La presente Ley es de orden público e interés social, teniendo por objeto:

1. Garantizar el goce y el ejercicio del derecho de libertad de asociación, consagrados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales vigentes por Honduras, para que las personas puedan agruparse en Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD); 
2. Fomentar la seguridad jurídica de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que permita potencializar plenamente sus actividades; y,
3. Establecer los derechos y obligaciones de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD);

Las organizaciones de sociedad civil sometidas a la presente Ley son las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, sean éstas fundaciones o asociaciones, sin fines de lucro que reúnan las características definidas en la presente Ley.

Se excluyen del ámbito de esta Ley: los partidos políticos, las iglesias, sectas, las cooperativas, los patronatos, los sindicatos, los colegios profesionales, las empresas asociativas que formen parte del Sector Social de la Economía (SSE), las organizaciones gremialistas y las demás que no respondan a lo dispuesto en la presente Ley o sujetas a regulación especial.

La naturaleza jurídica de las ONGD tiene las características siguientes:

1. Sin fines de lucro;
2. Constituidas por personas jurídicas de primero, segundo o tercer grado;
3. Con presencia local, nacional o internacional;
4. Actuar con respeto a la Constitución de la República y demás leyes del país;
5. Gozar de autonomía en el manejo de sus actividades y recursos sin más limitaciones que las establecidas por esta Ley y sus estatutos;
6. Actuar con sujeción a los principios de la democracia participativa en el sentido interno, así como en temas de transparencia y rendición de cuentas frente a sus miembros yala población en general; asimismo cuando perciban y manejen bienes o fondos públicos, deben rendir cuentas ante el órgano competente de conformidad a lo establecido en el Artículo3, inciso 4), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
7. Que promuevan el desarrollo económico, social, cultural, ambiental, en la defensa de los derechos humanos, o cualquier otro tema vinculado al desarrollo del país, en el marco de la legislación nacional pertinente dentro del marco del desarrollo social.

Las ONGD podrán ser:

NACIONALES: Una vez que se haya constituido en la forma establecida por esta Ley y se haya procedido a su inscripción correspondiente a partir de la cual se entenderá otorgada la personalidad jurídica.

INTERNACIONALES: Cuando se hayan organizado y constituido en el extranjero, según las leyes aplicables en el lugar de su constitución y a quienes el Estado de Honduras les reconozca su incorporación, a fin de poder operar en el territorio hondureño por medio de una oficina de representación, respetando sus estatutos y órganos directivos de origen y exigiendo el nombramiento de un representante legal en el país.

Para su creación las ONGD nacionales deben cumplir los requisitos siguientes:

1. Cuando se trate de fundaciones, él, (la) o los fundadores deben constituirla en escritura pública, en la que se incorporarán los estatutos;
2. Cuando se trate de asociaciones, se procederá a lo siguiente: a) Constituirse con un número mínimo de siete (7) miembros fundadores; b) Su constitución se llevará a cabo en una Asamblea cuya celebración deberá constar en el “Acta de Constitución”; y, c) Aprobar sus estatutos en asamblea general.
3. Solicitar ante el Poder Ejecutivo y obtener su personalidad jurídica, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Interior y Población.

Las ONGD Internacionales que deseen iniciar operaciones en Honduras podrán hacerlo a través de una oficina de representación, en actividades similares a las autorizadas en su país de origen, solicitando su incorporación ante la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.

Éstas se regirán en cuanto a su organización y funcionamiento según la ley aplicable en el lugar de su constitución, sin perjuicio que su operación local, así como sus funcionarios locales y extranjeros, estén sometidos a las leyes hondureñas.

Las ONGD Internacionales que soliciten su incorporación a efecto de poder operar en Honduras, deberán cumplir los requisitos siguientes:

1. Acompañar el documento que acredite su Personalidad Jurídica;
2. Acreditar que están legalmente autorizadas para operar en el Estado de origen, acompañando certificación del documento respectivo;
3. Presentar certificación de Estatutos;
4. Acompañar certificación del acto de nombramiento del órgano de gobierno según sus Estatutos;
5. Presentar un Estado Financiero del año en curso y de su patrimonio; y,
6. Acreditar el nombramiento de su representante en el país, el cual pudieraser nacional o extranjero residente.

Todos los documentos exigidos deberán presentarse debidamente legalizados o apostillados y con la traducción oficial cuando se trate de idioma diferente al Español. En caso de ser copias deberán ser debidamente autenticadas.

En caso de no requerir oficina de representación en el país de acuerdo con sus fines y propósitos establecidos podrán suscribir convenios y acuerdos con otras ONGD o con entidades públicas y privadas del país, a efecto de estrechar lazos de colaboración y/o apoyos puntuales en el país y facilitar el cumplimiento de sus objetivos compartidos. En este caso las ONGD Internacionales ejecutarán sus actividades a través de la Entidad con la cual suscribieron el convenio y/o acuerdo, sin necesidad de incorporación, observándose para ello las disposiciones legales vigentes en el país atinente a las materias, a lo que se refieren tales convenios y acuerdos, mismos que deberán ser remitidos en copia, por la entidad nacional a la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población para su respectivo registro.

Toda ONGD nacional o internacional que se le incorpore, por parte de la autoridad competente, será inscrita en el órgano correspondiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, como requisito indispensable para operar en el país.

La Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población otorgará y/o reconocerá la personalidad jurídica o incorporará en su caso, habiéndose cumplido los requisitos contenidos en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente Ley y podrá denegarle sólo en los casos siguientes:

1. Incumplimiento de los requisitos de los Artículos 6, 7, 8 y 9;
2. Si los estatutos y/o reglamentos contiene disposiciones violatorios a la Constitución y demás leyes del país; y,
3. Si la organización intentara registrarse bajo el nombre y logo de otra entidad ya registrada.

Las ONGD nacionales tendrán la organización mínima siguiente:

1. Asamblea General de miembros o su órgano de gobierno equivalente;
2. Junta Directiva o su equivalente; y,
3. Órgano de fiscalización o vigilancia y/o ejecutivos, conforme con sus estatutos.

El o los titulares del órgano o responsable de dirección y fiscalización o vigilancia, serán electos de acuerdo a lo establecido en sus Estatutos.

El nombre o denominación de cada ONGD será determinado libremente por sus miembros interesados. No se podrá usar el nombre o denominación, siglas y simbología de otra organización debidamente inscrita en el Registro correspondiente, ni otros que puedan llevar a confusión sobre su naturaleza o que las leyes especiales reserven a determinadas personas jurídicas.

El domicilio de cada ONGD será el que señalen sus Estatutos, sin perjuicio de desarrollar sus actividades en todo el territorio nacional o en el extranjero.

Las ONGD serán sujetos de derechos y contraer obligaciones, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución de la República, esta Ley, su Reglamentoy sus estatutos.

Pueden ejercer las acciones que procedan ante los Tribunales de la República, incluidos los arbitrales.

Ejercerá la capacidad legal y comparecerá quien determina los Estatutos, ostente la representación legal de la ONGD o aquel en quien éste hubiere delegado conforme a los mismos.

El patrimonio de las ONGD podrá estar constituido por:

1. Las aportaciones de sus miembros;
2. Los bienes que adquiera;
3. Donaciones nacionales e internacionales;
4. Herencias y legados;
5. Recursos generados por inversiones realizadas y los ingresos por la prestación de bienes y servicios necesarias para su auto sostenibilidad; y,
6. Ingresos derivados de las actividades económicas realizadas como medio para lograr sus fines.

Toda ONGD velará porque los bienes y recursos de su patrimonio, no provengan de Lavado de Activos o cualesquiera otra actividad ilícita, circunstancia que podrá ser constatada por el ente regulador o fiscalizador del Estado, de acuerdo a los límites apropiados que reconoce el derecho nacional e internacional a las personas jurídicas.

El patrimonio de las ONGD corresponde únicamente a la organización; inclusive, sus créditos y deudas.

Nadie puede disponer para uso personal, de los bienes o recursos que formen parte del patrimonio de cualquier ONGD para uso personal.

Sobre los bienes y derechos que constituyan el patrimonio de las ONGD, no podrán constituirse gravámenes de ningún tipo sin que medie autorización del órgano que según sus estatutos tenga con competencia para ello.

Los fondos que cualquier entidad del Estado destine a una ONGD, que están adscritas al SIAFI, serán fiscalizados por la Secretaría de Estado del Interior y Población, sin perjuicio de la facultad que corresponde a los órganos contralores del Estado para su verificación, según la finalidad para la que fueron otorgados.

Las ONGD, dentro del ejercicio de sus actividades y persiguiendo los fines para los cuales se constituyen, pueden brindar y ofrecer al público bienes y servicios.

Los excedentes obtenidos en estas actividades deben ser aplicados por las ONGD exclusivamente al cumplimiento de sus fines sociales.

Las operaciones referidas anteriormente deben ceñirse a las leyes aplicables en materia financiera y administrativa.

Los directivos y administradores de las ONGD no podrán participar en las deliberaciones ni en las votaciones o decisiones de asuntos que sean de su interés personal o de sus socios comerciales o profesionales, sus cónyuges, sus compañeros o compañeras de hogar, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Será nula la decisión que se adopte en violación a esta disposición, cuando se favorezca al solicitante, los infractores deberán resarcir a la organización por los daños y perjuicios que a ésta causaren.

Cuando los miembros de las ONGD tomaren decisiones que violenten esta Ley, sus estatutos, o su reglamento, serán sancionados en sujeción a lo establecido en las leyes nacionales aplicables al caso concreto.

En todo caso, se respetarán las garantías del debido proceso.

Las ONGD no podrán:

1. Distribuir excedentes de cualquier naturaleza entre sus miembros o aportantes;
2. Pagar salarios u honorarios a los socios o miembros de sus órganos de gobierno, valiéndose de su condición como tal;
3. Nombrar como directores generales, gerentes generales y/o administradores generales, a quienes sean cónyuge o compañeros(as) de hogar, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los miembros de la Junta Directiva;
4. Autorizar la utilización de activos y recursos recibidos bajo cualquier título para beneficiar, directa o indirectamente, a sus directivos, miembros o empleados (as) y a los cónyuges, compañeros o compañeras de hogar de éstos, o sus parientes, salvo que sean beneficiarios de los programas o proyectos de la ONGD respectiva; 
5. Distribuir los recursos o los bienes entre sus miembros directivos o empleados (as), en ocasión de la disolución y liquidación; y, 
6. Colocar a nombre de los directivos, miembros o empleados (as), bienes o recursos de la ONGD.

Los Directivos y demás Representantes de las ONGD que violaren lo dispuesto en el Artículo anterior, previa comprobación del hecho por el órgano competente, vacarán en sus cargos de pleno derecho y perderán de inmediato su membresía, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde conforme a Derecho.

La personalidad jurídica o la incorporación de las ONGD, según el caso, se suspenderá o se cancelará, según la gravedad del incumplimiento, en los casos siguientes:

1. Cuando la organización tenga una membresía inferior al número mínimo de miembros exigido por el órgano máximo de gobierno, tal como lo establece el numeral 1) del Artículo 6 de esta Ley;
2. Cuando una ONGD incumpla con los informes anuales y Estados Financieros que deben presentar a la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población por un período de dos (2) años consecutivos o más; y,
3. Cuando los representantes legales de las ONGD realicen en nombre y por cuenta de las ONGD, acciones u omisiones tipificadas como delito en la legislación nacional siempre y cuando se compruebe que la acción se derivó de instrucciones y/o decisiones del órgano de gobierno competente para ello, según los estatutos de cada organización y se haya declarado su responsabilidad por tribunal competente. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal y otras leyes respecto de la responsabilidad legal.

Cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el Artículo anterior, la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, de oficio o a instancia de parte, dictará resolución ordenando la suspensión o cancelación de la Personalidad Jurídica y la correspondiente inscripción enel registro, según lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Una vez firme la resolución administrativa que resuelva la suspensión o cancelación, según el caso de la respectiva ONGD y agotada que sea la vía administrativa, ésta podrá concurrir a la instancia judicial competente. 

La sanción de suspensión o cancelación obedecerá a la gravedad de la falta.

La cancelación de la personalidad jurídica dará lugar a la disolución forzosa, siguiendo para ello lo establecido en sus estatutos.

Las ONGD pueden fusionarse. Las asociativas, por voluntad de sus miembros y las fundacionales, mediante absorción.

Créase La Comisión de Enlace con el Estado, cuya finalidad será facilitar la coordinación entre las Instituciones del Estado y las ONGD. La Comisión de Enlace estará conformada por cuatro (4) representantes del sector público y cuatro (4) de las ONGD.

La Comisión de Enlace está integrada por:

1. El Secretario(a) de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, o su representante, quien la preside;
2. El Secretario de Estado en el Despacho de Planificación y Cooperación Externa o su representante;
3. El Secretario de Estado en el Despacho del Interior y Población o su representante;
4. El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas o su representante.
5. Cuatro (4) representantes propietarios o sus respectivos suplentes de las ONGD; y,

La elección de los representantes de las ONGD se efectuará en una asamblea convocada para ese efecto por la Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población.

Los Miembros a las que se refiere el numeral 5) durarán en sus funciones dos (2) años.

La Comisión de Enlace se reunirá cada cuatro (4) meses para evaluar la coordinación entre el Sector Público y ONGD, definir las áreas de coordinación y temática en que participarán en el desarrollo del país.

El Reglamento de esta Ley será emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, dentro de los seis (6) meses posteriores a su entrada en vigencia, procurando su discusión y consenso con las diferentes ONGD.

Las ONGD nacionales e internacionales que operan en el país, deben regularizar sus operaciones y adecuar sus estatutos a lo estipulado en esta Ley, en los casos que proceda; en el término de un (1) año a partir de la vigencia de la presente Ley.

La presente Ley entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cinco días del mes de abril de dos mil once.