicio continuará prescindiendo de esta prueba, salvo el caso de que la prueba pueda ser evacuada por otro perito; 
5. Alguna de las partes o un miembro del Tribunal de Sentencia no pueda continuar interviniendo en el juicio, salvo que pueda ser sustituido inmediatamente, conforme lo dispuesto en el presente Código; 
6. Alguna revelación o retractación inesperada produzca alteraciones sustanciales en la causa; 
7. El defensor lo solicite después de ampliada la acusación, siempre que por las ca- racterísticas del caso, el debate no pueda continuarse de inmediato; 
8. El imputado incurra en rebeldía durante el debate; 
9. Al imputado le sobrevenga alguna enfermedad o trastorno físico, que le impida la asistencia al acto del juicio hasta su restablecimiento, o un trastorno mental que limite gravemente su capacidad de comprensión de los actos del proceso y la posibilidad de obrar conforme a ese entendimiento; y 
10. Se ponga de manifiesto que la defensa del imputado resulta ineficiente, a juicio del tribunal. 

En el caso previsto en el numeral 9), se estará a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de éste Código.

En los casos previstos en éste artículo, el presidente del tribunal anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia y, si esto no es posible, hará saber a las partes que oportunamente las convocará para la siguiente sesión. El anuncio del día y de la hora en que continuará la audiencia, tendrá el valor de una citación.

Mientras dure la suspensión, los jueces y los fiscales podrán intervenir en juicios distintossalvo que el tribunal decida otra cosa, teniendo en cuenta la complejidad de los asuntos objeto del debate. Cuando sean varios los imputados y la causa de la suspensión tenga relación sólo con uno o algunos de ellos, el juicio continuará con los demás.

Diligencias para mejor proveer. Durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. El Tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenadas también por el juez en la audiencia inicial.

Normas para la deliberación y la votación. El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

El Tribunal de Sentencia deliberará y votará respecto de todas las cuestiones debatidas en la primera fase del juicio oral, según el orden siguiente:

Las relativas a la procedencia de la acción penal y las relacionadas con los incidentes que se hayan diferido para éste momento;

1. Las relativas a la existencia del hecho, su calificación y demás circunstancias del delito, a la participación que en él haya tenido el imputado y a los casos de concurso de leyes o de delitos; y
2. Las relativas a la petición de la suspensión del fallo y de las medidas reguladoras de la libertad; y,
3. En su caso, el mínimo y el máximo de la pena aplicable.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. El miembro del tribunal que disienta emitirá voto particular razonado.

Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechosen perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso.

Reforma

*Reformado mediante decreto 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicado en La Gaceta No. 33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes:

PRIMERA: Se dictarán en nombre del Estado de Honduras.

SEGUNDA: En su preámbulo se expresarán:

1. El tribunal que la dicte, los nombres y apellidos de sus miembros y el lugar y la fecha de la sentencia; 
2. Los delitos o faltas objeto de la acusación; 
3. Los nombres y apellidos del fiscal, si hubiere intervenido en el juicio, y en su casodel acusador y del apoderado, si lo tuvieren; 
4. El nombre y apellidos de la persona acusada, edad, filiación, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, lugar de nacimiento y el de su domicilio o residencia, así como el número de tarjeta de identidad o cualquier documento legal o auténtico que lo identifique, lo mismo que el nombre y apellidos de su defensor. 

TERCERA: Como antecedentes procesales, se consignarán, en párrafos separados y numerados, las conclusiones finales de la acusación y de la defensa.

CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente:

1. Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherenciasin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.
2. Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados.
3. Fundamentación jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados.

QUINTA: En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción.

La parte resolutiva contendrá, además, el pronunciamiento que corresponda en materia de costas.

Asimismo, en la parte resolutiva se dispondrá lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos y efectos del delito.

SEXTA: Al final, pondrán su firma autógrafa todos los miembros del tribunal y el secretario, quien dará fe de la autenticidad de las firmas que constan al pie de ella.

SÉPTIMA: El miembro del tribunal que discrepe con la mayoría, hará constar su voto particular disidente, que firmará, inmediatamente después de las firmas a que se refiere la regla anterior.

De la misma manera hará constar su voto particular concurrente, cuando se encuentre conforme con el contenido de la parte resolutiva, pero disconforme con todo o parte de los argumentos aceptados por la mayoría.

Resolución. Si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable.

En la misma se ordenará la inmediata libertad del imputado, aun cuando no haya adquirido el carácter de firme.

Mientras la sentencia no adquiera el carácter de firme, el tribunal a instancia de partepodrá mantener todas o algunas de las medidas cautelares a que se encuentre sujeto el reo o imponer otras, con el propósito de garantizar que el imputado permanezca a la orden del tribunal, siempre que no impliquen privación de libertad.

Redacción y lectura de la sentencia. La sentencia absolutoria será redactada y firmada tan pronto como haya sido votada.

Cumplido lo anterior, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias y, después de asegurarse de la presencia de las partes, dará a conocer verbalmente lo resuelto por medio de su presidente. Acto seguido, el secretario entregará a las partes, o a sus apoderados, fotocopia de la sentencia, lo que equivaldrá a la notificación de ésta.

Con todo, si por razones de tiempo o por la complejidad de los asuntos no pueda cumplirse lo anterior, la redacción y firma deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes. En tal caso, el presidente del tribunal señalará la fecha y hora en que se celebrará la audiencia de notificación.

Si alguna de las partes se hallare ausente, la notificación se le hará en la forma prevista en el Capítulo IV del TíIIuIo IV del Libro Primero de éste Código.

Reglas Aplicables en la Primera Fase. En una primera fase, el Tribunal de Sentencia, tomando como base las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas por éstas en el juicio oral y público, se pronunciará sobre la culpabilidad del procesadofijará el hecho o los hechos por los cuales se considera culpable, la calificación de los mismos, determinará el mínimo y el máximo de la pena aplicable y a instancia de parte debe ordenar su detención o las medidas cautelares sustitutivas que deberán aplicarse.

Cumplido lo anterior, el Tribunal de Sentencia regresará al salón de debates y el Presidente explicará en voz alta y con palabras sencillas y claras, que se ha tomado la decisión de condenar al imputado y señalará el día y la hora en que se reanudará el debate, para la individualización de la pena.

Con lo expuesto, quedará concluida la primera fase de la deliberación.

Entre la primera y la segunda fase, habrá un intervalo que no podrá exceder de quince (15) días continuos, que se utilizarán para practicar las investigaciones sobre los elementos que el Código Penal exige para la determinación de la pena concreta. El Órgano Jurisdiccional podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar con éste propósito, la práctica de investigaciones que estime oportunas.

Reforma

*Reformado mediante Decreto No. 10-2017 de fecha 27 de abril de 2017 y publicado en La Gaceta No. 34,376 de fecha 28 de junio de 2017.

Registro de lo ocurrido durante el juicio y contenido del acta. El secretario dejará constancia en acta de todo lo ocurrido durante el juicio oral y público, la cual contendrá:

1. Lugar y fecha de la audiencia, con indicación de la hora de inicio y finalización, así como, de las suspensiones y de las reanudaciones; 
2. El nombre y apellidos de los jueces, del fiscal y del acusador privado, en su casodel defensor y de los demás intervinientes, con indicación de la función que éstos cumplieron; 
3. El nombre, apellidos y demás generales del imputado; 
4. Un resumen del desarrollo del debate, con mención del nombre y apellidos de los testigos, peritos e intérpretes, indicación de lo manifestado por cada uno de ellos y señalamiento de los medios de prueba ejecutados durante la audiencia, incluidos los documentos que hubiesen sido incorporados al debate, por lectura; 
5. Las solicitudes o peticiones formuladas por las partes durante el juicio, las resoluciones recaídas, un resumen de las conclusiones de las partes y de la intervención de la víctima y del imputado, en su caso, y de la sentencia definitiva proferida; 
6. Los demás sucesos acaecidos durante el debate, por instrucciones del presidente del tribunal o por iniciativa de cualquiera de los jueces, del fiscal, del acusador privado, en su caso, y del defensor y en particular, de las objeciones hechas por alguna de las partes, a efecto de preparar el recurso de casación por quebrantamiento de forma; y 
7. La firma del presidente y del secretario. 

El tribunal podrá acordar que el acta sea complementada, total o parcialmente, por la grabación magnetofónica o audiovisual, o por otra forma de registro.

Cualquiera de las partes podrá solicitar autorización para grabar o filmar total o parcialmente lo que suceda durante el debate, y el presidente, en caso de acceder a la petición, ordenará las medidas necesarias, para evitar obstaculización al desarrollo del juicio.

El secretario entregará de oficio a cada una de las partes, con la copia de la sentencia, un ejemplar del acta.

Resoluciones apelables y efectos del ejercicio del recurso. El recurso de apelación procederá contra las resoluciones siguientes:

1. La de sobreseimiento provisional o definitivo;
2. La que decida un incidente o una excepción;
3. El auto de prisión o declaratoria de reo;
4. La que ordene la prisión preventiva o la imposición de medidas sustitutivas y las modificaciones de la primera o de las segundas;
5. La sentencia dictada en el procedimiento abreviado y en el antejuicio, en su caso;
6. La resolución que declare la extinción de la acción penal o que suspenda condicionalmente el proceso;
7. La que deniegue la conmutación en el caso de faltas o la suspensión condicional de ejecución de la pena; y
8. Las demás expresamente autorizadas por éste Código.

Solamente se suspenderá la ejecución de las resoluciones apeladas en el caso a que se refiere el numeral 7), y en los demás que determine el presente Código.

La interposición del recurso no suspenderá la continuación del procedimiento, salvo en los casos en que por su propia naturaleza no pueda o no deba proseguirse.

Interposición y trámite de la apelación. Para ejercitar el recurso de apelación, no será necesario haber intentado la reposición del acto contra el que se reclama, pero si se hace uso de los dos recursos, la apelación se interpondrá en forma subsidiaria al de la reposición.

La apelación se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la respectiva notificación, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, ante el juez que dictó la resolución que se impugna, mediante escrito en el que se expresarán los correspondientes agravios.

En el auto de admisión del recurso se concederá a la otra parte el término de tres (3) días hábiles para que conteste los agravios. Al día hábil siguiente a la última notificación del auto en que se tengan por contestados los agravios, se remitirán los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva y se emplazará a las partes, a efecto de que se personen ante dicho tribunal, conforme a las reglas siguientes:

1. Si el juzgado tiene su asiento en el mismo lugar que la Corte de Apelacionesdentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva notificación; y
2. Si el juzgado tiene su asiento en lugar distinto, al plazo anterior se agregará el término que corresponda a la distancia.

Prueba en segunda instancia. Solo podrá admitirse prueba en segunda instancia, cuando:

1. Haya sido indebidamente rechazada en primera instancia; 
2. No hubiere podido practicarse en primera instancia por cualquier causa no imputable a quien la propone; y 
3. Haya ocurrido algún hecho nuevo después de dictada la resolución recurrida; o 
4. El apelante haya tenido conocimiento de hechos de influencia en el pleito, después de esa resolución. 

El recibimiento a pruebas sólo podrá proponerse en el escrito de expresión o de contestación de agravios.

Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:

1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria;
2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el TíIIuIo IV del Libro Segundo de éste Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo;
3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;
4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena;
5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público;
6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de la partes, según el artículo 337; y
7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia, salvo en los casos previstos en el artículo 145.

Forma y plazo. El recurso de casación deberá ser interpuesto dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de la última notificación, mediante escrito fundamentado, ante el tribunal que dictó la sentencia impugnada.

El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo. Con posterioridad a la interposición, no podrá invocar otro distinto.

En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considerare infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende; y tratándose de la casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisaexponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos. Recibido el escrito de formalización del recurso, se concederá el término de diez (10) días hábiles a la parte recurrida, a efecto de que pueda pronunciarse sobre el contenido del mismo.

Remisión de antecedentes y emplazamiento. Cumplido lo prescrito en el artículo anterior, el Tribunal de Sentencia que dictó el fallo impugnado, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia después de haber emplazado a las partes para que se personen ante ese tribunal, dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación.

La audiencia de casación oral a la que se refieren los tres artículos siguientes de éste Código, solamente se celebrará cuando expresamente lo soliciten todas las partes en el escrito de interposición o en el pronunciamiento que sobre el contenido del mismo hayan efectuado oportunamente, siempre y cuando la pena impuesta o eventualmente a imponer sea superior a los ocho (8) años; cuando la Sala, de oficio o a instancia de parte, estime necesaria su celebración, o cuando el recurrente haga uso de la facultad concedida por el artículo 368.

Reforma

*Reformado mediante Decreto No.74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta No.33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Desistimiento tácito. Si en el período de emplazamiento no comparece el recurrente o no asiste a la audiencia señalada, la Corte Suprema de Justicia deberá declarar desierto el recurso y devolver las actuaciones.

Reforma

*Reformado mediante Decreto No.74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta No.33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Preparación de la audiencia y plazo dentro del que debe celebrarse. Recibidas las actuaciones, personado el recurrente y vencido el término del emplaza- miento, la Corte Suprema de Justicia señalará audiencia cuando ésta procediere, misma que deberá celebrarse dentro de un término no menor de diez (10) días hábiles ni mayor de veinte (20) días, en el que las partes podrán defender sus respectivas posiciones en el recurso.

Reforma

*Reformado mediante Decreto No.74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en La Gaceta No.33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013.

Derogado

Derogado

Derogado

Derogado

Derogado

Derogado

Derogado

Derogado

Reforma

*Articulos 373 al 380 Derogados por la Ley Sobre Justicia Constitucional Decreto 244-2003, publicado en La Gaceta No.30,792 de fecha 3 de Septiembre de 2005.

Atribuciones de los Jueces de Ejecución. Corresponde especialmente al Juez de Ejecución, en relación con el cumplimiento de las penas privativas de libertad:

1. Adoptar todas las decisiones necesarias para que se cumplan los pronunciamientos contenidos en las resoluciones de los tribunales sentenciadores, en relación con las penas privativas de libertad;
2. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan;
3. Resolver las reclamaciones que formulen los reclusos en caso de denegación del disfrute de beneficios penitenciarios, por las autoridades del respectivo establecimiento penal;
4. Resolver las reclamaciones que formulen los reclusos sobre sanciones disciplinarias;
5. Resolver con base en los estudios de los equipos técnicos de los establecimientos penales, las reclamaciones de los reclusos contra las decisiones referentes a clasificación inicial y a progresiones y regresiones de período de tratamiento; y
6. Acordar lo que proceda, sobre las quejas que formulen los internos en los establecimientos penales, en relación con el régimen y funcionamiento de los mismos, y con el trato que los reclamantes reciban, en cuanto resulten afectados sus derechos fundamentales o sus derechos y beneficios penitenciarios.

El Juez de Ejecución y las costas. Imputación de pagos. El Juez de Ejecución tramitará, de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Civil, la tasación de las costas impuestas y los demás gastos a que se refiere el Código Penal. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades de naturaleza económica, se imputarán, por el orden siguiente:

1. A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios; 
2. A las costas procesales y personales; 
3. A los gastos ocasionados por el juicio; y 
4. A la multa

Elaboración y contenido del acta del acuerdo de colaboración. Culminados los actos de investigación que corroboren la información proporcionada, el Ministerio Público, en los casos que considere procedente, solicitará al juez de Ejecución competente, la concesión del Beneficio Premial establecido en el Código Penal, el cual debe contener lo siguiente:

1. El beneficio otorgado, especificando la rebaja concreta conforme a la pena impuesta; 
2. La información proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado dicha información; 
3. En caso de ser necesario, las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador; 
4. El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal; en el entendido que ello no constituye una restricción al derecho de no declarar contra si mismo; y 
5. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada.

Obligaciones a imponer al colaborador eficaz. Cuando se conceda el Beneficio Premial conforme al Código Penal, se impondrá al beneficiado una o varias de las obligaciones siguientes:

1. Presentarse periódicamente ante las autoridades competentes; 
2. Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de acuerdo a su capacidad económica; 
3. No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas; 
4. Prohibición de portar armas de fuego; 
5. En caso de ser necesario, adoptar identidad distinta que permita una mejor colaboración; 
6. No salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial.55

Casos en que procede el procedimiento abreviado. Salvo el caso de reincidencia, a solicitud conjunta del Ministerio Público y del imputado, se seguirá el procedimiento abreviado para la investigación y sanción de toda clase de delitos de acción pública, si concurren los requisitos siguientes:

1. Que la solicitud se formule en la audiencia inicial o en cualquier otro momento, antes de que se emita el auto de apertura a juicio;
2. Que el imputado, en la correspondiente solicitud, admita incondicionalmente su participación en el hecho que se le atribuye y manifieste su acuerdo con la aplicación del mencionado procedimiento;
3. Que el fiscal que participa en la solicitud, haya obtenido la autorización de su superior jerárquico, la que solamente procederá cuando no existan dudas, según las investigaciones practicadas por el Ministerio Público, sobre:
4. a) La veracidad de la confesión hecha por el imputado; b) Que el imputado no trata de desfigurar los hechos o de transformar el delito en uno menos grave; y c) Que el imputado no trate de sustituir al verdadero culpable. 
5. Que el defensor dé fe que el imputado ha sido debidamente instruido sobre el sentido y alcances del procedimiento abreviado. El respectivo escrito tendrá el carácter de documento público.

A la solicitud a que se refiere el párrafo primero, se acompañarán las pruebas de que se han llenado los requisitos exigidos en los numerales 3) y 4) precedentes. Cuando sean varios los imputados, la aceptación del procedimiento abreviado por parte de cualquiera de ellos, no se extenderá a los demás ni prejuzgará su culpabilidad.

Inadmisibilidad de la querella. La querella será declarada sin lugar de plano cuando:

1. Notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito; 
2. No se pueda proceder porque la acción ha prescrito o por otra causa legal; y
3. Le falte a la querella alguno de los requisitos exigidos por éste Código. 

Si las deficiencias fueran puramente formales, se pondrán en conocimiento del interesadoquien podrá enmendarlas en presencia del respectivo secretario. En caso contrario, se le devolverá el escrito y las copias acompañadas, más certificación de la resolución recaída.

Desistimiento tácito de la acción privada. Se tendrá por desistida la acción privada:

1. Si el procedimiento se paraliza durante tres (3) meses por inactividad del querellante; 
2. Cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación o al juicio oral y público, a menos que la no comparecencia se haya debido a enfermedad graveimposibilidad física, grave calamidad doméstica u otras causas análogas. El impedimento deberá ser acreditado a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha señalada para la celebración de la audiencia; y 
3. Si fallece el querellante o se torna incapaz y no comparece ninguno de sus herederos o su representante legal a proseguir la acción, tres (3) meses después de sobrevenida la muerte o la incapacidad.

Lo dispuesto en el artículo 412 será aplicable a la materia a que se refiere la presente disposición

Contenido de la demanda. La demanda deberá contener:

1. Los datos de identidad de la persona demandante, y en su caso, de su apoderado legal, y su domicilio; 
2. La identidad de la persona o personas a quienes se demande, y el respectivo domicilio donde deban ser citadas; 
3. El fundamento de derecho que invoca; 
4. La expresión concreta de la restitución, reparación o indemnización que pretende determinando individualizadamente la cuantía correspondiente a las distintas partidas resarcitorias; y
5. Las pruebas que hayan de practicarse para acreditar los daños y perjuicios alegados y su relación de causalidad con el hecho ilícito. 

La demanda estará acompañada de una copia autenticada de la sentencia condenatoria.

Por desconocimiento de los datos de identificación del demandado o si se ignora el contenido del contrato por el cual debe responder un tercero, el demandante podrá solicitar al juez diligencias previas, a fin de preparar la demanda.

Admisibilidad. El juez examinará la demanda y si falta alguno de los requisitos formales establecidos en el artículo anterior, intimará al demandante para que los corrija dentro del plazo de cinco (5) días.

Vencido el plazo sin que el requerido proceda a la corrección, se rechazará la demanda.

El rechazo de la demanda por motivos formales será apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva. Si el recurso fuere desestimado, la parte demandante sólo podrá reproducir su reclamación por la vía ordinaria.

Si el juez considera formalmente admisible la demanda, ordenará practicar las pruebas propuestas por la parte demandante dentro del plazo de quince (15) días hábiles prorrogable motivadamente a veinte (20) días igualmente hábiles. Practicada, en su caso, la prueba propuesta, el juez dictará auto motivado, apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Orden Provisional de Restitución, Reparación o Indemnización. Admitida la demanda, el juez dictará resolución motivada ordenando provisionalmente la restitución, reparación o indemnización conforme a lo solicitado.

La resolución contendrá:

1. La identidad y domicilio del demandante, y en su caso, de su apoderado; 
2. La identidad y domicilio de demandado. 
3. La orden de restituir, reparar los daños materiales o morales o indemnizar los per- juicios, con su descripción concreta y detallada, y su importe exacto; y 
4. La orden de embargar bienes suficientes para responder de la restituciónreparación o indemnización y las costas, o cualquier otra medida cautelar de carácter real. 

Si las medidas adoptadas implicaren desplazamiento de bienes de la persona ejecutadael ejecutante prestará caución en garantía del resultado definitivo de la ejecución en trámite.

Si los bienes embargados quedasen en posesión de su titular, se advertirá a éste que incurrirá en responsabilidad por alzamiento de bienes, de conformidad con lo previsto en el Código Penal, en caso de su enajenación o gravamen, si no media previa autorización judicial.

En la misma resolución el juez emplazará a la persona demandada para que dentro de diez (10) días pueda objetar la resolución.

En lo no previsto en éste artículo, y en cuanto al aseguramiento de bienes en garantía de la responsabilidad civil derivada de la infracción penal, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil.

Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo.

En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes:

1. Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas;
2. Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y
3. Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización.

En estos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código.

Creación y organización de órganos jurisdiccionales. El Congreso de la República, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, creará los Tribunales de Sentencia y los Juzgados de Ejecución que considere necesarios, para el debido cumplimiento de lo prescrito en el presente Código.

La Corte Suprema de Justicia, en el correspondiente instructivo, determinará los auxiliares judiciales y los funcionarios y empleados administrativos, que formarán parte de los distintos órganos jurisdiccionales de lo penal, así como la forma en que se asignarán los juicios y la integración de los Tribunales de Sentencia.